Había sido dictada a favor de Guillermo Aníbal Piccione por la Cámara Federal de Rosario. Pero la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la revocó. Piccione se desempeñó en el Área Militar 132 del Primer Cuerpo del Ejército y el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. “Encarnaba un eslabón de la represión ilegal”, dijo el fiscal Javier De Luca.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la falta de mérito que había sido dictada a favor de Guillermo Aníbal Piccione por la Cámara Federal de Rosario. En la causa se investigan las privaciones ilegales de la libertar, tormentos y allanamientos ilegales a por lo menos cuatro personas en Pergamino y Arrecifes durante la última dictadura cívico-militar.
Desde la fiscalía se sostenía que la responsabilidad de Piccione “surge suficientemente acreditada -para esta etapa del proceso-, primeramente, de las propias funciones que tenía por entonces a su cargo”. Piccione se desempeñaba como Oficial de Personal (S1) y Oficial de Logística (S4) en el ámbito del Área Militar 132 del Primer Cuerpo del Ejército y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
Es decir, “encarnaba un eslabón de la represión ilegal, en el marco de la última dictadura cívico-militar que rigió los destinos de nuestra nación” y por eso el fiscal Javier De Luca, pidió a Casación que anule la falta de mérito. A ello se suma el testimonio en la causa del Coronel José Luis García, quien clarificó “cómo se estructuraban los Estados Mayores dentro de las Zonas de Defensa y cómo se reproducían en las diferentes sub-zonas y en las Áreas con sus respectivas Planas Mayores”.
En la causa se investigan las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos a Gabriel Lalli, Alejandro Giménez, Roberto López y Carlos Galleti y el allanamiento ilegal de las casas de estos, ocurrido en septiembre de 1976 en las localidades de Pergamino y Arrecifes, en plena dictadura cívico-militar.
Por ejemplo, en el caso de Lalli, fue secuestrado por personal del Ejército y de la Policía el 7 de septiembre de 1976 por la noche, de su casa de la ciudad de Pergamino. Lalli era en ese momento secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Delegación de esa ciudad. Después de ser secuestrado se lo llevó a la comisaria de Pergamino y fue puesto en una celda, aislado.
Al otro día, fue encapuchado y llevado en un camión fue llevado a la Brigada de Investigaciones de San Nicolás. En el expediente se detalla que estuvo una semana aislado sin comida y fue puesto a disposición de un juez el 14 de septiembre. Hasta ese momento fue catalogado como desaparecido.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos, anularon la falta de mérito entendiendo que “no es posible soslayar que en causas como la que nos ocupa no puede prescindirse del análisis del contexto en el que tuvieron lugar los hechos aquí investigados” y “tampoco puede obviarse el carácter clandestino de las operaciones llevadas a cabo por las distintas fuerzas de seguridad”.
En este contexto, “los hechos constitutivos del objeto procesal de las presentes actuaciones son parte de aquellos que tuvieron lugar en el marco del plan sistemático y criminal instaurado durante la última dictadura militar”, explicaron los jueces del máximo tribunal penal del país que hicieron lugar al recurso de casación presentado por el fiscal y reenviaron el expediente a la cámara para que dicte otro fallo.