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La justicia en lo contencioso administrativo bonaerense condenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a que indemnice con más de un millón de pesos a las familias de tres reclusos que murieron asfixiados durante un incendio que se produjo en el penal de Olmos en 2005.
 
El primer día de enero del 2005 Jorge Gómez Muratori, un enfermo psiquiátrico que se encontraba en la Unidad Hospitalaria N° 22 del penal de Olmos, reclamaba a los gritos el cambio de bolsas de colostomía. A las 6 de la mañana las bolsas le fueron cambiadas pero el interno seguía gritando reclamando la presencia de alguna autoridad del penal. Mientras, colocó frazadas y colchones sobre la reja de entrada a la sala de internaciones. Allí se encontraban alojados Víctor Daniel Otero, Juan Ángel De La Cruz Toribio y Luciano Hernán Toloza debido a diversas lesiones.
 
Muratori continuó gritando y, ante la negativa de los penitenciarios, decidió iniciar el fuego. Al acercarse dos agentes, descargó el contenido del tubo de oxígeno y avivó las llamas, que llenaron la unidad del penal y alcanzaron los colchones de Otero, De La Cruz Toribio y Toloza. Todos fallecieron.
 
El gobierno bonaerense argumentó en la causa que en los hechos ocurridos no había existido “falta de previsión u omisión de los recaudos normales de seguridad” que habrían evitado el incendio y consideró que “al personal del SPB no le era posible prever el accionar repentino del interno que ocasionó el incendio”.
 
En la investigación penal, la defensora oficial Ritter, citó el dictamen pericial que advierte que las llamas tuvieron “baja velocidad de propagación”, lo que parece indicar un tiempo prolongado para que el fuego terminara destruyendo la totalidad de las instalaciones de la unidad hospitalaria.

El titular del juzgado en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, entendió que “la provisión de colchones de poliuretano”, altamente inflamables, y “la tenencia habitual de encendedores por parte de los internos” es para el juez circunstancia suficiente como para atribuir responsabilidad en forma integral por el hecho de autos a la Provincia de Buenos Aires.
 
Se suma también “la ausencia temporal del encargado de custodiar el sector al momento de iniciarse el fuego, la demora en proceder a la apertura de la celda” y “la absoluta carencia de elementos para ingresar en la misma para extinguir focos de incendio”. Por lo que para el juez “los antecedentes de la causa evidencian que los hechos acaecidos en la unidad penitenciaria de Olmos comprometen la responsabilidad del Estado” ya que “importan la omisión de sus deberes primarios y constituyen una irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad penitenciaria”.
 
“La falta de servicio del Estado está configurada en el caso por el inadecuado o irregular ejercicio de contralor de los objetos que detentan los internos”, concluye el magistrado. Y ordena indemnizar a los familiares de los internos muertos por más de un millón cien mil pesos más intereses.

Antes de ser detenido Víctor Daniel Otero se dedicaba a hacer trabajos de albañil, por eso el juez determinó que cada uno de sus hijos, que tenían 4 y 5 años cuando el hombre falleció en la cárcel de Olmos (U22), y su padre, Juan Carlos Otero, deberán ser indemnizados. Y la misma reparación corre para para la concubina y la hija adolescente de Juan Ángel De La Cruz Toribio, porque una vez cumplida su condena podría haber retomado su oficio de colocador de membranas de techo, para sostener económicamente a su familia, adujo Arias.

Los padres de Luciano Toloza, también recibirán el resarcimiento atento a que en un futuro su hijo los podría haber ayudado afectiva y económicamente a transitar su vejez. De confirmarse esta sentencia de primera instancia la provincia deberá afrontar el pago de 1.110.000 pesos para los familiares de las personas fallecidas mientras permanecían a resguardo del Servicio Penitenciario bonaerense.