Infojus Noticias

La vida de Ricardo Carlos Araya, un jubilado de 76 años que cobra la mínima, transcurría con calma aunque no sin tristeza: le costaba estar solo después de la muerte de su esposa. Además, por un problema de presión, la mitad de su cuerpo quedó paralizado y empezó a usar bastón. Hace cuarenta años que vive en una casa de Pacheco y sólo sale a visitar a su hijo, que reside a metros de la suya. Pero una mañana su vida dio un giro inesperado: recibió una notificación judicial donde lo intimaban a pagar una deuda de ABL de casi 16 mil pesos al municipio de Tigre. Si no lo hacía, le rematarían la casa.

El caso lo dio a conocer hoy el diario El Argentino de zona norte. Infojus Noticias estuvo hoy en la casa de Ricardo, que está a tres cuadras del campo de Golf de Pacheco y luce abandonada. Ricardo, que fue albañil y nació en Córdoba, vive en una pieza: allí tiene un colchón, una lámpara de kerosene, una mínima vajilla. Cuando llueve, la chapa cede y la habitación de tres por tres se inunda. “Cuando vine no había nada ni nadie alrededor, solamente una quinta enfrente. Lo primero que hice fue mandar a construir los cimientos, aunque nunca pude avanzar en su ampliación. Si me la rematan, no me van a quedar fuerzas para seguir viviendo”, dijo. Afuera hay una heladera herrumbrada. Adentro, en el centro de la pieza, en la pared sin revoque, una foto de su mujer vestida de novia.

Con la intimación judicial en mano, Ricardo fue hasta ANSES y se entrevistó con el titular, Martín Gianella. “Estaba asustado, perdido, no sabía qué hacer. Pudimos constatar que es discapacitado y cobra el haber mínimo jubilatorio. El municipio le inició una causa porque tiene una deuda. La demanda es por apremios y fue realizada a través de un juzgado civil de San Isidro. De inmediato, le dijimos que fuera a las oficinas tributarias del municipio, porque entendemos que en su situación social está eximido de pagar impuestos. Pero le plantearon objeciones y le dijeron que si no paga, le rematan la casa”, dijo Gianella a Infojus Noticias.

El funcionario explicó que la eximición de cobro para casos como el de Ricardo está fundada en la ordenanza fiscal 2014 del propio distrito de Tigre, que dice en su artículo 110: “La autoridad de aplicación podrá eximir por edad avanzada, considerada a partir de los 70 años, con la condición que la propiedad por la cual se solicite la liberalidad sea habitada únicamente por el contribuyente”. Si bien la totalidad de la parcela superaría mínimamente el polémico requisito que el distrito incluyó en la ordenanza fiscal -500 metros cuadrados-, Gianella puso el foco en la condición socioeconómica del jubilado.

“El municipio priorizó mandarle una orden judicial –explicó el funcionario- antes de conocer cómo vive. Nosotros fuimos a visitarlo y comprobamos que el señor vive en condiciones precarias, de pobreza. En esa zona no hay agua corriente y encima se le rompió la bomba, que extrae agua de pozo. La casa la empezó a construir hace un tiempo pero no la pudo terminar. Es una zona de casas quintas, son terrenos que cotizan”.

Gianella se comunicó con el bloque de concejales del Frente para la Victoria (FpV) y los puso al tanto del caso de Araya. De inmediato, el titular del bloque, Gustavo Piantino, pidió un informe por escrito al municipio. ¿Con qué objetivo? Para saber si hay otros casos, y además conocer cuáles son los criterios para abrir causas judiciales.

En diálogo con Infojus Noticias, la concejala Roxana López contó el caso de una vecina que hace un año se acercó a su oficina. Le contó que había hecho los trámites para eximirse por el pago de ABL, pero que seguían llegándole las facturas. Aun viviendo en mejores condiciones sociales que Araya –su casa está en el centro de Tigre y no depende del haber mínimo- a la mujer la atrapó, como si fuera un personaje kafkiano, el laberinto de la burocracia. “Tuvo que pagar la deuda para quedar luego eximida. Cuando consultó por su expediente, le dijeron que lo habían perdido y de no haber sido por su hermana, que la ayudó a juntar los papeles, le hubieran embargado su casa. Son las trampas de la burocracia. Hay falta de información, hay desidia y maltrato para con los jubilados, que son una de las poblaciones más vulnerables”, contó López, que también pidió explicaciones a la subsecretaria de Programación Tributaria de Tigre.

Para Piantino, lo que está en el fondo del caso de Araya es la especulación inmobiliaria. “El barrio donde vive está creciendo y las tierras son muy cotizadas”, dijo. A su vez, el mismo jubilado aclaró su situación: “Les dije que no podía pagar y me dijeron que lo haga igual. Se ve que quieren el terreno para ellos, pero esta es mi casa y no tengo otro lugar donde vivir, me quieren dejar en la calle”. Piantino agregó: “Nuestro planteo no es sólo en términos jurídicos, porque el terreno tiene un poco más de 500 metros cuadrados pero vive en condiciones de pobreza. ¿Qué mirada, qué derechos debemos priorizar, entonces?”.

Desde ANSES sospechan que Araya no sería el único jubilado  en tener deudas con el municipio. Según concejales del FPV,  desde el año pasado hubo un aumento del 60 por ciento en impuestos. “Entendemos que podrían existir más casos y por eso hicimos los pedidos de relevamiento correspondientes. Un jubilado que cobra la mínima no puede pagar las cargas impositivas. Con la población más vulnerable debemos aplicar la exención, sino tendremos una crisis social. Pero con su modelo regresivo, este municipio privilegia a los ricos y condena a los pobres”, enfatizó Piantino.