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Mariana Valle daba clases en el colegio privado Padre Claret hasta que el 13 de mayo le llegó un telegrama con su despido. Cuando preguntó por los motivos a las autoridades, le explicaron que sus “ideas políticas no se adecuan al perfil de la institución.” Hoy habrá una movilización en su defensa. 

El 23 de abril, en su clase de comunicación social de 6° año, Valle trató la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una alumna le preguntó su posición. La docente respondió que estaba más de acuerdo con el Gobierno Nacional que con el Grupo Clarín, lo que generó chistes y provocaciones de parte de los chicos.

Desde ese día empezó a recibir “agresiones y hostigamientos” por medio de las redes sociales de parte de sus alumnos, incluso desde perfiles falsos, y en la escuela encontró el pizarrón con inscripciones tildándola de “K”. Tres semanas después, recibió el telegrama de despido, firmado por la responsable legal del colegio, Josefa Cortinás. Según Valle, esa misma persona le explicó días después que los motivos eran políticos.

Valle contó a Infojus Noticias que intentó comunicarse con sus alumnos por las redes sociales pero no recibió respuesta. De sus compañeros de trabajo, sólo una manifestó su apoyo, pero “teme por su fuente de trabajo”. Ni los padres ni las autoridades del colegio se pronunciaron sobre la situación.

El Padre Claret es un colegio católico, de los más exclusivos de la capital cordobesa. Se trata de una institución privada, pero es subsidiada por el Estado provincial. Desde la secretaría dijeron a Infojus Noticias que la directora no iba a hablar con ningún medio.

El domingo, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) de Córdoba, Carlos Vicente, recibió a la docente expulsada y aseguró que llevarán el caso ante el Ministerio de Educación de la Nación. También rechazaron el despido la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Además, Mariana Valle llevó la denuncia ante el INADI.

La UEPC se está reuniendo con Valle y buscará patrocinarla. Juan Monserrat, titular de ese gremio, explicó que se trata de un caso difuso, porque la docente estaba dentro del período de prueba. “Para poder hablar de acto discriminatorio, hay que probar que la causal del despido fueron las diferencias políticas”, explicó, y señaló que todavía no pudieron hablar con el colegio. “En este momento estamos dándole todo el apoyo necesario y repudiando la decisión de no permitir voces nuevas”, declaró Monserrat, que también está evaluando asistir a la movilización de hoy.

Desde la seccional de SADOP de Córdoba Capital, sí asistirán a la concentración. Explicaron que si lo mismo hubiera ocurrido en una escuela pública, la situación sería distinta. La legislación sobre la educación pública exige que haya un sumario antes de un despido sin causa. “La docencia privada, respecto a la docencia estatal, no tiene estabilidad laboral, es decir, es más precaria”, señaló Gerardo Bernardi, titular de SADOP. “Despedir no es un derecho, es una atribución que se arrogan las patronales de los colegios privados y así ponen en caja al resto de los docentes”, y señaló que el despido de Valle es un acto “nulo y arbitrario”.

Al respecto, la docente dijo a los medios: “Es llamativo, o quizás no, el silencio de las autoridades del colegio, de las autoridades de Educación y de mismo gobernador ante una situación que tiene que ver directamente con la discriminación, la falta de garantías laborales y con la libertad  de expresión”. El viernes, el gobernador José Manuel De la Sota emitió un decreto para “proteger” la libertad de expresión, pero evitó referirse al caso de la docente despedida por emitir su opinión.