Infojus Noticias

Silvia Susana Suppo fue asesinada la mañana del 29 de marzo de 2010 de nueve puñaladas, mientras atendía su talabartería “Solo cueros”, en Rafaela, provincia de Santa Fe. El homicidio más violento de la historia criminal de la ciudad fue contra una mujer desarmada, que nunca ofreció resistencia, y por un botín magro: los matadores se alzaron con 400 pesos, alhajas y su celular.

Esa mañana, cuando los hijos de Suppo y algunos abogados llegaron al lugar, no había fajas de seguridad ni vallado perimetral, ni otro indicio que hiciera suponer un procedimiento de la policía de investigaciones. Según la familia, las breves pericias policiales se sucedieron en una escena plagada de curiosos y no hubo en esos operativos ningún juez ni funcionario judicial.

Suppo había sido secuestrada en 1977 durante la dictadura. La habían torturado y violado en la comisaría 4ta. Y había sido obligada a abortar en otro centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), conocido como La Casita, cerca de Santo Tomé. Era una militante histórica y sus recuerdos de aquel horror habían sido cruciales para incriminar a los grupos de tareas santafesinos, entre los cuales operaba el ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por su complicidad con la represión ilegal.

Los primeros meses, a pesar de la voz de alerta de familiares y sus compañeros de militancia, la justicia provincial direccionó el caso hacia un homicidio común. En menos de 24 horas la policía tenía dos sospechosos. Eran Rodrigo Ismael Sosa -Sosita para media ciudad de Rafaela-, un pibe de 18 años, analfabeto, que lavaba autos a la vuelta del negocio y tenía algunos robos menores, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22 años, sin antecedentes penales.

“Nosotros no estamos seguros de que sean ellos. Son pibes sin antecedentes, la mecánica del crimen no concuerda con la autopsia, y la autoimplicación fue en sede policial”, dijo Marina Destéfani, hija de Suppo y querellante, en diálogo con Infojus Noticias. En la comisaría confesaron la autoría del crimen. Ante el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi, ambos dijeron que fueron a robarle, y que la mataron para que no los reconociera.

Pero a lo largo de la investigación, hubo elementos que se empeñaban en contradecir al juez. Un testigo de identidad reservada vinculó el crimen a Brusa y mencionó a dos personas: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez. Según averiguaciones de la querella, Mendoza estaba preso en la cárcel de Las Flores, donde está el ex juez, y podría ser el nexo entre los cerebros del crimen y los sicarios. “Era una pata de la cana. Tenía un buen lazo con la policía de acá y la santafesina”, dijo Destéfani. Rodríguez, por su parte, había salido una semana antes de la cárcel por un crimen y cayó por asalto a mano armada una semana después. “Podría ser el contacto con los sicarios”, cree Destéfani. “Al menos que los llamen a declarar. Que justifiquen dónde estaban ese día”, agregó la mujer.

La familia pidió que el expediente pasara al fuero federal. Luego de un conflicto de competencia, la Cámara Federal decidió que investigara el juez Reinaldo Rodríguez. En junio de 2012 y abril de este año, Rodríguez les dictó el sobreseimiento a Mendoza y a Rodríguez. Ello no sólo significaba desvincularlos de la investigación, sino clausurar –en la práctica- la pista del crimen por encargo, ya que recortaba las responsabilidades a los autores materiales.

La Cámara Federal de Rosario revocó el fallo en ambas oportunidades. “Le asiste razón a los querellantes. La investigación no se encuentra agotada”, se expresó la última vez. También dictó la falta de mérito para Rodríguez y Mendoza (es decir, que no existen pruebas hasta el momento para procesarlos) y ordenó una batería de medidas tendientes a agotar la posibilidad del crimen político.

Entre ellas, la declaración de María Cristina Palacios, quien vio a Emiliano Rodríguez cerca de la escena del crimen y nunca fue citada, y el testimonio del remisero de Rafaela que trasladó a Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres desde la escena del crimen hasta la terminal.

En abril pasado, luego del fallo de la Cámara, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella de los hijos de Silvia lo recusaron. “Había adelantado opinión”, explicó Destéfani. En el escrito de sobreseimiento de Rodríguez y Mendoza, el juez había asegurado tener “la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo”. “Y además, hubo filtración de información sensible a la prensa, no se respetaron nunca los plazos que pedimos, y convocó a la PSA sólo para tres de las veinte medidas que pedimos”, agregó la hija de Suppo.

El juez, que se resistió cuanto pudo a aceptar la causa, rechazó instanáneamente la recusación y se aferró con tozudez al expediente. “En los pasillos, nos había dicho que estaba de acuerdo con que lo recusáramos”, contó la querellante. “Siempre hubo presiones del gobierno de la provincia y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, nos lo han dicho, nos consta”.

Hace dos meses que la Cámara Federal tiene la última palabra. Deberá decidir si otro juez sigue investigando el crimen.