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Durante la sesión de ayer el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó dos proyectos conjuntos de los legisladores del Frente por la Victoria y del Partido Justicialista, Patricio García y Santiago Carrera. Uno de ellos promueve el libre acceso a la información pública y el otro crea, en el ámbito de la Cámara Alta, un organismo de contralor de la administración del poder judicial. Las iniciativas se enmarcan dentro de los proyectos de reforma judicial en la provincia impulsado por el vicegobernador, Gabriel Mariotto.

La primera ley, que acompaña otras propuestas que intentan transparentar los diferentes niveles de la gestión pública provincial, establece que los acuerdos y las sentencias del poder Judicial serán de acceso público en las páginas web correspondientes. Y hace extensiva la publicidad al Boletín Oficial (actualmente de acceso restringido), los diarios de sesiones de ambas Cámaras legislativas y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y demás órganos jurisdiccionales provinciales inferiores.

Además, incorpora la obligación de la Corte y los tribunales de publicar un listado actualizado diariamente de las causas en trámite en todos los fueros. Actualmente el sitio web de la Corte permite acceder a esta información en los fueros Civil, Laboral y Contencioso Administrativo.

El proyecto de resolución que crea el  “Observatorio de Administración de Justicia” tiene como objetivo “el análisis y la consideración de la memoria o informe anual que la Suprema Corte de Justicia debe pasar a la Legislatura, a fin de poner a disposición de los legisladores la mayor cantidad de información”. Así, colabora en el mejoramiento de la administración de Justicia, tal como la prevé el artículo 165 de la Constitución provincial”, dijo la presidenta del bloque FpV/PJ, Cristina Fioramonti.

A través de un comunicado, Fioramonti explicó que el proyecto sobre el libre acceso a la información pública tiene como finalidad “el fortalecimiento de los pilares básicos de nuestro sistema republicano de gobierno, orientado hacia una mayor democratización en la toma de decisiones de políticas públicas y de los actos de gobierno y ampliar el acceso la información a toda la ciudadanía”.

La Ley de Ministerio Público Fiscal con la Autonomía de la Defensa, la de la Secretaría de Jury de Enjuiciamiento o el nuevo Consejo de la Magistratura son otras leyes que precedieron a la aprobada ayer y que siguen la misma línea.