Chaco: una ley para combatir la violencia de género en la policía
Una ley sancionada por la Cámara de Diputados de Chaco prohíbe que los policías denunciados por violencia de género porten armas fuera de servicio.
En diciembre de 2012, después de una denuncia de un tercero, se realizó un allanamiento en Concordia. Cuando llegaron a la casa, los fiscales se encontraron una escena brutal: Evangelina Burgos, de 43 años, estaba boca arriba con tres balazos. En la habitación de al lado estaba Marcelo Godoy, ex policía federal, tres años mayor, con un disparo en la sien y una Magnum calibre .357 en la mano derecha. Para combatir este tipo de crímenes, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó esta semana una ley que prohíbe que los policías denunciados por violencia de género lleven un arma cuando están fuera de servicio “con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.
La ley Nº 7274, nacida de un proyecto de los diputados justicialistas María Lidia Cáceres y Gustavo Carballo, fue aprobada con 28 votos afirmativos y un voto en mantenimiento en cartera –para seguirlo debatiendo- del diputado Jorge Varisco. En enero de este año, el Ministerio de Seguridad de la Nación había dado el primer paso restringiendo la portación, tenencia y transporte del arma para los hombres de las fuerzas de seguridad violentos en su vida privada.
En los últimos años, los femicidios -asesinatos de mujeres por su condición de serlo- ya no son una rareza. Según diferentes estadísticas, la tendencia tiene un ingrediente alarmante: cada vez más, el instrumento letal es un arma de fuego. Según el observatorio Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, en base al relevamiento noticias de 120 medios de prensa, de los 1.236 femicidios registrados entre 2008 y 2012, 339 fueron con pólvora. En 2010, la Asociación para Políticas Públicas (APP) hizo un mapa de la Violencia de Género: concluyeron que 3.230 de los 5.681 homicidios de mujeres cometidos entre 1997 y 2009 se cometieron con armas.
Tal como sucedió la madrugada del 24 de marzo. David Federico Sosa, suboficial de la policía de Córdoba, desenfundó su 9 milímetros y le disparó a su esposa en la mejilla. Después salió de su casa, ensangrentado, y caminó 70 metros hasta el destacamento policial de Villa Sarmiento para entregarse. Andrea Laura Fernández, 23 años, llegó con vida al hospital de Villa Dolores, pero no pudieron salvarla. El hijo de la pareja, de 4 años, habría presenciado el crimen.
Unos meses más tarde, el domingo 28 de julio, era una tarde apacible en la ciudad ribereña de Concordia. El sargento Fabián Casas –que integraba la guardia de Infantería de la Policía de Entre Ríos–, es el único sospechoso de haber matado a Mariana Jackeline Romero, una adolescente de 15 años, con quien había tenido un hijo un año y medio antes. Según la investigación judicial, la ejecutó de un tiro en la cabeza con el arma oficial a menos de medio metro de distancia.
“Estamos enmarcados en una serie de leyes, la 4175 y la 6689 (leyes provinciales de violencia familiar y de género) a nivel provincial, pero también el marco de la ley 26485 de protección integral hacia las mujeres”, dijo durante la sesión legislativa María Lidia Cáceres, una de las autoras del proyecto. Para que la prohibición se concrete, deberá contar con “una resolución fundada del Jefe de Policía de la Provincia, cuando la denuncia resulte verosímil”, dice el proyecto. Esos policías deberán dejar el arma en la comisaría, antes de volver a casa.
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