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Reina Maraz está detenida por el homicidio de su marido en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, desde noviembre de 2010. Estuvo un año encerrada sin comprender el proceso judicial que la mantenía presa. Es que Reina no habla castellano. Nació en Bolivia, en una comunidad kichwua y se comunica a través de su lengua materna, el quechua. El poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias que puedan garantizar un pleno acceso a la Justicia a los migrantes y originarios como en el caso de esta mujer detenida.

Reina llegó al país con 21 años. Fue a fines de 2009. Vino, como muchos migrantes, junto con su marido Limber Santos y sus hijos, en búsqueda de trabajo. Primero se radicaron en un asentamiento porteño, trabajaron en la costura textil, después llegaron hasta Florencio Varela. Ahí trabajaron en una fábrica de ladrillos. Durante todo ese tiempo, Reina fue víctima de violencia de género. Limber la maltrataba y abusaba de ella. También la entregaba a un vecino que abusaba sexualmente de ella a cambio del pago de deudas que mantenía con Limber.

Un día ese contexto de violencia tuvo un techo y Reina mató a su marido. Cuando la detuvieron la mujer estaba embarazada. Ahora su hija tiene dos años y vive con ella en el penal de Los Hornos. Hace casi tres años que no ve a su hijo más grande, que hoy tiene 8 años. Quedó al resguardo de la familia de su marido. Después del crimen Reina perdió todo contacto con ellos.

En noviembre de 2010 el área de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó la unidad donde estaba detenida Reina y se encontró con que la mujer desconocía las razones de su encierro. El organismo gestionó la posibilidad de que Reina se entrevistara con una intérprete que le explicara eso que nadie había podido poner en palabras. Ante la intérprete, la mujer boliviana, por primera vez, pudo hablar de lo que había pasado. Hasta ese momento su caso no había sido contextualizado como un caso de violencia de género, se investigaba como un simple homicidio.

“La Justicia provincial no está preparada para este caso. No es lo mismo un traductor que un intérprete. El intérprete incorpora las pautas culturales”, explicó a Infojus Noticias Margarita Jarque, del área de Litigios de la CPM que intervino en el caso.

En la Asesoría Pericial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sólo hay traductores de los idiomas convencionales como inglés y de francés. No cuentan con expertos de lenguas originarias. Cuando la CPM intervino en el caso propuso como intérprete a Frida Rojas, una mujer de origen quechua que vive hace 25 años en Argentina.

El debate oral en el que se juzgará a Reina será en marzo del 2014. Pero en la etapa fundamental de investigación, la instrucción de la causa, la mujer no pudo dar su testimonio. La Justicia no la escuchó o no tuvo los recursos suficientes para hacer lugar a esa escucha.

Después de la intervención de la CPM, en abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes, a cargo del Dr. Diego C. Agüero, declaró como nula la única audiencia en la que Reina había declarado y pidió que se le tomara una nueva declaración ante los intérpretes propuestos por la CPM.

En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por pedido de la CPM, ordenó que Frida Rojas sea incorporada en el expediente formalmente. En abril de este año, a casi tres años de su detención, Reina tuvo la posibilidad de una primera declaración ante el TOC Nº1 de Quilmes. Rojas iba explicando lo que Reina le contaba.

La semana próxima la CPM presentará un amicus curiae  ante el TOC Nº1 de Quilmes visibilizando las condiciones procesales en las que Reina llegará a juicio. Ninguna de las partes puede ofrecer pruebas porque la instrucción ya fue cerrada, por lo que la voz de la mujer boliviana no aparecerá en el expediente.

“Es un caso testigo que permite visibilizar algunas situaciones que dificultan el acceso a la Justicia. En la misma unidad 33 se acercó una interna condenada de la misma comunidad Kichwua que Reina. Hay que tener en cuenta la extensa población migrante de nuestro país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires”, dijo Jarque.

La figura del intérprete es una garantía del acceso a la defensa de juicio. El convenio 169, un pacto internacional sobre pueblos indígenas y tribales, al que adhiere Argentina desde 1989, plantea que “deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. Ese pacto, como tantos otros vinculados a las garantías, no se están cumpliendo en el caso de Reina.