Denuncia penal contra Sbase y Metrovías por no adecuar la tarifa del subte
La denuncia es por “desobediencia a la autoridad” a la orden de la jueza Elena Liberatori, que había dispuesto la modificación de la tarifa del subte.
Télam
El legislador porteño Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, denunció a las empresas Sbase y Metrovías por “desobediencia a la autoridad”. Luego del último incremento de la tarifa del subte, el legislador presentó un amparo para que se dejara sin efecto. Esto en razón de “entender que el mismo era infundado, caprichoso e irrazonable”. La doctora Liberatori dispuso el 14 de marzo “una medida cautelar ordenando al GCBA adoptar las medidas necesarias tendientes a corregir los desequilibrios del sistema tarifario, y posteriormente, con fecha 17 de abril, dictó una resolución corrigiendo tales desequilibrios”.
Hasta hoy Juan Pablo Piccardo, como máxima autoridad de SBASE, “no ha cumplido con una resolución judicial y, a su vez, Metrovías S.A. actualmente se está beneficiando económicamente de tal incumplimiento a costas de los usuarios”.
En la resolución de la jueza Liberatori se dispuso crear un abono de 20 viajes por $85, hacer abonos mensuales con descuento por acumulación, entre otras medidas similares. “De esta manera, por ejemplo, el costo del abono de 50 viajes sin vencimiento debe ser de $185, pagando entonces el usuario $3,66 por cada viaje, que contrastan con los $4,50 que abona hoy ante el incumplimiento de la orden judicial arriba citada”, dice la denuncia actual.
“La realidad de los hechos”, dice el legislador, “es que tanto Sbase como la concesionaria privada Metrovías S.A. hasta la fecha no han acatado la orden judicial en cuestión”. Basta acercarse a cualquier ventanilla del subte para constatar que no pueden comprarse los abonos y que la tarifa sigue siendo la misma tras el aumento. Y las consecuencias de esta “desobediencia” que denuncia Bodart es que “la concesionaria se beneficia en el plano económico, y se comete a sabiendas de la existencia de una resolución judicial que impide tal enriquecimiento”. Además, la denuncia aclara que desde el punto de vista institucional, Piccardo y Metrovías S.A., están “pretendiendo colocarse por encima de uno de los poderes del Estado con el solo propósito de asegurarle la tasa de ganancias a una empresa privada en detrimento del bolsillo de los pasajeros”.
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