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El juez Walter Bento fue denunciado por los abogados de Cablevisión (empresa del Grupo Clarín), Alejandro Pérez Chada, María Masanti y Jorge Souriges por el allanamiento de las oficinas centrales el 20 de diciembre de 2011.

En esa denuncia sostenían que “habría dado curso ilegítimamente -excediendo su jurisdicción- a un recurso de amparo y habría nombrado en forma irregular un interventor de su confianza, fue pergeñada, convenida o concertada con una de las partes de aquel proceso y ejecutada en aquella jurisdicción”. 

En primera instancia, el titular del juzgado federal de la Capital Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, se declaró incompetente “en razón del territorio”, es decir, consideró que el presunto delito denunciado correspondía a la jurisdicción de Mendoza.

Los abogados de Cablevisión argumentaron ante la Cámara que la decisión de la Justicia Federal de Capital Federal “era prematura” ya que “no se había efectuado una adecuada investigación como para permitir individualizar correctamente los hechos, las circunstancias de tiempo y lugar en que habrían ocurrido así como las calificaciones que podrían ser atribuidas a los sucesos denunciados”.

Finalmente la Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas por mayoría de los jueces Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, resolvió que “las posibles irregularidades reveladas habrían sido desarrolladas en la Provincia de Mendoza, por lo cual a fin de garantizar la veloz recolección de pruebas y atendiendo al derecho de defensa en juicio, resulta aconsejable que entienda en esta causa y su conexa la justicia federal de esa jurisdicción”.

El voto por mayoría está conformado por Farah y Ballestero. Mientras que el voto en disidencia lo realizó Freiler, quién consignó que de momento la causa debía continuar tramitando ante el juzgado federal N° 8 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.