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La semana pasada, la justicia federal de Bahía Blanca fue noticia: el juez federal Santiago Ulpiano Martínez, subrogante en el juzgado federal 1, negó la detención e indagatoria de Vicente Massot, director del diario centenario La Nueva Provincia, y su ex jefe de redacción en los años ’70, Mario Gabrielli, por considerar que no había “pruebas suficientes”. Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani habían considerado que debían explicar sus roles en la desaparición de dos obreros del sindicato de Artes Gráficos que trabajaban para el diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ese mismo día se había fugado Carlos Alberto Arroyo, un coronel retirado del Ejército que había sido un custodio de Menem y estaba excarcelado a la espera de un nuevo juicio oral contra militares del V Cuerpo. Su detención había sido pedida por la fiscalía el 24 de octubre de 2012 y el 21 de marzo de este año “ante la inminencia del debate oral”. Ni el juzgado ni el Tribunal Oral lo consideraron necesario. Nadie sabe ahora dónde está.

Pero no terminaba ahí: diez días antes, el juez Martínez había tomado una decisión similar a la de Massot y su cómplice, aunque con menos repercusión pública. Había negado al pedido de detención del capellán Aldo Omar Vara, que había reconocido en los juicios por la Verdad haber estado con ex alumnos de la ENET °1 en el V Cuerpo de Ejército y recomendarles que no contaran de sus torturas.

Sin embargo estos no son casos aislados. Organismos de Derechos Humanos y fuentes judiciales afirman que es moneda corriente. No en vano se conoce a Bahía Blanca como “la capital nacional del terrorismo de Estado”. “Hay una continuidad directa a la línea ideológica de la justicia de la dictadura. El juzgado de instrucción que hoy subroga Martínez, que ha tenido una conducta manifiestamente encubridora, comenzó con el juez fallecido impunemente Guillermo Madueño, que fue su mayor exponente”, dijo a Infojus Noticias Eduardo Hidalgo, ex detenido en el centro clandestino La Escuelita y varias cárceles, y titular de APDH Bahía Blanca.

La familia bahiense

Actualmente, los dos juzgados federales de instrucción están funcionando con jueces subrogantes, ambos secretarios, designados por la Cámara Federal de Apelaciones.

Santiago Ulpiano Martínez creció apadrinado por Luis Armando Balaguer, el ex juez federal de Bahía que fue condenado a prisión por estafas reiteradas y falsificar documentación. Asumió su cargo hace menos de un año, luego de la renuncia de Alcindo Álvarez Canale, el juez que lo precedió y contra quien arreciaban las denuncias en su contra por su complicidad con los represores. Álvarez Canale está en pareja con una mujer que se desempeña o desempeñaba como personal civil de la Armada. Por eso se alejó de la causa judicial que investigaba a la Marina  y su lugar lo ocupó el subrogante Eduardo Tentoni.

“Tentoni fue recusado hace pocos meses atrás por el fiscal Abel Córdoba debido a una sumatoria de irregularidades groseras que incluían el espionaje que el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Mario Fernández Moreno hizo en la Unidad Fiscal por entonces a cargo de Córdoba”, contó a Infojus Noticias el periodista Diego Kenis, que ha estudiado a fondo los vínculos familiares y de amistad entre ellos. “En cada resolución, falta de mérito o excarcelación que deja a un represor impune, hay un hilo conductor en los fundamentos que no es probatorio sino ideológico, con una interpretación amañada de la ley”, dijo Eduardo Hidalgo.

Álvarez Canale había sido de la escuela del Guillermo Madueño, que en 2009 llegó a estar preso por su complicidad con la represión rechazando habeas corpus de familiares de desaparecidos, luego estuvo un tiempo prófugo ante la pasividad de la familia, y murió en 2010.

Un capítulo aparte llevan los secretarios de Madueño, Gloria Girotti y Hugo Mario Sierra. Sierra fue detenido cuando lo involucró un testigo del juicio oral por los crímenes del Ejército, y fue liberado luego de que varios se excusaran, tomaran vacaciones y lo liberara una jueza sorteada ad hoc que lo conocía de la política interna. Llegó a tomar declaración con soldados apuntando a un secuestrado. Girotti, que nunca estuvo presa pero tenía una prohibición para salir del país, volará a París el 16 de junio hasta el 3 de julio para hacerse “un chequeo médico”, según contaron a Infojus Noticias desde HIJOS Bahía Blanca. Ambos tuvieron que dejar a sus cargos en la Universidad Nacional del Sur que el Consejo Académico había aceptado.

Otro tanto sucedió en el juzgado federal 2. Ana Araujo, la nombrada por la Cámara, es hija del represor de la Armada Ricardo César Araujo, que irá a juicio oral por los crímenes cometidos bajo la órbita de la Armada. Araujo llegará al juicio con prisión domiciliaria: la cumple en la causa de la jueza, que además es la fiadora.