La mujer vivía con su pareja, que desde principios de mes la mantuvo cautiva. El padre sospechó del novio y lo denunció en la comisaría. Ayer la policía allanó la casa y la rescató.
Un día la abogada de 38 años dejó de atender el celular y cortó toda comunicación. A principio de mes había dejado de ver a su familia. Vivía con su pareja, de 50 años, en una casa del barrio Parque Castelli. Al no tener noticias, su padre enseguida sospechó del novio, a quien consideraba “violento”. Realizó la denuncia en la comisaría. Ayer la Policía allanó la casa y rescató a la mujer. El novio la había secuestrado, la golpeaba y la obligaba a mantener relaciones con sus amigos.
El hombre quedó detenido por orden del juez de Garantías N° 3 Jorge Moya Panisello, a pedido del fiscal Marcelo Romero. Después de tomar declaración al padre de la joven, Romero comenzó una investigación en los alrededores de la casa de la calle 23, entre 58 y 59. Los vecinos de la cuadra contaron que diariamente escuchaban los gritos de la mujer.
En la casa los policías encontraron tres armas de fuego, dos carabinas y una pistola, con las que se cree que el hombre amenazaba a la abogada. Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) -la dependencia que realizó el allanamiento- detuvieron al presunto secuestrador y trasladaron a la mujer a un hospital. Allí se reencontró con su familia. Continúa internada y al cuidado de sus padres.
Fuentes del Juzgado informaron que Moya Panesillo dispuso la orden de detención en el día de ayer. Según el acta, el juez discrepa con la calificación planteada por la fiscalía, pero son definiciones provisorias y podrían modificarse en función de las declaraciones de la víctima. Además, explicó la misma fuente, “estamos analizando una cuestión de competencia, porque los hechos se habrían iniciado el 6 de septiembre, cuando el juzgado aún no estaba de turno”. La defensoría interviniente sería la N° 10, pero también está sujeta a la definición de la competencia. En este organismo estiman que habría una definición entre hoy y mañana.
El agresor se negó a declarar. Está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravado por la violencia y amenazas con las que se cometió, y el grave daño causado a la víctima y su salud. Esa calificación conlleva una pena de entre dos y seis años, que podría incrementarse a un mínimo de ocho años o de diez, si se considera la condición de convivientes y los presuntos sometimientos sexuales.