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A un mes  de la peor inundación que sufrió La Plata, las víctimas fatales, los registros fallidos, las acciones de emergencia descoordinadas y una ciudad que no dio abasto, se traducen hoy en 17 presentaciones judiciales. Tejen una maraña judicial repleta de chicanas y tecnicismos. No fue la primera vez que la ciudad quedó bajo el agua. Entre 2002 y 2010 se sucedieron cuatro inundaciones; que también fueron objeto de indagaciones judiciales pero principalmente en términos de resarcimiento.

-Siete denuncias penales

En la Fiscalía de Condomí Alcorta, la Nro. 5 -de turno el día de la tragedia- se concentra la investigación “madre” sobre las muertes. Durante las primeras semanas se manejó un número de 52 víctimas fatales. Incorporó otras 37 tras la conferencia donde el gobernador Daniel Scioli reconoció más muertes y las calificó como “indirectas”.

Otra denuncia -también penal- está en la Fiscalía Nro. 4 de Fernando Cartasegna, que debe investigar a su par, el fiscal Condomí Alcorta, por su actuación en la investigación de la inundación. Fue a pedido del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Esta causa debe determinar si Condomí Alcorta incurrió en maniobras deliberadas para acotar el registro de fallecidos. Consultado por Infojus, dijo que espera que tanto Arias como el fiscal investigado le remitan las actuaciones. Mientras tanto no ordenó otras medidas.

En la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, hay cinco expedientes en los que se investigan las responsabilidades de funcionarios municipales y provinciales en la inundación. Paolini tiene antecedentes de poca transparencia. Sus empleados adelantaron que a las actuaciones solo podrán acceder las partes. Una de esas demandas fue presentada por el abogado Martín Berasategui, que denunció al intendente Pablo Bruera por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Consideró que el Ejecutivo municipal estuvo al tanto del “riesgo certero” que corría la población y “omitió realizar las acciones tendientes” para evitar la tragedia. Berasategui contó a Infojus, que esta semana, cuando se presentó en la fiscalía le informaron que solo podría ver las actuaciones si las pedía por escrito. Acostumbrado a las chicanas judiciales, no fue lo que más lo alarmó: “La denuncia la hicimos el 8 y recién el 19 le asignaron fiscal. Lo peor fue que la instructora de la causa, María Julia Martínez, me dijo: “Doctor…Usted, sabe que no se gana nada con allanar una municipalidad”.

En la Fiscalía de Delitos Complejos también tramita una denuncia del abogado Alejandro Montone. Afectado por las inundaciones, pidió que se investigaran las responsabilidades penales del gobernador Daniel Scioli y funcionarios del área de infraestructura. Montone representó a una veintena de afectados que siguen reclamando indemnizaciones por las consecuencias de las inundaciones de 2008. Esas causas contra el Estado están prontas a resolverse: “En una casa cerca de City Bell el daño está valuado en 600.000 pesos”, dijo el abogado.

En en esa misma fiscalía quedó radicado el pedido de investigar al intendente Pablo Bruera por el “estrago culposo”. La impulsa el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) para analizar “cuáles fueron las respuestas inmediatas que proporcionó el área de emergencias municipal en su conjunto”. El CIAJ se basó en un estudio realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional local (UNLP) en 2007. Su escrito considera que "la inundación padecida en la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril, y los daños provocados por ella, fueron “consecuencia directa de la insuficiencia del sistema de evacuación de excedentes pluviales y la falta de obras de infraestructura y equipamiento".

La otra denuncia que tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos es la que presentó el fiscal Marcelo Romero, para investigar la explosión en la planta de YPF durante el temporal.

La pelea judicial por la inundación

Aún se libra una batalla para determinar qué juez deberá instruir la causa sobre cómo se llevó el conteo y el registro de las muertes. En el fuero Contencioso Administrativo el juez Luis Arias, después de varias idas y vueltas, investiga si la nómina oficial de fallecidos por la inundación  puede crecer. Cuando el Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil, Julián Axat, pidió que se diligenciaran medidas preliminares porque temía que algún niño pudiera estar en una situación de riesgo, Arias actuó rápido. Pidió informes a clínicas y hospitales públicos, consultó al Ministerio de Salud provincial y encontró nuevos casos.

Su pesquisa hoy maneja más de 100 casos a revisar: en algunos la muerte fue consecuencia directa del temporal, aunque no sea estrictamente por “sumersión”. En cuestión de horas, Arias determinó que algunos cuerpos habían sido entregados a las familias mediante acta policial (sin orden judicial), que muertes traumáticas por inmersión y en la vía pública no habían sido registradas como tales, y que otras causales de muerte fueron excluidas de la lista oficial.  

Arias quiere investigar casos como el de la familia de Edgardo, que cayó al agua desde el techo de la casilla en la que vivía con sus padres, Feliciana Garay y Fernando Mendoza, y su sobrino, Cristhian Mendoza. Fue el único de ellos que sobrevivió. En la causa que instruye Condomí Alcorta, la burocracia borroneó su existencia. Cristhian fue contabilizado como “Máximo Mendoza”. En los certificados de defunción a don Fernando le sumaron un apellido y a Feliciana le endilgaron sexo masculino. Hace seis días Edgardo lo volvió a explicar a una trabajadora social enviada por la Defensoría General. Insistió: “No puedo hacer que lo cambien”.

La investigación de Arias se frenó varias veces por cuestiones de competencia y otros tecnicismos. Primero Condomí Alcorta y el juez de garantías que acompaña el proceso penal, Federico Atencio, pidieron que Arias les remitiera sus actuaciones; alegaban que no le correspondía investigar en ese fuero. El Superior Tribunal provincial no les dio la razón, pero sortearon nuevamente la causa y la investigación recayó en el juzgado contencioso administrativo que preside Ana Logar. Fue tiempo muerto en la instrucción. El martes de esta semana la causa en el juzgado de Logar seguía sin avanzar.

Mientras tanto, Arias había recuperado terreno gracias a una nueva presentación de Axat: un pedido de habas data. Esto le permitió a Arias presentarse en el Registro de las Personas. Secuestró los libros y la documentación correspondiente a las muertes ocurridas entre el 2 y el 10 de abril. Pero quedó otra vez fuera de juego cuando la Cámara de Apelación determinó que las pesquisas pasaran al juzgado Contencioso Administrativo a cargo de José Terrier.

Así, los tres representantes del fueron contencioso de La Plata tuvieron los expedientes, que sólo crecieron cuando estuvieron por horas en manos de Arias. Cuando el habeas data pasó al juzgado de Terrier, Axat lo recusó porque el magistrado tenía un pasado en la policía bonaerense (actor clave en el registro y la entrega de los cuerpos a los familiares de los fallecidos de la inundación). Finalmente, la Cámara determinó que estas nuevas presentaciones se acumularan a la causa que estuvo hasta hoy en el juzgado de Logar.

Arias consiguió recuperar el expediente para seguir investigando. Desde el 17 de abril, ocho personas presentaron nuevos pedidos de habeas data y Arias pidió a Logar que le enviara nuevamente las actuaciones  “a efectos de proveer la acumulación peticionada” por las partes.

Mientras Axat, el defensor penal juvenil, intenta mantenerse a flote en la investigación -de la que ya está afuera por decisión del Defensor General platense Omar Ozafrain -, sobre él y Arias pesa un pedido de juicio político. Fue impulsado por senadores y diputados sciolistas. Ozafraín precisó a Infojus que si bien el defensor objetó la medida, el conflicto fue elevado en consulta a la Procuradora, María del Carmen Falbo, quien aún no se expidió. Tampoco tiene un plazo para hacerlo. Hoy Arias informó que resolvió agrupar las presentaciones por hábeas data, por entender que en su juzgado había recaído la primera denuncia. Pero la trama judicial recién empieza. Ahora, la ciudad que quedó bajo el aguaexige respuesta.