Infojus Noticias

A mitad de este año el senador radical Gerardo Morales recusó a dos jueces que creía que iban a fallar en su contra en una causa contra Milagro Sala. Sus principales argumentos para tratar de apartarlos fueron dos: que le habían dado celeridad al expediente y que él podía vaticinar que no iban a ser imparciales, debido a su supuesta ideología y a su –también supuesta—pertenencia a la agrupación Justicia Legítima. El planteo, temerario en plena vida democrática, no prosperó. O se extinguió por razones casi burocráticas, ya que a los jueces cuestionados se les vencía el período de subrogancia en el tribunal oral federal de Jujuy y perdía sentido toda discusión. 

Hasta acá, los hechos.

Sin embargo, el editorial del diario La Nación del viernes pasado, anunciaba en tono de celebración: “la justicia avanzó en el reemplazo de los magistrados” recusados y “le puso un límite a la capacidad intimidatoria que viene exhibiendo la líder de la agrupación Tupac Amaru”.

El origen de esta historia se sitúa en octubre de 2009, cuando Morales fue escrachado y cuestionado en medio de uno de los primeros debates sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque objetaba la asignación de frecuencias de FM a organizaciones sociales. Por el episodio, Morales denunció a la dirigente Milagro Sala, a quien atribuyó amenazas y daños, y a dos integrantes más de la agrupación. En Jujuy, como en todo el país, muchos despachos judiciales están vacantes, por eso cuando el caso llegó a etapa de juicio oral les tocó intervenir a dos jueces que habían sido designados como subrogantes en el tribunal oral federal. Ellos, los recusados por Morales, son Fátima Ruiz López y Daniel Morin, integrantes de tribunales orales criminales porteños, quienes han logrado encauzar en Jujuy como subrogantes los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad, donde está pendiente uno crucial, contra el empresario Carlos Blaquier, por los desaparecidos del Ingenio Ledesma.

Uno por uno, los argumentos falaces que sostiene La Nación en su editorial.

Falacia 1
Si uno mira el texto de La Nación en sentido literal, es cierto que ambos jueces serán reemplazados ahora que ya no van actuar en el tribunal jujeño, que no puede quedar vacío. Es una obviedad. Pero, cualquier lector desprevenido interpretará bien lo que el editorial quiso decir: que Morales ganó la batalla, que logró que sacaran de juego a los jueces que él no quería, y que no los quería porque supone que les gusta y adscriben a Justicia Legítima porque firmaron una famosa solicitada que precedió su creación. Que, por lo tanto, no estarían de su lado sino a favor de Milagro Sala, lo que a su entender equivale a decir que perderían la imparcialidad, Todo un contrasentido en quien presiona por conseguir un fallo favorable. Justicia Legítima, razonaba Morales, es una expresión política kirchnerista y deducía que la dirigente de la Tupac Amaru es una de sus asociadas porque participó en un debate convocado por esa organización. Por lo tanto, llegaba la conclusión de que los jueces iban a favorecerla.

Falacia 2
Si uno se atiene a los hechos, la noticia que dio La Nación, no era tal. Quizá, si lo hubiera sido, habría aparecido entre el resto de las notas informativas del diario. Pero era parte de una editorial; con el poder y la fuerza persuasiva que eso implica. Funcionó, de ese modo, como excusa para reflotar el discurso de Morales y, así, justificar el aliento a una persecución ideológica a jueces, para azuzar a los que piensan distinto al grueso de la corporación, y para defenestrar a la organización Justicia Legítima, a la que están dedicados la mayoría de los párrafos, que reproducen argumentos de la recusación que había presentado Morales –elogiada por su “coraje” (sic). Justicia Legítima, dice el diario, pretende “instaurar una nueva conformación ideológica en el Poder Judicial para terminar con la división de poderes”; pretende inclinar la balanza de la justicia “no hacia la búsqueda de la verdad” sino teniendo en cuenta “los intereses del más débil”.

Falacia 3
Los jueces Morín y Ruiz López, fueron recusados justo después de llamar a audiencia en agosto para iniciar el juicio contra Milagro Sala. Hubiera sido un aporte equilibrado y para honrar la verdad que predica que, además de la recusación de Morales, La Nación diera a conocer la respuesta de los jueces cuestionados. Por empezar, ambos se vieron en la situación absurda de aclarar que no son socios de Justicia Legítima, aunque firmaron las solicitadas del verano 2012/2013. Dijeron también que incluso si fueran socios no tendría importancia porque esa elección personal no puede dar motivos para recusar a nadie. Ruiz López dijo que es socia de la Asociación de Magistrados hace años. A nadie se le ocurre recusar a un juez por pertenecer a esa entidad, que es el emblema clásico de la corporación, ni cuestionar a sus dirigentes cuando hacen discursos abiertamente políticos, como ha pasado con el radical Ricardo Recondo.

Morín escribió que el senador no explica en ningún lado cómo la pertenencia de un juez a cierta asociación y la aparente vinculación de Sala con ella, derivarían en la imparcialidad de ese juez. A la vez desnuda las contradicciones: Morales a lo largo del expediente acusó a los jueces primero de dilatar para que el caso prescribiera (porque se habían declarado incompetentes) y cuando estaba por empezar el juicio les endilgó que querían favorecer a la dirigente.

Ruiz López señaló que recusar a los jueces por una supuesta ideología “es de suma gravedad institucional”; pertenecer a una asociación es una decisión de la vida privada de las personas y en el juicio tampoco se juzgan cuestiones de la privacidad. “Parece que el fin fuera disciplinar al juez; arguyendo estas suspicacias, que hieren a cualquier magistrado, se intenta cercenar la independencia de los jueces coartados en su función y en su pensamiento. Definitivamente, simboliza una discriminación ideológica inaceptable”, escribió la jueza.

Falacia 4
El argumento de que la Justicia o los jueces se politizan es un clásico al que apelan los propios dirigentes políticos cuando necesitan, ellos, usar a los tribunales para dar sus propias peleas políticas, conseguir protagonismo y salir en los diarios.

El nombre Justicia Legítima salió de una solicitada anterior a su fundación, en la que cientos de fiscales, jueces y académicos hablaban de garantizar imparcialidad e independencia del sistema judicial frente a los intereses económicos y corporativos. El texto pretendía diferenciarse de una carta que había difundido la Comisión de Independencia de la Corte en defensa de la Cámara en lo Civil y Comercial que tenía que resolver el caso Clarín y que advertía sobre supuestas presiones del Gobierno a los jueces. Llamaba a hacer autocrítica, algo poco frecuente en tribunales. Después surgiría el concepto de “democratizar” la justicia y volverla accesible en todo sentido. La Ley de Medios estaba ahí, haciendo el ruido de fondo, en ese momento sin resolución judicial.

Falacia 5
A la dupla de jueces se les terminaba la suplencia el 31 de agosto. Ya antes de esa fecha, dos conjueces y un juez desestimaron la recusación porque ya se sabía de esa caducidad. Sin embargo uno de ellos Federico Díaz, aprovechó la ocasión para dar su opinión y rechazarla: sostuvo que Morín y Ruiz López actuaron como debían y que Justicia Legítima no es una organización política “sino una asociación civil que reúne a personas de distintos espacios comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina”. Aunque los jueces recusados pertenecieran a ella, decía Díaz, eso “no compromete su capacidad y aptitud” para la función. Aceptar el planteo de Morales, decía, sería violentar el derecho de asociación. Los otros dos jueces –Mario Juárez Amaraz y Renato Rabbi Baldi--, declararon el asunto abstracto

Después del 31 de agosto y con el nuevo tribunal conformado, volvieron a declarar abstracta la recusación pero lo extraño es que el expediente fue desglosado, y fue quitada la resolución que incluía el voto de Díaz.

Es evidente que la existencia de Justicia Legítima –cualquiera sea su tamaño o alcance—desató debates que el Poder Judicial nunca había querido iniciar: desde cómo se pueden elegir los empleados y los jueces sin que todo quede en familia, hasta cómo lograr conciencia social en el aparato judicial (lo que no quiere decir generar favoritismos sino entender las desigualdades y sus consecuencias en la vida social).

Morales logró que un diario con cierto predicamento haga todo un alegato de esta cuestión. En este caso, él quería sacar de juego a los jueces que no le gustan, pero como senador hizo el mismo ejercicio que Ruiz López señala como discriminatorio: en la audiencia pública en la que fueron entrevistados los candidatos a la nueva Cámara de Casación ordinaria, a María Laura Garrigós de Rébori sólo la inquirió sobre su militancia en Justicia Legítima y finalmente dijo que por eso no votaría su pliego. Siguiendo este razonamiento, no podría ser juez nadie que tuviera deseos exteriorizados de cambiar el sistema de justicia.

Falacia 6
Es casi cómico leer a esta altura que los jueces no deben tener ideología, como si fueran autómatas sin ninguna clase de afinidad o capacidad de discernimiento. Pero el mito todavía existe y tiene seguidores, o por lo menos distintos actores dispuestos a utilizarlo. En Jujuy en particular, han sido múltiples los ataques a fiscales designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó –quien ha encabezado actos varios de Justicia Legítima—para frenar las causas contra Blaquier. En Tucumán un abogado defensor en el juicio por el secuestro y explotación de Marita Verón ya pidió apartar al camarista Alfonso Zóttoli, quien deber revisar la sentencia, por acudirá encuentros de Justicia Legítima.

Los jueces, muchos, les tienen miedo a los medios de comunicación. Tienden, casi por naturaleza, a juntarse corporativamente. A replicar lo que queda bien. Por eso es tan peligroso el mensaje amplificado de los medios –peor cuando se basa en falacias- que respaldan la discriminación ideológica en un territorio tan resistente a los cambios.