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A pocos días de cumplirse 39 años del golpe de estado que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976, se dieron a conocer una serie de fallos referidos a causas judiciales centradas en la participación de empresarios en delitos de lesa humanidad (relativas a Ledesma, Papel Prensa, La Nueva Provincia), lo cual reabrió un debate sobre este tema y su importancia en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Cabe en este contexto detenerse a reflexionar sobre esta línea de investigación, trabajo y judicialización del papel de sectores empresarios en los delitos de lesa humanidad durante la dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que lejos de ser un tema nuevo, tiene sus raíces décadas atrás y se ha nutrido de un proceso de acumulación de experiencias y conocimiento tanto en lo que se refiere a investigación académica como a desarrollos jurídicos.

Como lo recuerdan los investigadores del CELS en su texto “La trayectoria de la cuestión civil en el proceso de justicia argentino” (que será publicado en el próximo informe anual), el registro de la participación de empresarios en la represión a los trabajadores se encontraba ya presente en el trabajo la CONADEP y el Informe Nunca Más y en el Juicio a las Juntas. En el Nunca más no sólo se destacó la importancia de la pertenencia ala clase obrera de muchas de las víctimas, sino que se enfatizó la existencia de secuestros colectivos, y de detenciones que se daban dentro de los propios lugares de trabajo: astilleros, fábricas, ingenios azucareros, entre otros, incluyendo testimonios de sobrevivientes que afirmaban que muchas empresas habían actualizado los legajos de personal y brindado a las fuerzas represivas datos personales, fotografías y listados con los militantes y delegados sindicales que luego habían sido desaparecidos. Algunos de los casos incluidos en el Nunca Más son los de los Astilleros Astarsa, el caso emblemático de la empresa siderúrgica Acindar en Villa Constitución (cuyo presidente hasta 1976 había sido José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado Ministro de Economía de la dictadura), la empresa de automóviles Ford, y el Ingenio Ledesma de Jujuy.

En vinculación con esto, el Juicio a las Juntas en 1985 se abrió con una referencia a la represión a sindicalistas y trabajadores, y a lo largo de todo el proceso muchas de las víctimas o de sus familiares refirieron a su pertenencia o la de su familiar a alguna agrupación gremial o sindical y a su convicción de que ese hecho había sido el causante del secuestro, con frecuentes menciones a las relaciones entre la política represiva de la dictadura, la pérdida de derechos laborales y las políticas económicas que transformaron la estructura económica argentina.

Incluso luego del freno que impusieron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos, el eje central de la represión a los trabajadores y de evidencias de participación de figuras empresariales en la violación a los derechos humanos estuvo presente en documentos como la presentación en 1998 llevada adelante por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) ante el juez Baltasar Garzón en España, entregando el fruto de un trabajo de investigación que identificaba a más de diez mil trabajadores desaparecidos. Este trabajo enfatizaba que la estructura represiva de las fuerzas armadas había tenido como un blanco central a activistas y militantes obreros que por decenas de miles y en forma organizada cuestionaban entonces el poder constituido, y que habían contado para ello con la colaboración de diversos sectores empresarios.

Los Juicios por la Verdad, que se iniciaron en la ciudad de La Plata en 1998, permitieron incorporar una gran cantidad de testimoniantes en diversas localidades del país que aportaron en sus testimonios nuevas pruebas de la centralidad de la represión a trabajadores y sindicalistas, y de distintas formas de participación de sectores empresarios en esta persecución. Esta trayectoria de denuncia, de lucha y acumulación de evidencia, contra viento y marea, fue central para permitir que, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieran varias causas relacionadas con la participación empresarial en la represión, cuatro de las cuales contaban, en diciembre de 2014 con empresarios imputados por delitos de lesa humanidad (involucrando a las empresas Ledesma, La Veloz del Norte, Ford y Minera El Aguilar).

Pero además el avance de este proceso trasciende el caso argentino y se vincula con una creciente preocupación a nivel internacional por incluir, en el campo de los derechos humanos, dimensiones que hasta las últimas décadas habían sido escasamente tratadas, como el papel de empresarios y empresas en delitos de lesa humanidad, y sin las cuales resulta imposible llegar al corazón de estos procesos.

El campo de la justicia transicional estuvo marcado en sus orígenes por un fuerte énfasis en los actores estatales, especialmente en los líderes políticos y militares y las fuerzas de seguridad. Como sostiene Naomi Roht Arriaza en el libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo  Bohoslavsky) aunque en una primera etapa fue política y jurídicamente necesario mantener el foco sobre el Estado dejando en un segundo plano a otros actores, en particular los económicos, esta tendencia está cambiando, y existe un nuevo enfoque sobre los actores privados, en especial las corporaciones y los bancos. Un hito relevante en este sentido fue el trabajo del relator especial de las Naciones Unidas, John Ruggie, para crear un marco y guías sobre la materia, que llevó a la formación de un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa en el Consejo de Derechos Humanos.

Otro paso fundamental en este sentido fue la creación por parte de la Comisión Internacional de Juristas de un Foro de Expertos Jurídicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, que publicó en 2009 un informe sobre complicidad empresarial y responsabilidad legal, con el objetivo de abordar lo que consideran un tema de enorme gravedad e impacto, como la participación de empresarios en violaciones a los derechos humanos. Este informe recoge una serie de experiencias históricas que muestran la enorme relevancia de analizar el papel de estos actores económicos en el desarrollo de violaciones a los derechos humanos desde Nuremberg en adelante, e interpela directamente al caso argentino ubicándolo al mismo tiempo en un marco de análisis mucho más amplio.

En suma, los avances en el tema de la participación de empresarios en las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura argentina, lejos de ser un tópico nuevo, son producto de un proceso de construcción de décadas en el campo de la justicia, no sólo en nuestro país sino en el mundo, el cual se forjó en permanente diálogo con una rica y diversa producción académica que enfatizó la necesidad de cruzar los análisis económicos, sociales y políticos para dar cuenta de los procesos históricos en su complejidad. Esta línea discutió muy fuertemente las visiones y explicaciones centradas principal o exclusivamente en dimensiones políticas (como la confrontación entre fuerzas armadas y organizaciones político-militares), para profundizar en el análisis de las transformaciones económicas y sociales y dejar al descubierto la conexión entre fuerzas militares y elite económica y el papel de la confrontación entre el capital y el trabajo, en el corazón de las disputas económicas, políticas y sociales.

Tanto en el país como a nivel internacional quedan claras las enormes dificultades que trae aparejado poner el foco en sujetos sociales situados en la cima del poder económico y social, y con fuertes conexiones con el poder político. Pero sólo incorporando estas dimensiones e identificando estas tramas de responsabilidad podemos comprender el proceso histórico que culminó en el desarrollo del estado terrorista en nuestro país, penalizar los crímenes cometidos, dar cierta reparación a las víctimas y sus familias, comprender las relaciones entre ese pasado y nuestro presente y construir un futuro más justo. Esto es, nada más y nada menos, lo que se pone en juego con el avance o retroceso de estas líneas de trabajo y judicialización.