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La sanción de la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, y su inminente puesta en funcionamiento, generó, como era de esperar, algunas reacciones que, con mayor o menor énfasis, cuestionan la viabilidad de este sistema de enjuiciamiento.

Tal el caso de la nota publicada por el diario La Nación del 23 de septiembre, titulada “Dudas en los tribunales por la instrumentación del juicio por jurados en Buenos Aires”, donde se plantean una serie de interrogantes: ¿asumirán los ciudadanos la nueva carga cívica de ser jurados? ¿temerán venganzas de los delincuentes a los que condenen? ¿aceptarán estar lejos de su actividad económica y sus familias? ¿cómo les retribuirá el Estado?

En esa sintonía, el juez Claudio Bernard sostuvo: "En la práctica van a ser muy pocos los juicios por jurados; todavía se les tiene miedo. El mayor impedimento va a ser el económico. Si no fuera optativo para los acusados, el nuevo sistema colapsaría. No hay presupuesto que alcance".

El también juez Juan Carlos Bruni dice que: "Me resulta difícil pensar cómo lo van a instrumentar. Veo un primer problema por el lado de los jurados: no resulta fácil mantener un jurado de doce personas separadas de su actividad económica y de sus familias durante los dos o tres meses que puede durar un debate, con jornadas de 10 o 12 horas".

La polémica planteada forma parte de un saludable debate que debe realizar la sociedad y que, ciertamente, es probable que no tenga fin, ya que como ocurre en otros lugares del mundo donde funciona el juicio por jurados, difícilmente lograremos ponernos de acuerdo desde distintas cosmovisiones del mundo y de concebir el funcionamiento de las instituciones.

Lo primero que quiero decir (reiterar) es que nadie en su sano juicio puede postular al juradismo como la panacea universal que mágicamente vendrá a resolver los problemas del Poder Judicial. Nada de eso. Como cualquier sistema humano se encuentra expuesto a errores, a vicisitudes y a contingencias. Eso no se niega. Pero no es el punto. El punto consiste en dotar a un sistema brutal (el sistema penal lo es) de mayores grados de legitimidad en su aplicación que el que ofrecemos desde la burocracia judicial.

En esta ocasión deseo detenerme en dos de los cuestionamientos al juicio por jurados, con el propósito de contribuir al debate a que hacíamos alusión: el costo de los jurados y el descompromiso ciudadano para integrarlo.

El costo del juicio por jurados

Un reciente estudio del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, informa que evaluado el funcionamiento de los jurados en esa jurisdicción desde 2005 a 2012, se concluyó que cada sentencia con ese sistema de enjuiciamiento costó al erario público la suma de $ 20.840.

Francamente, no me encuentro en condiciones de afirmar si ese costo es elevado o bajo. En principio, no me parece una desmesura que habilite a descalificar a los jurados por esta razón. Pero, para tomar una posición objetiva al respecto sería importante contar con el costo que representa dictar una sentencia con el sistema de jueces técnicos, y de ese modo podríamos hacer un cotejo con una base razonable. Carezco de ese dato. Pero con lo que sí cuento es con un estudio, muy serio y minucioso, realizado por Adrián Marchisio desde la Oficina de Investigación y Estadísticas Criminales del Ministerio Público de la Nación en 2003, donde se analizó el costo de la justicia penal del fuero ordinario y federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por aquellos entonces (hace diez años atrás), luego de ponderar las variables pertinentes (gastos en personal, alquileres, insumos, servicios básicos) y dividirlo por la cantidad de sentencias dictadas, Marchisio llegaba a la siguiente conclusión: “En orden a todas estas valoraciones expuestas, es posible concluir que cada proceso tramitado bajo las reglas del proceso común en el fuero ordinario que se resuelve a través de un juicio oral y público posee un costo relativo de $ 22.473. Mientras que bajo los mismos parámetros en el fuero federal, dicho resultado en términos relativos asciende a $ 67.013”.

El estudio es más vasto y pormenorizado, y puede ser consultado aquí. Ignoro cuál habrá sido la evolución de esos costos, pero descuento que diez años después, lejos de disminuir se habrán incrementado.

El descompromiso ciudadano para integrar los jurados

Un dato objetivo, empírico: el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”, de Córdoba, realizó un trabajo de campo encuestando a los ciudadanos convocados a desempeñarse como jurados en esa provincia, evaluando sus reacciones antes y después del llamado. De ese estudio se desprende que al recibir la citación un 25% había experimentado inquietud, mientras que un 6% rechazo. Sin embargo, el 35% expresaba aceptación y el 32% satisfacción. Pero quizá que ese no sea el dato más importante. El dato relevante es que, con posterioridad al desempeño como jurados, el 97% de los ciudadanos opinaron que la experiencia había sido muy buena.

No obstante, no puede descartarse que, a la hora que los ciudadanos sean convocados a desempeñarse como jurados, reaccionen del mismo modo a como lo hacen cuando son convocados para desempeñarse como autoridades de mesa en los actos eleccionarios, o como testigos en un juicio.

El eventual descompromiso ciudadano para el cumplimiento de un deber cívico no es un problema de la institución juradista. En tal caso se tratará de una cuestión relacionada con el concepto y formación de la ciudadanía, que nos incumbe a todos.

No creo que porque los ciudadanos no acudan gustosos a participar como autoridades de mesa (o a votar), a nadie se le ocurra suprimir los actos electorales. O porque que los ciudadanos se muestran remisos a brindar testimonio de lo que vieron o escucharon en un episodio determinado pensemos en suprimir los juicios. Sin embargo, el eventual e hipotético descompromiso para integrar un jurado parece que sí habilita para descalificar el modo en que la Constitución previó terminar las causas criminales.

El juicio por jurados no es, estrictamente, una opción jurídica y equivocarán el camino quienes insistan en analizarlo solamente desde ese ángulo. El juicio por jurados es una opción política sobre el funcionamiento de las instituciones de la República. Es la forma en que los padres de la Patria pensaron que la sociedad democrática que debía dirimir los pleitos más importantes.