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Hace unos días, mientras intentaba armar el rompecabezas de las causas judiciales más candentes sobre lavado de dinero, le consulté a un funcionario de tribunales qué iba a pasar con la antigua asistente de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, después que habló en televisión sobre el traslado de supuestos bolsos con dinero hacia Santa Cruz. Su relato ante las cámaras había derivado en que se abriera una más entre el reguero de investigaciones penales del momento.

“Estamos analizando lo que ya dijo en sede judicial”, contestó con aire formal en alusión a otro expediente viejo donde le tomaron declaración por si tenía algo que aportar. “Pero también tenemos que ver bien lo que dijo en sede periodística”, completó la idea. Sí, sí, el funcionario judicial dijo “sede periodística”, refiriéndose al programa televisivo donde la mujer había estado, equiparándolo en un lapsus asombroso con un tribunal más. “Es una forma de decir”, quiso excusarse al advertir lo que estaba diciendo.

 Varios despachos de los tribunales federales están “tomados” por causas, causitas, denuncias y toda clase de presentaciones  generadas alrededor de las dudas sobre la licitud de la fortuna y los negocios del empresario Lázaro Báez y la posibilidad de que haya sacado dinero del país. No está nada mal que se investigue todo eso. Ni que una investigación periodística pueda ser el disparador. Pero es ostensible que algo falla si los propios agentes del sistema de justicia empiezan a “confundir” el juicio penal real, del que les toca participar, con el juicio mediático, al que inicialmente asisten como espectadores y de pronto esperan que sea su principal proveedor de evidencias.

Eso los empieza a convertir en partícipes –o los pone en de riesgo de serlo—de la campaña corrosiva, con impronta política, producto de ese juicio que transcurre en la pantalla de televisión y en la tapa de los diarios, donde las pruebas que construyen el show no siempre tienen que ver con las que se producen en los tribunales verdaderos pero guardan esa tentadora promesa de éxito popular propia del mercado del entretenimiento.  

 Bastó que dos personajes farandulescos aparecieran en la pantalla chica contando cómo lograron hacer viajar 55 millones de euros a algún paraíso fiscal, para que al día siguiente aparecieran abogados mediáticos y dirigentes de la oposición haciendo cola en el infierno de los tribunales porteños. Allanamiento ya, pedían, pese a que con tanta denuncia ellos mismos generaban demoras hasta definir un juez competente. No importa, era un buen motivo para quejarse y que en cuestión de días el tema tuviera un lugar, grande o chico, en todos los medios. Lo que facilitaba a la vez que, ante cada nuevo flash, algún legislador o denunciante experto saliera a gritarles a fiscales y jueces cuál era el paso siguiente. En tribunales, todo el mundo sabe que  –ya sea por fiaca, saña, convicción o afinidad— siempre hay alguien bien dispuesto a hacerse eco.  

En la mezcolanza del juicio penal y mediático, lo que quedó para el gran público de la declaración de la ex secretaria de Néstor fue que él incitaba a sus empresarios amigos a que “compren medios”. De bolsas con dinero, nada. También quedó que Báez tiene una chacra, y una supuesta bóveda, que supuestamente desarmó apenas estalló el escándalo. Y había fotos, sobre las que el hombre que supuestamente las tomó declaró que nunca sacó y que jamás estuvo en las chacras, quintas y propiedades similares de Báez. Ergo, que no tuvo nada que ver con el desmantelamiento de la supuesta caja de seguridad.

O sea, sabemos poco todavía de la real realidad o lo que queda de ella. Sabemos que hay muchos allanamientos, incluso anunciados con antelación (extraña estrategia para asegurar su éxito), lo que explicaría sus pobres resultados. Sabemos que al dúo farandulesco lo llamaron a indagatoria por millonarias operaciones injustificables con sus bienes e ingresos declarados. Que la información que los compromete la aportó una Procuraduría especializada, la Procelac. Que esa unidad con nombre de remedio le cae mal al fiscal de la causa, que la denunció, igual que a sus titulares por no ser fiscales concursados y a la jefa de todos los fiscales, la Procuradora Alejandra Gils Carbó, que es su propia jefa. Sabemos que a muchos fiscales de la vieja guardia noventista les cae pésimo que les desarmen sus nichos de poder.  ¿Será que se pelean por el dominio del espectáculo? ¿Por su señorío? ¿Por negocios? Habrá que ver, todavía no se entiende del todo.

También sabemos que hay reportes de operaciones millonarias atribuidas a Báez en el juzgado federal porteño. Pero que quien lo citó a indagatoria por ahora es una jueza de instrucción, del fuero ordinario, que investiga otra cosa, desde hacen meses, una estafa con la financiera de los buenos muchachos, a quienes asoció con Báez recién a partir de que irrumpieron en la televisión. El enigma que surge es hasta qué punto jueces y fiscales hacen lo que hacen o dejan de hacer por convicción o por el revuelo circundante.  

Podemos vislumbrar que la “independencia”, esa palabra que a veces en el Poder Judicial se menciona con tanto fanatismo, es tan volátil como relativa. Se habla de ella como algo deseable, loable, pero ajena a los funcionarios judiciales que deberían ejercerla. Como si solo dependiera de terceros. En medio de la discusión por el caso Clarín y la Ley de Medios, se acusaba al Poder Ejecutivo de impedir su ejercicio. Con el affaire que nos convoca se podrían sumar perfectamente la presión de los medios en tanto empresas así como la presión de la propia corporación judicial, donde en estos días vuelan como sopapos denuncias mutuas hasta de encubrimiento.

Un ejemplo extremo del abismo que puede haber entre el juicio que transcurre en los medios y el de tribunales se remonta a 2010, cuando los tribunales mediáticos afirmaban que en Venezuela había una “embajada paralela” y que se cobraba un 15 por ciento de coimas o comisiones para exportar maquinaria agrícola a la república bolivariana.  Esa teoría se sostenía en el relato del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, quien decía que otros le decían que se pagaban extras a través de una intermediaria. Sadous fue procesado la semana pasada por falso testimonio cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral concluyó que mentía, y que lo hacía a sabiendas.

El tema llegó a ocupar el título principal del diario Clarín por más de siete días corridos. “Una firma de Miami cobraba el 15 % en ventas a Venezuela”, empezó la seguidilla. Y siguió: “El intermediario de Miami llegaba al más alto nivel oficial”; “Se empezó a pagar el 15 % luego de un acuerdo con Chávez”; “Los negocios con Chávez siguen bajo control de De Vido”, y así sucesivamente.

No está claro aún cómo va a terminar el caso del año, que no es cualquier año sino uno electoral. Pero el alto nivel de permeabilidad que puede generar la sobredosis de tevé en quienes pueblan los despachos y tronos tribunalicios, al punto de confundir el tribunal de juicio, no deja de ser impactante.  A esta altura a nadie parece importarle mucho si alguien cometió un delito.

Es evidente, rescatable, que el periodismo puede hacer –y lo ha hecho muchas veces— grandes aportes a las causas judiciales.

Pero lo que está en juego ahora parece ser otra cosa, un mecanismo de fondo que se retroalimenta incluso desde los estrados judiciales, lo que el juez Raúl Zaffaroni llama “criminología mediática”, a través de la cual se propicia una suerte de sistema judicial paralelo, a menudo con rasgos de “antipolítica”, que genera situaciones de hostigamiento, y que sirve para “llevar a la opinión pública la impresión de que en la política y la función pública nadie está limpio, que todos son sucios”. Según el jurista, el “posible preludio de toda dictadura”.   

Volviendo  a Miriam Quiroga, para terminar mi conversación con el funcionario judicial le pregunté: ¿Tienen información sobre los vuelos donde se suponen que viajaban los bolsos con plata? La respuesta lo dijo todo: “Imaginate que si la tuviéramos ya hubiera salido en los medios”.