En 2009 hicieron una inspección en el taller mecánico de un efectivo de la Federal de Almirante Brown, y lo retuvieron en una comisaría para extorsionarlo. Después de cuatro años, una investigación de Asuntos Internos llena de amenazas y un proceso judicial, los efectivos fueron condenados a 10 años de cárcel.
El mediodía del 16 de abril de 2009 cinco policías de la comisaria de Glew fueron hasta un taller mecánico de esa localidad del conourbano bonaerense. Durante el operativo encontraron autopartes con pedido de secuestro y acusaron al dueño, Juan Fernando Talavera González – que era agente de la policía federal - de tener un desarmadero. Lo retuvieron junto a su esposa e hijos y horas después lo llevaron a la comisaría. Pero todo se dio vuelta. El operativo terminó siendo una treta para sobornar a Talavera y terminó con la condena de los cinco efectivos, acusados de “secuestro extorsivo agravado y violación de los deberes de funcionario público”. Cuatro de ellos -Gustavo Velázques, Juan Carlos Susavilla, Adrián Soria y el ex comisario, Roberto Garcete- fueron condenados este mes a 10 años y medio de prisión y el quinto, Gabriel Corso, a una década.
“Ellos –por los policías- entraron a la casa y taller de Talavera en cumplimiento de la ley dictada contra los desarmaderos. Supuestamente fue para hacer una inspección y habrían encontrado autopartes que tenían pedido de secuestro. Fue entonces cuando comenzaron con una conducta extorsiva hacia Talavera”, dijo a Infojus Noticias una alta fuente judicial vinculada a la causa.
Después de varias horas de comenzado el operativo, Talavera fue llevado a buscar a Carlos Olivera, un electricista al que acusaron de ser su cómplice, “porque habría llevado hasta ahí las partes con pedido de secuestro”. Los trasladaron a la comisaria de Glew, donde los mantuvieron detenidos ilegalmente. La entrada nunca se registró en la seccional. El allanamiento en el taller se sumó a las estadísticas de la lucha que supuestamente mantenían contra los desarmaderos, explica el Diario Conurbano, que dio a conocer la noticia de la condena a los efectivos bonaerenses. La justicia comprobó que mientras Talavera permanecía detenido en la comisaría, en su taller se cortaban autos para simular el desarmadero y armar la causa en su contra. Fuentes judiciales se lo confirmaron a Infojus Noticias.
Los policías le dijeron a Talavera que su situación “se arreglaba solo con dinero” porque estaba muy complicado. Talavera llamó a un amigo, también efectivo de la federal, para que lo ayudara. Su amigo negoció con los policías y después le dijo a Talavera que tenía que pagar para ser liberado. Le sugirió vender un Peugeot 504 que tenía. A las 11 de la noche, casi 12 horas después de que todo comenzara, Talavera y Olivera fueron liberados. Pero la odisea para el mecánico no terminó ahí.
Denuncias y amenazas
Talavera decidió denunciar a los efectivos de la Comisaría de Glew ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y ante la Justicia de Lomas de Zamora. Fue entonces cuando comenzó a recibir amenazas de parte de los mismos imputados. Las presiones fueron tan grandes que el abogado que lo patrocinaba dejó de hacerlo por temor a las represalias.
El mecánico fue entonces a ver a otro abogado que lo llevó a hablar con los efectivos de la comisaría, quienes le recomendaron que retire la denuncia. El abogado y los efectivos lo acompañaron para que retirara la denuncia a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Personal de esa dependencia reconoció a Talavera.
- ¿Vos está seguro que venís por voluntad propia?- le preguntaron.
- No
El mecánico confesó las presiones a las que estaba siendo sometido. Detuvieron a los efectivos de la policía y al abogado, que resultó no serlo. En el auto en el que lo habían trasladado hasta la ciudad de La Plata, donde están las oficinas de Asuntos Internos, había pistolas y una escopeta.
“Por esa causa intervino la justicia platense. Hubo un juicio que ya terminó y que tuvo a Juan Carlos Susavilla como condenado. Ahora debe estar en el tribunal de Casación”, explicó a Infojus Noticias el funcionario judicial que pidió no ser nombrado.
El camino judicial
Por los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009, el fallo del tribunal oral n° 2 de Lomas de Zamora fue unánime. Los jueces Marta Carranza, Silvia González y José Luis Arabito encontraron culpables del delito de “secuestro extorsivo agravado y violación de los deberes de funcionario público” a Gustavo Velázquez, Juan Carlos Susavilla, Gabriel Corso y Adrián Soria, y al ex comisario Roberto Garcete, todos ex efectivos de la comisaría de Glew. Menos Corso, que recibió una condena de 10 años, todos recibieron condenas de 10 años y seis meses de prisión.
Todos los acusados llegaron al juicio en libertad y fueron detenidos apenas conocida la sentencia. Al momento del debate, solo Corso seguía desempeñando funciones en la fuerza. “Todos los demás fueron exonerados tras la investigación de Asuntos Internos que, al igual que la judicial, corroboró la responsabilidad de los acusados”.
Durante el proceso judicial, Talavera contó que el oficial Soria le había dicho que la denuncia que les molestaba era “la de Asuntos Internos, no la de Tribunales, porque mi papá es policía y trabaja con el ministro (sic) y esa denuncia en Tribunales puede durar lo que ´un pedo en una canasta”, se señala en el Diario Conurbano.
Este hecho como todos los anteriores pudieron ser comprobados durante el juicio. Los testimonios fueron lapidarios. Las pruebas también. La investigación preliminar que realizó la Justicia de Lomas de Zamora y la de Asuntos Internos fueron exhaustivas. En la etapa de instrucción intervino la UFI N° 14 por entonces a cargo del fiscal, Esteban J. Berriel y luego, al momento del juicio, fue el turno de la fiscal, Marcela Dimundo. En la requisitoria de elevación a juicio el delito que se les reprochaba era privación ilegítima de la libertad coactiva agravada (art. 142 inc 5° del código penal) en concurso real con violación de los deberes del funcionario público. En la sentencia finalmente se los condenó por secuestro extorsivo agravado (art. 170 inc. 5º del CP). Tienen prevista la misma pena.
Los defensores de los policías condenados presentarán un recurso para apelar el fallo. El día en que sus defendidos fueron condenados, ellos habían ido a los tribunales de Lomas de Zamora “muy relajados”, porque estaban seguros que todos iban a ser absueltos. Se fueron detenidos.