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Un procedimiento de “identificación” de un grupo de jóvenes mapuches –conocidos como “Resistencia Ancestral Mapuche” o “Comunidad de Resistencia del Departamento de Cushamen”–, que recuperó tierras ancestrales al noroeste de Chubut en marzo pasado, quedó sin efecto la semana pasada luego de que la fiscalía verificara “que tomó estado público” el operativo. Se trata de territorios de la estancia Leleque, que están a nombre de Compañía de Tierras Sud S.A.,  una empresa que es propiedad de la multinacional Benetton, que posee más de un millón de hectáreas en la Patagonia.

El hecho, que recientemente tomó estado público, había generado una situación latente de posible represión contra quienes habían recuperado las tierras ancestrales. La amenaza del procedimiento por parte del Ministerio Público Fiscal provincial, que había catalogado el operativo como de “identificación” del grupo, y su posterior cancelación, derivó en una conferencia de prensa en la que el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, sostuvo: “Podíamos inferir que, con mucha presencia de menores y mujeres, se dificultaría seriamente el procedimiento y además elevaría el riesgo que procuramos evitar”.

Las tierras están ubicadas al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40. La recuperación de las mismas se produjo a unos 130 kilómetros al norte de Esquel y a 140 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Se trata de una zona de humedales importantes para el pastoreo de animales, que se encuentran cerca del casco de la estancia de Luciano Benetton. “Hay muchas de estas familias que se han cansado e intentan reingresar y van hacia los humedales”, explicó a Infojus Noticias Julio Saquero, de la delegación El Bolsón de la APDH. “Ellos dicen: este es nuestro territorio y aquí estamos”, agregó.

Con los rostros tapados para evitar la persecución judicial, allí se establecieron las comunidades mapuches con banderas que dicen “Fuera Benetton” y “Territorio Mapuche”. El mismo día de la recuperación de tierras, a mediados de marzo de este año, la policía provincial intentó desalojarlos pero no pudo. Hoy, los comuneros se encuentran rodeados por la policía provincial, que acampa a pocos kilómetros de allí y realiza guardias constantes. Entre las fuerzas policiales, se encuentra el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la provincia.

El jueves pasado, el juez de turno, Jorge Criado, rechazó un habeas corpus preventivo presentado por integrantes de la Defensoría Pública, ante la comisaría. La presentación estaba vinculada al allanamiento autorizado para la “identificación”. Aunque éste, finalmente, no se realizó, el juez sostuvo que la “orden judicial cuyo cumplimiento se frustró tenía justamente la finalidad de identificar a esas personas indeterminadas para que estén a derecho. Una cuestión no menor”.

Martiniano Huala, el chivo expiatorio

“Hay una intencionalidad dentro de la fiscalía penal de Esquel de llevar adelante una represión bajo la figura de terrorismo contra esta comunidad mapuche que ha recuperado territorios que ancestralmente le pertenecen”, aseguró Saquero.

La empresa inició la causa con una denuncia en la comisaria del Maitén, realizada por el “mayordomo” de la estancia que representa a Luciano Benetton, de apellido Mac Donald. Ante la comisaría, denunció que le habían roto un alambrado interno de la estancia y dos postes que habían puesto dos “guachis” (unos lazos de alambre que sirven para cazar). De esa denuncia, nació una causa penal en la fiscalía de El Hoyo, a cargo de Oscar Oro, que derivó en el procedimiento judicial contra Martiniano Huala, un albañil que trabaja en Esquel pero que es oriundo de Leleque y que fue acusado por la fiscalía por haber asistido logísticamente a los mapuches, con su vieja camioneta Ford.

La causa terminó en Esquel, donde el fiscal Fernando Rivarola, llegó a decir que se trataba de “terrorismo” contra la “soberanía nacional”. El 18 y 19 de abril pasado, las comunidades realizaron varios cortes de ruta en protesta. El 5 de junio se realizó una audiencia ante el juez provincial Martín Eduardo Zacchino, donde Rivarola intentó argumentar esto y pidió, incluso, que la causa pase a la justicia federal.

El juez Zacchino se declaró incompetente y mandó el expediente al juzgado federal porque “existió un despliegue tendiente a obligar a las autoridades nacionales a reconocer derechos de modo cuasi extorsivo” y, por ello, entendió que debía aplicarse la Ley Antiterrorista. Pero el juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó la aplicación de la Ley Antiterrorista y la competencia federal porque los hechos “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que constituyen actos de terrorismo” y se enmarca en “el contexto de la reivindicación que realizan acerca del territorio que originariamente ocupaba el pueblo mapuche”. La causa sigue en manos provinciales.

Huala, finalmente, recibió una restricción, por un mes, para ir a Lelenque; el fiscal había pedido prisión preventiva. “Hay grupos policiales que nos impiden tomar contacto con la gente que está ocupando el territorio”, adelantó Saquero y agregó que “están los derechos nuevos y los tratados internacionales de protección de los derechos de los pueblos originarios pero en la justicia de esta zona los jueces y los fiscales no tienen en cuenta eso, ese es el gran hueco”.

Discriminación y racismo contra el pueblo mapuche

“Se ha iniciado una campaña racista en toda la Patagonia donde sectores inmobiliarios de mucho poder han denunciado a los mapuches, permanentemente, a través de sitios de internet y con movilizaciones, como en San Martin de los Andes, para acusarlos de ser chilenos, terroristas”, alertó Saquero.

Esto llevó a que la defensoría pública, con el apoyo de los organismos de derechos humanos, se presentara ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y pidiera un pronunciamiento al respecto. En abril pasado, el organismo se pronunció sosteniendo que se trataba de una campaña denigratoria y racista contra el pueblo mapuche, tal como se proclamaba desde la página de Facebook denominada “Mapuches Go Home”.

“La misma resultaba discriminatoria hacia los pueblos originarios de la Patagonia, a su vez que difundía supuestos datos científicos falsos acerca del pueblo mapuche y sus orígenes”, afirmaron desde el INADI, mediante un comunicado. La página fue eliminada porque “incentivaba a la violencia y al odio e incitaba a la persecución”.

GA/LL