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Los integrantes de la Comisión de Seguridad del Senado Bonaerense tratarán el proyecto de policía comunal enviado por el Poder Ejecutivo.  Se prevé que la iniciativa sea modificada y dos días después,  tratada en la Cámara alta donde  probablemente recibirá media sanción.  

También se buscará establecer el juicio por jurados para delitos graves que supongan la posibilidad de una pena de 15 o más años de prisión.

El de las policías municipales para distritos de más de 100 mil habitantes generará un importante debate. No todos los intendentes están dispuestos a hacerse cargo de una fuerza de seguridad. El massismo quiere que la Provincia se siga haciendo cargo de los gastos, pero dada la situación financiera de la provincia, no hay garantías de que el dinero llegue en tiempo y forma. Por lo que los gastos deberían salir de las arcas municipales.

En el proyecto original se prevé que el manejo real de la fuerza siga a cargo del Ministerio de Seguridad, pero es probable que esto sea cambiado en la reunión de la Comisión de seguridad.

Juicios por jurados

Otro de los objetivos de Scioli es el de los juicios por jurados. Esto implica que se harán listas de ciudadanos en condiciones de decidir en un juicio la culpabilidad o inocencia de un acusado por delitos graves. El proyecto de ley sobre el juicio por jurados establece que 15 días después de publicada la ley en el Boletín Oficial, la junta  electoral deberá confeccionar los listados de ciudadanos en condiciones de formar parte del tribunal.

Se deberá designar un potencial jurado cada mil ciudadanos en cada departamento judicial. Aunque el juicio por jurado está incluido en la Constitución, hasta ahora solo fue implementado en la provincia de Córdoba, donde funciona un sistema mixto.

El requisito para ser jurado es tener entre 21 y 65 años, ser argentino o naturalizado y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Quedan excluidos de desempeñar ese rol los funcionarios públicos, abogados, escribanos o procuradores, integrantes del Poder Judicial y fuerzas de seguridad.

A nivel social y cultural también se generarán cambios ya que los ciudadanos tendrán participación en la Justicia, ya que tendrán una participación directa en la decisión de enviar a alguien a la cárcel o dejarlo en libertad.

El paquete de leyes de Seguridad diseñado por el gobierno bonaerense se completa con la ley de excarcelaciones,  que fue aprobada el 13 de junio pasado.

Ésta restringe excarcelaciones para los imputados por tenencia y portación ilegítima de armas que resistan el accionar policial o intenten fugarse.

La ley de pacificación es una segunda versión de la que había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ante un planteo de organismos de derechos humanos entre los que estaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para el CELS cualquier ley que envíe a más personas a prisión no hará más que agudizar la grave  situación carcelaria, donde hay más de 29 mil presos en lugar de los 19 mil que debería haber.