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Si bien la reestructuración de la deuda argentina alcanzó una aceptación del 92 por ciento sobre la deuda total, en noviembre de 2012 el juez Thomas Griesa dispuso que la Argentina debía pagar el 100 por ciento de la deuda que mantiene con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. Darle un trato preferencial a los acreedores que no ingresaron al canje, la mayoría en manos de fondos buitres, que adquirieron los bonos por un valor mucho menor, no sería justo para aquellos que aceptaron la reestructuración de buena fe y confiaron en el país. 

Con el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el juicio contra el Estado argentino se inicia una nueva instancia de negociación en la que a ambas partes les conviene alcanzar algún tipo de acuerdo.

Si bien se trata de una negociación difícil, los incentivos de todos los jugadores están puestos en un acuerdo. Para ello es necesario que las partes implicadas actúen con racionalidad. Si la única opción es pagar 15 mil millones de dólares al contado, el mejor negocio es no negociar, porque los costos superan a los beneficios. Llevar la negociación a una instancia en la que no haya ninguna alternativa es un resultado que no le conviene a nadie. En ese sentido, forzar un pago del cien por ciento al contado no es lógico ni razonable, porque no están dadas las condiciones.

El límite de la negociación para el Estado argentino se halla en la protección de la soberanía y la independencia, junto a la preservación de su capacidad de cumplir adecuadamente con sus funciones como Estado y proteger los derechos de los habitantes de la República. Cumplir "de cualquier manera" significaría no sólo condenarse a una nueva cesación de pagos generalizada sino también crear una carga insostenible para el Pueblo argentino.

El resultado de esta negociación tiene implicancias que exceden a nuestro país. Lo que se discute es cómo se va a administrar de ahora en adelante una reestructuración soberana. Por ello ya han expresado su preocupación diferentes actores y naciones así como organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Si esta negociación no llegara a “buen puerto”, podría haber importantes consecuencias en Estados Unidos, en cuanto al uso de esa plaza para la colocación de bonos en las reestructuraciones de deuda.