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La investigación judicial que sacudió a Córdoba hoy cumple 20 semanas. El caso que investiga el fiscal federal N°1 Enrique Senestrari, descabezó la cúpula de Seguridad provincial y mandó a prisión a una decena de policías antinarcóticos, sospechados de integrar una asociación ilícita vinculada a narcotraficantes.

Mientras espera que finalice la feria judicial, Senestrari afila el lápiz y anticipa que irá por más. El funcionario tiene todo listo para ordenar–en la primera semana de febrero– nuevas imputaciones y no descarta detener a más efectivos de la Policía de Córdoba. “Ampliaremos las imputaciones a las personas ya detenidas. Eso ya está preparado”, explicó a Infojus Noticias. “Pensábamos avanzar en ese sentido a fines del año pasado. Pero lo que se hizo fue presentar un escrito al juez de la causa, (Ricardo Bustos Fierro) con el detalle de los hechos, para que dicte prisiones preventivas”, añadió.

Senestrari prefiere no adelantar detalles sobre posibles detenciones. En diciembre, en el cuarto piso de Tribunales Federales, donde tiene su despacho, se había instalado con fuerza el rumor de la inminente imputación de Alejo Paredes, el comisario que trepó hasta ministro de Seguridad, y que fue eyectado por el escándalo cuando se conoció el caso.

El misterio se resolverá después de la feria. “Desconozco si durante el receso se habilitó la feria para dictar alguna medida”, dijo el fiscal. Las últimas novedades del expediente son del 23 de diciembre pasado, cuando el juez Bustos Fierros decidió denegar la excarcelación al principal implicado de la causa, el ex director de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, comisario Rafael Sosa.

Ese mismo día el magistrado dispuso liberar al suboficial Mario Enrique Osorio, uno de los cinco primeros detenidos del caso. El 11 de septiembre, cuando lo capturaron en su casa encontraron una picana eléctrica, una decena de chalecos policiales, y parte del uniforme de su colega, el oficial principal Juan Alós, uno de los policías investigados  y  que luego apareció muerto en un auto de Drogas Peligrosas, con un disparo en la cabeza, la madrugada del 8 de septiembre.

El ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, Gustavo "El Huevo" González, pasó en prisión apenas un mes y medio, desde el 4 de noviembre hasta el 20 de diciembre. “Gonzáles es una persona clave en el caso. Es quien manejaba la información y que tiene toda las posibilidades de entorpecer la investigación, por eso también voy a pedir que vuelva a ser encarcelado”, dijo Senestrari.

Desde la cárcel, el comisario intentó eliminar pruebas que podían comprometerlo. Senestrari asegura que, a través de un uniformado que fue a visitarlo a la celda, González envió un mensaje que debía llegarle a un alto mando del área de Drogas Peligrosas, quien –a su vez– debía borrar información del disco duro de una PC. “El mensaje, por suerte, llegó antes a la justicia”, dijo el fiscal.

En total, la causa tiene 11 imputados, acusados de cometer delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica. Hay siete policías detenidos, mientras que aún mantiene su libertad el único civil del caso, el enigmático Juan “El Frances” Viarnes, que hizo trabajos sucios para los policías y luego se arrepintió, y los denunció. De acuerdo con los dichos del fiscal, febrero podría ser un mal mes para “El Frances”, el agente encubierto ilegal que usaban los uniformados para armar causas judiciales. Senestrari planea también ampliar su imputación.

En cuatro meses de investigación, el instructor pudo recabar pruebas suficientes para comprobar dos hechos puntuales: la utilización de Juan “El Francés” Viarnes como agente ilegal encubierto, y la confección de oficios judiciales con datos falsos. En ambos casos, se trataba de hacerlo que se conoce como “embagallar” o armar causas judiciales relacionadas al tráfico drogas. Testimonios, documentos y material fílmico acreditarían esos hechos. En lo que sería un tiempo record para la justicia federal cordobesa, el fiscal podría solicitar la elevación a juicio para algunos imputados en este semestre.

En ese cuadro, Rafael Sosa y el Gustavo “El huevo” González, dos cuadros de la seguridad del gobierno de José Manuel De la Sota, aparecen más complicados. “Entre las pruebas que los comprometen, hay un informe que fue secuestrado del escritorio de ambos, y en el caso particular de Sosa, hay declaraciones que confirman que permitía y mantenía oculto el trabajo de Viarnes”, señaló el fiscal

El documento en cuestión es el “informe 49” de autoría de González. Para el fiscal, en ese escrito quedaría demostrado el vínculo entre el agente encubierto ilegal Juan “el Francés” Viarnes y los jefes de Drogas. El mencionado informe incluiría la desgrabación de una conversación hecha por Inteligencia de Drogas en la casa de Viarnes, en una reunión de éste con dos narcotraficantes.

La otra prueba es el testimonio del comisario Daniel Nis, quien era segundo de Sosa durante los hechos, y su sucesor al frente de Drogas, cuando este fue preso. Senestrari dijo que, a mediados de año, el comisario Nis se presentó en su fiscalía acompañado de Juan Alós. Le comentó entonces que contaban con "la colaboración de un informante", que podía aportar en las investigaciones. Senestrari le advirtió que no lo hicieran, porque "era ilegal".

En su declaración, Nis contó que le transmitió la "recomendación" del fiscal a Rafael Sosa, y le solicitó que dejara de usar a Viarnes. La respuesta que aparentemente obtuvo, fue: "Después lo vamos a apartar. Si lo sacamos ahora se me cae la investigación." En ese sentido, Senestrari dijo que el ex jefe de Drogas Peligrosas está "más comprometido que nunca".