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A.F.B. vive en los alrededores de La Plata. Tiene cinco hijos y está desocupada. No tiene estudios secundarios, lo que hace más difícil conseguir un trabajo. Hasta el 2006, asegura, cobró un subsidio asistencial de 150 pesos mensuales. Está en pareja con Agustín Toledo, albañil, y subsisten de las changas semanales que pueda conseguir él. Conviven junto con los cinco chicos en un dormitorio con sólo dos camas, en las que duermen los siete y que hacen las veces de mesa para “sentarse” a comer, en una “minúscula vivienda prefabricada de madera”. No tienen agua corriente ni gas y el baño está afuera de la casa. El dueño del terreno, que les había prestado el espacio provisoriamente, les pide que se retiren.

La perito asistente social concluyó que la familia se encuentra “debajo de la línea de la indigencia, no cubriendo la Canasta Básica Alimentaria”. Así se desprende del expediente judicial que data de 2007, cuando A.F.B. inició acciones legales. Por sí y en representación de sus hijos menores, A.F.B. solicitó un recurso de amparo, que fue rechazado en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones. Pretendía la provisión de una vivienda digna para su grupo familiar y una renta básica por cada hijo.

Tanto en primera instancia como en la cámara contencioso administrativo de La Plata se rechazó el pedido de la madre. El magistrado de primera instancia rechazó el pedido argumentando que no se acreditó que “la interesada hubiese efectuado reclamos fehacientes ante la autoridad administrativa competente” antes de presentarse en la justicia. La causa llegó al máximo tribunal bonaerense con la presentación de un recurso extraordinario.

Seis años después, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires concedió el recurso de amparo y pidió al Gobierno bonaerense y a la municipalidad de La Plata que trabajen coordinadamente para brindarle asistencia. Ordenó incluir a A.F.B. en algún régimen de subsidios mensuales que garantice un ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil. Dispuso además que la familia sea trasladada a un hotel o complejo habitacional. Y, en un plazo de 60 días, deben entregarle una vivienda adecuada para ella y sus cinco hijos.

El fallo es del 3 de julio de 2013 y lo firman el presidente de la Corte, Héctor Negri, y los jueces Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters, Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo Néstor de Lazzari.

Los magistrados consideraron que se encontraba probada la situación de extrema vulnerabilidad de la familia de A.F.B. y que la acción de amparo constituye “un instrumento eficaz para concretar la protección frente a situaciones en las que se encuentran en juego derechos como los de autos”.

Además explican que la mujer y sus hijos “conforman un grupo en situación de vulnerabilidad social” ya que se trata de una mujer desempleada, “sin presencia permanente del cónyuge en el hogar” y con “la ausencia de familia ampliada a quien recurrir”. A lo que se suma que el dueño del terreno que habitan ya les había pedido que se retiren.

En la causa, la Justicia pidió informes a distintas dependencias municipales y provinciales para que dieran cuenta de los programas existentes. Según argumentan los jueces, ninguno de los planes se ajusta a las necesidades de la señora B., quien no puede cumplir con los requisitos.