Infojus Noticias

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, anunció hoy que el gobierno bonaerense rectificará la documentación y el registro de identidad de Lulú, una niña trans que batallaba hacía un año en las instancias prejudiciales para que se reconociera su identidad autopercibida, tal como lo estipula la ley de identidad de género.

Lulú y su hermano son mellizos. Ella nació con genitales masculinos, y hasta que aprendió a hablar, tenía nombre de varón. Después se asumió nena, y entre sus primeras palabras esbozó “yo, princesa”. Su mamá, Gabriela, transitó la tensión de un hijo que se reconocía nena, a la par de la contradicción propia y el castigo social del entorno con el que Lulú tenía –y tiene- contacto cotidiano. A los cuatro años, Lulú eligió su nombre, y su mamá entendió que no debía imponerle una identidad que no era suya.

Así comenzó el desafío de acompañar a Lulú en su identidad autopercibida, y también el calvario de la incomprensión, la negación y la discriminación ante cada ocasión en que su mamá la lleva a inscribirse a una actividad –un taller, danza, patín-, cuando acuden a la guardia de un hospital para que la atiendan o ante la necesidad de llevarla para que le coloquen las vacunas previstas en el calendario. Ahí el problema es el DNI.

“¿Por qué una nena de seis años, como Lulú, ya sabe qué es el Documento Nacional de Identidad?”, disparó Marcelo Suntheim, miembro de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en diálogo con Infojus Noticias. Se refería a la necesidad de contar con ese respaldo para quebrar el reproche social. En el mismo sentido se pronunció Valeria Paván, psicóloga y coordinadora del área de salud de la CHA, y asesora técnica en el Programa de Atención Integral para Personas Trans del Hospital Durand. Para Paván, “un nuevo documento con su nombre y su foto acordes a su identidad de género autopercibida contribuiría a permitirle que construya su identidad en una forma aliviada y no tan traumática”.

La ley de identidad de género

En mayo del año pasado se sancionó la ley 26.743, luego de diversas iniciativas que no habían logrado el avance parlamentario, promovidas desde la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (que estuvo constituido por la mayorías de las organizaciones trans del país, la CHA, y cientos de expertos independientes), y otras entidades. Con el impulso del Gobierno nacional, la ley fue sancionada y promulgada. La norma estableció un mecanismo que no “patologiza” la condición de travestis, transexuales y transgéneros; y que reconoce el derecho de esas personas a ser inscriptas en el Registro Civil de acuerdo a su nombre y género autopercibido.

En su artículo quinto, la nueva ley prevé expresamente que para aquellas personas menores de edad, el trámite debe realizarse a través de los representantes leales del menor –padre, madre o tutor- y “con expresa conformidad del menor”, lo cual reconoce la capacidad de decidir del niño o niña. Y aclara: “teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a”. Luego, la ley se remite a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Un retroceso de veinticinco años

Lulú y su mamá se dirigieron al registro de las personas de la Provincia de Buenos Aires, y debieron insistir durante un año para que se rectificaran sus datos registrales. Finalmente hoy, el Ejecutivo bonaerense accedió a la petición. La solicitud de cambio de nombre y género registrales fue denegada de forma rotunda en los primeros intentos, no sólo por la titular del registro, Claudia Corrado; sino también por el asesor de Menores e Incapaces del Tribunal de Morón. Ambos consideraron que, tal como establece el Código Civil, al tener menos de catorce años, Lulú no tiene discernimiento para decidir, nada menos que, sobre su identidad.

El rechazo administrativo motivó un recurso de reconsideración de parte de la familia de Lulú, que fue asesorada por los terapeutas y especialistas de la CHA. Desde la entidad se presentó una “opinión técnica multidisciplinaria” que rebatió todos los argumentos por los cuales se sostuvo que Lulú –o cualquier menor de edad desde los primeros años- no es capaz de decidir sobre su identidad.

Esa opinión fue retomada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que emitió un dictamen acompañando la posición de la mamá de Lulú, y que forma parte del recurso de reconsideración que presentaron ante el registro bonaerense. Si se hubiese rechazado de nuevo el pedido, Lulú y su familia tendrían que haber recurrido a la Justicia.

Una discusión ideológica

“La decisión del Registro era inconstitucional, porque decidía a partir de una norma inserta en el Código Civil. En este tema hay normas posteriores, más específicas y superadoras que el Código Civil respecto de los niños”, analizó Paván ante la consulta de Infojus Noticias. Y agregó: “era ridículo que a Lulú se le discuta quién es, como si no lo supiera. Era una decisión retrógrada”.

“No se trata de la no interpretación de una ley o que se aplicó incorrectamente. Hay una posición ideológica y es algo que uno lo lleva consigo”, puntualizó la especialista. Desde que existe la ley de identidad de género hubo cerca de tres mil modificaciones registrales sobre la identidad de las personas, a pedido de los interesados.

Este es el primer caso de un menor de catorce años, pero desde que la historia de Lulú tomó estado público a través de varias notas en el diario Página/12, los teléfonos de la CHA no paran de sonar. Son padres y madres que reconocen condiciones similares en sus hijos e hijas, y piden asistencia para afrontar situaciones que en la mayor parte de los casos acarrean una condena social que lleva a profundas angustias, intentos de suicidios, represiones y fobias de todo tipo. “En ese sentido, Lulú le abrió las puertas a otra gran cantidad de chicos”, reflexionó Paván.

Para Nora Schulman, titular del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN), la discusión también es ideológica. Schulman le dijo a Infojus Noticias que “las leyes están hechas para cumplirse, y una vulneración al derecho a la identidad -como en este caso- implicaba una actitud discriminatoria y una sanción tanto de parte de la sociedad como de la Justicia, que era la que generaba estas trabas antes de la sanción de la ley”. Sin embargo, optimista, afirmó que “estos casos emblemáticos sirven para que otros chicos, chicas y adultos pongan el tema sobre el tapete y la sociedad lo discuta”.