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El gobernador José Manuel de la Sota tomó hoy juramento a la nueva cúpula policial y anunció la reestructuración del Gabinete provincial. En cuanto al Gabinete, el gobernador decidió respaldarse en los intendentes para su nuevo período de gestión, aceptando la renuncia de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y en su reemplazo designar al actual intendente de la localidad de Alta Gracia, Walter Saieg, bajo la nueva figura ministerial de Gobierno y Justicia. El cargo de jefe de Policía de Córdoba lo tomó Julio César Suárez, que hasta ahora estaba a cargo de la Policía Caminera. La nueva figura ministerial de Gobierno y Justicia de Saieg implica que desaparece la Jefatura de Gabinete. Su titular, Oscar González, quedará sin funciones.

“El primer plan que tenemos es el diálogo y el segundo el diálogo. Va a haber una reestructuración. Más que aumentar cantidad de policías, necesitamos policías más capacitados que desempeñen bien sus funciones”, dijo Saieg en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3. “Hemos sido llamados para confirmar este gabinete no solo yo sino muchos otros intendentes de grandes ciudades de la provincia, sabemos que no es fácil pero lo vamos a hacer”, agregó el hasta ayer intendente.

Saieg desempeñó tareas como diputado en el periodo 1999-2001 y como Legislador (2001-2003 y 2007 a la actualidad) fue concejal de la ciudad de Alta Gracia en la Provincia de Córdoba, y de 2003 a 2007, fue el Presidente de la Lotería de Córdoba. Es del núcleo íntimo de funcionarios del gobernador.

Al poner en funciones al nuevo jefe de Policía, Julio César Suárez De la Sota deseó éxitos a los nuevos integrantes de la fuerza policial "que tienen la principal responsabilidad de cuidar la vida, los bienes y la tranquilidad de la familia que viven en nuestra provincia".

El gobernador resaltó que con la nueva cúpula policial se mantuvo una larga conversación sobre la características de la gestión que debe llevar adelante" y manifestó su respaldo a las nuevas autoridades que tienen la responsabilidad de "devolver la tranquilidad y la paz social a los cordobeses".

Entre los demás cambios, se designó al intendente de San Francisco, Martín Llaryora, en la cartera de Comercio y Justicia, en reemplazo de Jorge Lawson, que pasará a cumplir funciones en el Ministerio de Comunicación y Estrategia.

El diputado nacional, Francisco Fortuna, reemplazará al ministro de Salud, Carlos Simón, y el intendente de Melo, Julián López, asumirá en la cartera de Agricultura, en lugar delrenunciante Néstor Scalerandi.

El intendente de Morteros, Germán Pratto, asumirá en la Secretaría de Ambiente, en reemplazo de Luis Federico Bocco; y el intendente de La Calera en la Secretaría de Asuntos Municipales de la cartera de Gobierno y Seguridad.

Los nuevos ministros asumirán en sus funciones el próximo miércoles a las 17 en Casa de Gobierno, después de la reunión que De la Sota tiene prevista con el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

El nexo del narcoescándalo con los saqueos

Tomás Méndez, conductor del programa periodístico ADN  que denunció a los narcopolicías, dijo que el acuartelamiento de la policía cordobesa está directamente relacionado con la trama del narcotráfico. “El origen del conflicto no fue salarial, sino que inicialmente fue un reclamo para que retorne la forma de recaudación ilegal que cayó por el narcoescándalo. Como la policía ya no consigue la renta por caja negra, lo quiere hacer en blanco. Muchos de los saqueos fueron provocados por la policía, no cualquiera puede robar como se hizo en Córdoba, hay tener el espíritu delincuencial”, dijo Méndez a Infojus Noticias. Y enfatizó: “Esto fue un mensaje para el gobernador. La policía ya tiene su castigo social, por más que se cambien nombres. El poder político no cambió”.

Otros medios de Córdoba atribuyeron los saqueos a una crisis de la fuerza policial y no vieron relación con el narcoescándalo. El periodista Waldo Cebrero consideró que lo que se visibilizó con los saqueos fue un estallido “tras una crisis que viene de antes del narcoescándalo, porque el gobernador De la Sota se propuso modernizar la fuerza policial pero sin pagar buenos sueldos y sin profesionalización. En Córdoba tuvimos un 80 por ciento de la fuerza acuartelada, y no es posible vincular esa protesta con el narco escándalo, donde sólo hay jefes procesados. Lo que sí ocurrió fue una débil reacción política: la policía estuvo 30 horas de paro y no se tomaron las medidas preventivas. Los saqueos pudieron haberse evitado”.

En tanto el fiscal federal Enrique Senestrari, que investiga el narco escándalo, desestimó la hipótesis de Méndez y dijo a Infojus Noticias que “no hay pruebas concretas que relacione una cosa con la otra”. En este sentido, aclaró: “No tengo ningún dato como fiscal para pensar que lo que ocurrió tiene que ver con mi caso. No lo niego, pero no tengo pruebas”

Por último, tanto Senestrari como Cebrero pusieron el foco en investigar lo que ocurrió en los días posteriores después de los saqueos. “En el barrio Nueva Córdoba hubo un grupo de gente que se dedicó a golpear a morochitos que manejaban motos –dijo el fiscal-. Esas reacciones permitieron ver las miserias humanas de ciertas clases sociales, reacciones que están amparadas por el código de faltas provincial. Habría que investigar no sólo la actitud de los saqueadores, sino a  las personas que apalearon a los chicos”.  Cebrero, por otra parte, dijo que “la policía se infiltró en las casas particulares con la excusa de buscar los objetos robados en los saqueos y se manejó sin límites. Como hay un estado de psicosis social, nadie cuestionó ese accionar, pero en las calles hubo quienes sufrieron el acoso policial, como las prostitutas y los pobres”.