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Trans golpeadas o acusadas sin pruebas son un hecho: la golpiza a Diana (con la inacción de las fuerzas de seguridad y hasta el desprecio de los médicos) y el juicio sin pruebas a Yhajaira , trans venezolana migrante son una clara muestra. La distancia entre los derechos consagrados y lo que ocurre en la práctica es la política del Estado: por omisión o presencia el Estado entendido como una amplia red de articulación entre su institucionalidad y actores sociales autoriza o desautoriza.

En nuestro país los avances en materia de derechos humanos de memoria, verdad y justicia fueron y son una bisagra: no podíamos avanzar en temas como no discriminación y lucha contra la desigualdad si no desmantelábamos material y simbólicamente el andamiaje ideológico e institucional de la dictadura cívico-militar que no gratuitamente se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional: la masacre de una generación de lucha, comprometida con la transformación social fue necesaria para poder imponer, en conjunto con otras políticas de shock (hiperinflación 89, por ejemplo), un modelo de país para diez millones de personas. Es por esto que en los años 80 el movimiento de diversidad sexual marchaba junto con los organismos de derechos humanos con la consigna “La policía también es aparato represivo”, frente a la perplejidad de muchos/as activistas o no, que acotaban la lucha por los derechos humanos a definiciones formales y no a las necesidades socialmente objetivadas, como bien define el constitucionalista Eduardo Barcesat.

En estos años, que van del ’67 -cuando maricas del conurbano se juntaron en una garita de trenes en Gerli para fundar el grupo gay Nuestro Mundo- hasta los actuales avances en materia de derechos (Matrimonio igualitario, Ley de Identidad de género) y políticas públicas como la presentación ante la ONU, por parte de la Cancillería, de los principios de Yogyakarta (sistematización de los principios de derechos humanos que alcanza a las personas lgbt, evento promovido por la Mary Robinson) es innegable que ganamos en hechos y en derechos. No solo porque los derechos no son mera formalidad, sino porque hubo decisión política y “clima social” para los cambios necesarios a partir de la bisagra de la condena y los juicios a los genocidas.

Pero acá se abren dos perspectivas: ¿Los avances en materia de derechos los hacemos desde una perspectiva liberal o como una política de integración social? Esta pregunta fue la perplejidad que entendieron muy bien feministas gorilas y liberales como Alicia Moreau de Justo cuando se opuso a la Ley de voto femenino: para los movimientos nacionales y populares que somos críticos a la lógica liberal del derecho individual, las leyes deben consagrar derechos que construyen articulaciones reales desde una perspectiva de integración social y no de la mera formalidad declamatoria que ya de por si es un avance, pero, como Jano, puede enmascarar desde su cara oscura.

Aquel peronismo no solo consagró el derecho de las mujeres al voto, sino que estableció de hecho un cupo femenino del 33% con la creación del Partido Peronista Femenino y el despliegue de una política de apoyo a mujeres solas, viudas y madres solteras. Derechos y hechos se articularon, sin dejar hiato alguno por el que suelen caerse las conquistas sociales.

Es claro que en materia de identidad de orientación sexual e identidad de género somos uno de los países más avanzados del mapa. Y no solo en este tema: migración y refugio, género, entre otras cuestiones, no pueden ser obviadas ni silenciadas por el odio de una oposición salvaje. La cuestión es porqué sigue siendo posible una golpiza o un juicio sin pruebas si hay derechos y hechos.

En el último caso, el de Yhajaira, que fue llevada a juicio sin pruebas, no hay dudas: la corporación o familia judicial sigue siendo discriminatoria, representante de sectores sociales conservadores y recalcitrantes que viven de la reproducción de sí mismos: cuantos mayores sean los enemigos internos más se reproduce este Ouroboros oligárquico.

Y en el caso de la golpiza de una trans en una estación de tren es resabio de un sentido común conservador todavía no deconstruido, pero que en la furia de los golpes que recibió también está inscripto el odio de una configuración que se sabe en retirada.

Seguramente hay otras causas: sería reduccionista considerar que estos hechos se explican de manera tan simple. Pero sí hay un punto preocupante, un desafío que una política de derechos humanos debe asumir: la discriminación no es solo un problema cognitivo-moral. Podremos explicar en miles de cursitos de “sensibilización”, “formación” o “empoderamiento” (términos caros a la diatriba ongeril de los ‘90) que las personas trans tienen derechos, que no son “enfermas” o que torturar está mal, pero la discriminación y la tortura continuarán porque no es racional, sino que constituye un modo de regulación social por medio del cual una sociedad construye y deconstruye sus sistemas de control y reparto internos. No en vano Milton Fridman decía que los contestatarios provenían de los grupos “minoritarios” en su fundante libro “Capitalismo y libertad”.

Por esto pienso que es necesario avanzar en una política que sume actores sociales, territorio y el principio no liberal de justicia social como un nuevo paradigma que supere las limitaciones del liberalismo supuestamente educador de una ciudadanía abstracta. Me pregunto: ¿Ese cobarde que pegó sin miramiento a una compañera trans se animaría hacerlo si supiera que en su ciudad hay organizaciones que luchan contra la discriminación con una política pública? Posiblemente sí, pero ahora estaría metido en un proceso judicial, algo en lo que por un motivo u otro, buenos o malos, no queremos entrar porque la “familia” siempre te la cobra.