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En La Plata avanza un expediente penal contra Luis Arias, el juez que investiga al Estado provincial por sus procedimientos para registrar las muertes a causa de la inundación del pasado 2 de abril. A partir de una denuncia de Federico Atencio, el juez de Garantías que estuvo de turno esos días, el fiscal Marcelo Romero elevó un sumario contra Arias a la Procuración y a la corte provincial. Lo acusa por “determinación a cometer el delito de abuso de autoridad”.

La acción penal contra Arias solo podrá avanzar y tenerlo como imputado si se lo desplaza a través de un juicio político, por los fueros e inmunidades del cargo. Arias, juez en lo contencioso administrativo, comentó aInfojus Noticias que la Corte le inició además cuatro sumarios. Y lamentó que se “arrogue un poder disciplinario, mientras a ellos no los controla nadie”. Arias calificó estos hechos como un “apriete”.

Romero, en cambio, considera que Arias debe ser investigado por un dictamen que emitió el pasado 29 de mayo. Entonces el juez exigió al fiscal que investiga la responsabilidad penal de los funcionarios municipales y provinciales, Jorge Paolini, que se abstuviera “de ejercer cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y difusión pública de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal”.

El juez Arias cree que se debe distinguir entre la investigación penal —sobre la actuación de los funcionarios antes, durante y después de la catástrofe— y la que él instruye, donde indaga las hipótesis sobre las irregularidades en la confección del listado de víctimas fatales. Arias explicó que el fiscal Paolini “sostiene que para graduar la pena necesita conocer el número de víctimas”, pero para eso “antes tiene que investigar y determinar si existió un delito”, afirmó.

La denuncia contra Arias fue presentada por Atencio ante la Corte, y después derivada a la titular del Ministerio Público Fiscal, María del Carmen Falbo, que le dio curso y habilitó a Romero para iniciar el sumario. Arias lo calificó como “un verdadero disparate”. “Las decisiones judiciales se apelan, no dan origen a una acción penal”, lamentó y aclaró que cuando emitió el dictamen en mayo, Paolini no lo apeló.

Arias confirmó a Infojus Noticias que ha tomado declaración a más de 100 testigos y continúa reuniendo pruebas en la investigación en la que busca determinar si hubo falencias y errores en el conteo de las víctimas de la inundación. No cuenta con los registros de las llamadas al 911, ni con las filmaciones de las cámaras de video de la Municipalidad de La Plata “porque se borraron”, pero tiene más de 5000 registros escritos que tomaron los operadores del 911 donde consta que “incluso habría menores entre las víctimas”.

Arias investiga también la actuación de la policía bonaerense que “quedó a cargo de una instrucción que correspondía a la fiscalía de turno (cuyo titular es Juan Cruz Condomí Alcorta)”, dijo. Para el juez “todavía no está claro por qué intervino la morgue policial, si la Justicia tiene una propia y sus propios forenses”. “Si hubo ocultamiento de cuerpos de personas fallecidas en las inundaciones, alguien debe haber documentado las huellas de identidad –afirmó Arias. Y agregó: “hay una empresa que tiene el software para el reconocimiento de huellas dactilares, y se niega a darnos la información para no perjudicar a su cliente, la policía de la provincia”.