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Diversas organizaciones no gubernamentales  presentaron impugnaciones contra los candidatos del jefe de gobierno, Mauricio Macri, para la Fiscalía General Porteña (MPF), Martin Ocampo, y la Asesoría General Tutelar (AGT), Yael Bendel. Preocupa la falta de independencia de estos con respecto al gobierno porteño y la falta de preparación y capacitación de ambos para los cargos a los que aspiran.

El 28 de octubre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició el camino para reemplazar a los actuales titulares del Ministerio Público porteño. Los nombres de los tres candidatos para reemplazar a quienes cumplen ya 7 años al frente de la Fiscalía General de la Ciudad; la Defensoría General de la Ciudad y la Asesoría General Tutelar, se dieron a conocer ese día.

Martín Ocampo, legislador por el PRO en la Legislatura porteña, es el candidato para reemplazar al Germán Garavano, actual Fiscal General de la Ciudad. Ocampo se recibió de abogado en la UBA en 1998 y actualmente es presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura. Se lo menciona como un allegado a Daniel “el tano” Angelici, operador macrista en la justicia porteña. Yael Bendel, actual directora del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, fue propuesta para ocupar el cargo de la Asesoría tutelar, hoy en manos de Laura Mussa. Bendel responde políticamente a la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal. Ocampo y Bendel fueron los que recibieron las impugnaciones de las organizaciones.

En tanto que Horacio Corti, actual camarista del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, es el candidato a Defensor General de la Ciudad. Corti integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y es el único de los candidatos de “carrera judicial”.  Su candidatura se relaciona con su perfil como juez. Además, "tiene una sensibilidad especial como para ser defensor general", confió una fuente del Consejo. Este candidato fue propuesto por la segunda minoría de la Ciudad, no por el Pro.

Las impugnaciones contra Martín Ocampo

El rol que ocuparía Ocampo, además de ser el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con el de actuar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y dictaminar en las causas de “mayor trascendencia institucional e interés público que se suscitan ante ella”. A esto se suma que es quien diseña “la política criminal y de persecución contravencional y penal del Ministerio Público Fiscal”.

En este sentido las ong's expresaron que el actual legislador del PRO “no cumple” con las exigencias necesarias para el cargo. Ya que el cargo como titular del Ministerio Público Fiscal porteño “debe ser autónomo” y “sólo puede estar presidido por una persona que de garantías suficientes de su completa independencia respecto de los demás poderes del estado, así como mostrarse absolutamente impermeable a instrucciones o directivas provenientes del Poder Ejecutivo”. Algo que el legislador no cumple.

Puesto que, tal y como lo consignan las organizaciones en la impugnación, se trata de “hombre proveniente de las filas del partido gobernante, de estrecha relación con el Jefe de Gobierno” que “difícilmente pueda ejercer esta función con la independencia debida y exigida por la Constitución”.

Asimismo, adentrándose en su currículo, detallan que uno de los “mayores logros” que Ocampo destaca sobre sí mismo es “el haber sido considerado "Mejor legislador oficialista 2011" por el sitio web Sección Política”. Ocampo “no cuenta con los antecedentes de formación profesional y trayectoria que impondrían un límite de tipo interno a la calidad e impacto de sus decisiones”, explican en la impugnación.

Por todo ello consideraron que “resulta sumamente dificultoso… imaginar al candidato, en caso de ser designado para el cargo de Fiscal General, cuestionando en el ámbito judicial acciones del gobierno y/o de sus funcionarios -es decir, de sus compañeros de militancia-“.

La impugnación a la postulación de Martín Ocampo fue firmada por siete organizaciones: Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Las impugnaciones en el caso de Yael Bendel

Sobre la candidata al cargo como Asesora General Tutelar (AGT) las organizaciones fueron muy claras y consideraron que “es evidente que la precandidata Yael Bendel no posee la mínima idoneidad técnica para el correcto ejercicio del cargo”. “A dicha ostensible conclusión se arriba con sólo observar su limitado Curriculum Vitae”, explicaron.

“Si bien la candidata presenta como antecedentes 4 cursos, de su simple lectura se advierte que no dan cuenta de una formación especial en materia de infancia y salud mental y menos aún actualizada”, advirtieron y sentenciaron que su currículo es “ciertamente muy escueto para la relevancia del cargo al que pretende acceder”.

El cargo de Asesoría General Tutelar (AGT) tiene como objeto “promover la justa aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental”. Por lo que las ong’s consideran que “la titular de la AGT no puede pertenecer al mismo grupo o partido que el ejecutivo local, como ocurre con la candidata Bendel”.

Bendel es actualmente la titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero la actual conformación del Ministerio Público Tutelar detectó que bajo la gestión de esta “en diversos casos individuales” se “habían adoptado medidas de separación del medio familiar como consecuencia de una situación de pobreza estructural”. Algo que “constituye una de las prohibiciones fundamentales para el Estado en un sistema de protección integral”,  detallaron desde las organizaciones.

Por ejemplo, este año se dispuso la intervención de una institución de albergue que formaba parte de un convenio con el GCBA denominada CEPREAP, y era precisamente el Consejo dirigido por Bendel el encargado de intervenir. Sin embargo, en septiembre pasado el juez de la causa decidió apartar al organismo ante el "grave incumplimiento de la misión encomendada”.

Otro ejemplo que dan en la impugnación: “la crítica gestión de Yael Bendel en el Consejo es la política de institucionalización de los pacientes sostenida por el Consejo de Derechos como regla general y único recurso, sin generar un cambio de paradigma en el abordaje de la situación de niños y niñas con mayores sufrimientos”, consignaron.

La impugnación a la postulación de Yael Bendel fue firmada por diez organizaciones: Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).