Hoy el gobernador De la Sota ordenó postergar el tratamiento de la ley que reformaría el sistema de designación del jefe de Lucha contra el Narcotráfico. El hecho es un eslabón más de una larga cadena de decisiones polémicas que van desde convenios incumplibles, agentes formados en tres meses y la compra de equipamiento que no puede repararse.
El escándalo de los narcopolicías de Córdoba, que comenzó hace dos meses, se sigue ramificando. Este mediodía De la Sota envió un proyecto a la legislatura para que fuera el órgano legislativo el que, a sugerencia del ejecutivo, dé acuerdo para la designación del nuevo jefe de Drogas Peligrosas. La idea era poner allí a un civil. Ante la negativa de la oposición que calificó al proyecto como "un mamarracho", el gobernador desistió y envió el proyecto al frizer. La idea había sido acordada con su nueva ministra de Seguridad que, así, comenzó su gestión dando marcha atrás.
Jose Manuel de la Sota entendió siempre que la mejor estrategia de seguridad es una buena estrategia de prensa. A comienzos de su primer gobierno, recién empezado el nuevo siglo y ante una ola de seguridad, eliminó el viejo Comando Radioeléctrico y lanzó el CAP (Comando de Acción Preventiva). Compró camionetas imponentes que no servían para andar por la ciudad y las pintó de un nuevo color. Acto seguido empapeló la ciudad con afiches del jefe de Policía Jorge Rodríguez. En 2004, cuando Blumberg todavía era ingeniero y organizaba marchas multitudinarias reclamando mano dura, lo trajo a Córdoba. Con él e integrantes de un instituto norteamericano llamado Manhatan Institut, cuyo director (Carlos Medina) aseguró que los limpiavidrios y las prostitutas eran “terroristas urbanos”, firmó un convenio de cooperación.
Al año siguiente, en 2005, se produjo un motín en una cárcel habilitada para 900 presos donde estaban alojados casi 2000. Murieron seis personas, pero el gobernador no tuvo pruritos al decir: “Mi sueño es que en las cárceles haya un cartel donde, como en ciertos penales norteamericanos, diga: al ingresar aquí usted pierde sus derechos”.
En agosto del mismo año hubo otros dos hechos graves. Primero un cabo se encadenó en una plaza reclamando mejores sueldos y se le plegaron todos los policías produciendo un acuartelamiento que dejó a toda la ciudad capital sin policías a lo largo de 11 horas. Después se fugó de la cárcel –con ayuda de los guardias– el preso más famoso de la provincia y De la Sota decidió pasar a retiro a casi 100 policías y a la cúpula del servicio penitenciario.
La nueva etapa comenzó con la producción en serie de nuevos agentes. Se formaron en cursos que, en muchos casos, duraron tres meses. Si en 2007 había 10.800 policías en Córdoba, en 2013 hay 22 mil. Un verdadero ejercito liderado por los mismos policías que hoy están sospechados de corrupción. La primera camada de esa serie vio la luz junto con otra novedad marketinera: las motos con Sidecar. 250 motocicletas con un carrito como las de la Segunda Guerra Mundial que, pintadas de un hermoso azul marino, produjeron varios accidentes hasta que, cinco meses después, debieron ser sacadas de circulación: no había repuestos en el mercado.
La misma lógica publicitaria hizo que además del CAP se lanzaran con bombos y platillos otros muchos comandos y grupos especiales como el GER, el CEP, el DOT y varios más que desaparecieron a poco de nacer. Por otro lado, se aumentaron las detenciones utilizando artículos inconstitucionales de un Código de Faltas que habilita a los policías a detener a alguien por el simple hecho de tener aspecto de “merodeador” y se conocieron las denuncias de policías que se quejaban porque sus jefes los obligaban a detener inocentes para “hacer números” y mejorar las estadísticas.
La última gran inversión en seguridad (es decir, en prensa) fue un helicóptero que sobrevuela los barrios de clase media y media alta para que algunos vecinos se sientan más seguros.
Tras el narcoescándalo se ha dicho, y mucho, que la Policía de Córdoba se gobernaba a sí misma, pero es un error. La Policía local ha estado en manos del gobernador De la Sota desde 1999 –entre 2007 y 2011 el gobierno de Juan Schiaretti continuo la misma línea– hasta hoy y el problema es que ha sido utilizada más como una herramienta de prensa que como un instrumento de política pública. La crisis actual es posible porque la firmeza enunciada en las campañas de prensa era meramente publicitaria.
En las últimas horas, cuando asumió la nueva ministra (que fue asesora de la gestión anterior) y se especializó en Colombia, declaró que su objetivo era “construir sobre lo construido, trabajar sobre lo que está bien hecho y a partir de ahí trabajar para identificar los principales lineamientos para la gestión de la seguridad”. O sea. Más de lo mismo.