Infojus Noticias

En la provincia de Buenos Aires, a cada hora, catorce mujeres son víctimas de violencia machista. Y por día, siete de ellas llamaron al 911 por ataques sexuales. El equipo del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó el “Informe de Monitoreo de políticas públicas y violencia de género”. Allí  releva y analiza de febrero de 2012 a septiembre de 2013 los datos vinculados con la violencia familiar y de género en el territorio bonaerense. Casi la mitad de los agresores, el 47,8%, son parejas sentimentales de las víctimas, y el 20% exparejas. Y este tipo de violencias se concentra en gran medida en las principales ciudades bonaerenses. De las causas presentadas, la Justicia resuelve poco más del 30%.

El segundo capítulo del informe de casi 300 páginas se dedica al acceso a la justicia. Se trata de un aspecto determinante para frenar este tipo de violencias y restituir derechos. El informe explica el recorrido que una víctima tiene que hacer para conseguir justicia, además de subrayar que su acceso “comprende el compromiso activo de los tres poderes del Estado”. En este sentido “englobamos no solo las acciones judiciales y los recursos de iniciación y el sostenimiento que las mismas implican, sino todas aquellas acciones y prácticas que promueven y posibilitan el efectivo acceso de las mujeres a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir que el efectivo acceso a la justicia supone contemplar no solo a los actores del Poder Judicial o de las Fuerzas de Seguridad, sino a todos aquellos organismos implicados en la problemática de la violencia de género”.

Para Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio, la respuesta de la Justicia no es efectiva y “no genera medidas de protección a las víctimas”. Pero además está sostenido por un modelo de gestión judicial de violencia contra las mujeres “que da cuenta de un modelo deficiente, en tanto no puede garantizar medidas de protección y sanciones efectivas a quienes han ejercido violencia contra las mujeres”. En diálogo con Infojus Noticias subrayó que “esa gran cantidad de causas archivadas habla de un proceso judicial al que lo tiene que sostener la propia víctima. Si la víctima no presenta testigos, si no vuelve a rectificar la denuncia que hizo en comisaría, si no aporta pruebas, las causas quedan paralizadas y después se archivan”.

Durante 2012 el 911 recibió 2.686 llamados por violencia sexual y casi 8 mil por violencia familiar. Pero ante las Comisarías de la Mujer, y en forma presencial, llegaron ese mismo año 113.028 denuncias. Catorce mujeres por hora. Para el Observatorio la prevención de las violencias debe tener tres niveles de prevención: acciones para procurar que los hechos no sucedan, mecanismos de respuesta inmediata para neutralizar los efectos cuando el hecho ocurrió, y proteger y apoyar a las víctimas a largo plazo. Además hace hincapié tanto en la difusión y en la alfabetización jurídica de la comunidad, como en trabajar para la sensibilización de los operadores de justicia en problemáticas vinculadas a la violencia de género.

El informe denuncia la ausencia de políticas de seguimiento y acompañamiento –que recae en manos de ONG y movimientos de mujeres– o su reducción al asistencialismo. Esto tiene como resultado la impunidad del agresor y la falta de justicia para la víctima. El abandono de las causas iniciadas se debe en gran parte a “que al no existir respuestas que apuntalen a las mujeres en cuestiones relacionadas con la supervivencia diaria, contención psicológica, provocan que las mismas vayan perdiendo fortaleza para continuar con el proceso judicial o para mantener su posición de enfrentar la situación”.

Asimismo la denuncia en sede policial cuenta con la limitación de la gestión policial para abordar estas violencias y la ausencia de “lineamientos propositivos para el mejoramiento de la misma”. Además de la falta de capacitación del personal y de que es insuficiente, a las Comisarías de la Mujer han derivado muchos policías con “Tareas No Operativas”, que no podrían estar con contacto con el público y “no estarían  en condiciones de cumplir con la tarea de recepcionar denuncias de las víctimas de violencia”.

El informe señala que “el abordaje policial de la violencia contra las mujeres se centra en la ‘contención’ en el momento de la denuncia en sede policial, sin intervención del Equipo Interdisciplinario”. Pero además, que los Protocolos de Actuación utilizados por las Comisarías de la Mujer no son suficientemente claros para el trabajo, ya que no establecen instrumentos ni metodologías de abordaje. Se caracterizan “por la vaguedad y la abstracción”. De hecho, consignas claras como acompañar a las víctimas con lesiones al Cuerpo Médico para que un médico legista las certifique, no se cumplió en la totalidad de las entrevistas que el equipo del Observatorio realizó.

En las zonas con mayor índice de violencia, los Equipos Interdisciplinarios no dan abasto y muchas víctimas quedan sin atender. Al oscuro panorama planteado por el informe, Malacalza agrega que las víctimas “muchas veces desconocen ese circuito de doble denuncia. Porque puede suponer que con lo que presentó en comisaría ya alcanza. Muchas veces no es notificada en tiempo y forma sobre la ratificación de la denuncia y a veces no puede conseguir testigos. No siempre puede tener pruebas y eso tiene que ver con un descreimiento de la Justicia hacia las mujeres”.

La distancia entre las denuncias realizadas y las sentencias realizadas por la Justicia indica los problemas del “modelo de gestión judicial de violencia contra las mujeres”. Para la coordinadora del Observatorio el Poder Judicial bonaerense no cumple con los tratados internacionales que indican que “el testimonio de la víctima es de carácter prioritario y sustancial para el inicio y sostenimiento del proceso judicial”.