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Todo se precipitó desde que el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue demorado en un operativo contra la trata de personas en Salta. En un procedimiento rápido, a instancias del oficialismo provincial, la Legislatura salteña aprobó esta semana la intervención al Poder Ejecutivo Municipal del pueblo que dista unos 400 kilómetros de la ciudad de Salta y limita con Bolivia, en el extremo norte de la provincia. La interventora Mercedes Junco asumió ayer con ganas de atemperar  las tensiones entre partidarios del ahora ex intendente y quienes reclamaban su destitución. “Espero que no haya expresiones encontradas, al menos en el corto período que deberé velar por los ciudadanos hasta que elijan una vez más un nuevo intendente a través del sufragio”, deseó Junco en declaraciones a medios locales, al ser puesta en funciones por el gobernador Juan Manuel Urtubey (a quien acompaña desde que asumió en la primera magistratura provincial).

La designación de Junco trajo tranquilidad a Salvador Mazza, después de la agitación de los últimos días, con manifestaciones a favor y en contra del ex intendente. Su mandato vencía en 2015. Por eso la Legislatura aprobó que en las elecciones provinciales (el 6 de octubre las primarias y el 10 de noviembre las generales para diputados, senadores y concejales) se elija al candidato que complete el período del ex intendente del Partido Renovador de Salta (PRS). Villalba había sido detenido y liberado el 14 de agosto, cuando se encontraba con tres mujeres en un domicilio de la calle Ituzaingó, en la ciudad de Salta. Negó toda responsabilidad con los hechos y no se lo investiga en la causa por trata de personas que tramita en el Juzgado  Federal Nº 2 de esta ciudad, a cargo del juez Miguel Medina.

 En el Juzgado Federal Nº 2 el magistrado indagó a los seis detenidos. Sólo la señalada como cabecilla de la banda, la joven Marisel Llanes, habló pero no trascendieron sus dichos. El juez todavía no tomó declaración testimonial a las víctimas, lo que generó críticas del abogado Germán Díaz, de la Fundación María de los Ángeles, que las asistió tras el rescate. También la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta llamó la atención sobre esta demora que, a su entender, puede atentar contra el desarrollo del proceso.

Quién es Marisel Llanes

De Marisel Llanes se sabe que la página web donde ofrecía sus servicios fue cerrada después del operativo. Que nació en Jujuy hace 27 años, que estudió unos años Licenciatura en Letras, y que estaba radicada en la ciudad de Salta, donde ejercía la prostitución como un trabajo rutinario: de lunes a viernes de 9 a 24. Quienes requerían sus atenciones podían visitarla en una casa de la calle Ituzaingó, o convocarla a hoteles, aunque para eso había que esperar hasta la medianoche. Los fines de semana volvía a su tierra natal, donde también se prostituía, de 9 a 24. Marisel además tiene un local de venta de ropas en el free shop de la capital provincial.

En su página de internet promocionaba los servicios de ocho “amigas”. Aunque todas son mayores de edad, esto le vale la acusación de trata de personas. Se le atribuye la organización, promoción y cobro de un porcentaje por la prostitución de estas otras chicas. Además, se la investiga como una posible conexión de la trata de personas con destino a prostíbulos de Calama, en la zona minera de Chile, a poco más de 600 kilómetros de la ciudad de Salta.

Desde el miércoles circula un video que muestra a Marisel en una entrevista realizada a fines del año pasado por el programa de la televisión local Tribu Urbana, en el que accedió a hablar (con la cara pixelada) sobre la prostitución en la provincia. Allí cuenta que entre sus “clientes” había miembros de la administración pública y políticos, “pero son mucho más discretos”, dijo, aunque no dio nombres.

Marisel fue detenida en la casa de la calle Ituzaingó donde estaba el ex intendente. Las torpezas de Villalba se han hecho conocidas desde que fue detenido. Sin embargo, en Salvador Mazza pesan sobre él otras acusaciones. Las mujeres de las zonas más humildes y las de los barrios de pueblos originarios lo acusan de ser un hombre propenso al maltrato.

Sin clientes no hay trata

La primera funcionaria en repudiar públicamente a Villalba fue la ministra de Derechos Humanos de la provincia, María Pace. “Ella repudió doblemente lo que había sucedido, en el sentido de que nosotros compartimos plenamente el concepto de que sin clientes no habría tanta oferta; pero además fue explícita al decir que repudiaba también porque se trataba de un funcionario, de un intendente de una zona muy conflictiva, y que tendría que estar al frente de la lucha contra la criminalidad organizada que explota a las mujeres y a los niños del norte provincial”, recordó el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Alavila.  El Ministerio de Derechos Humanos de Salta intervino en la asistencia a las víctimas rescatadas en el operativo del 14 de agosto, que fueron derivadas al Hogar Temporal de Protección de Personas en Situación de Violencia, inaugurado el 8 de marzo.

Alavila destacó que la lucha contra la trata es parte de la política del gobierno provincial. Desde noviembre de 2008 -cuando se creó la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas de Trata- hasta la semana pasada se realizaron 82 operativos y fueron rescatadas 245 personas que eran sometidas a sexual o laboral. El secretario de Derechos Humanos también resaltó la creación de una División de Lucha contra la Trata de Personas en la Policía de Salta.  “La oficina provincial trabaja no solo con la Policía de Salta, sino con las fuerzas nacionales desde el primer momento, un gran porcentaje con Gendarmería Nacional y recientemente con la Policía Federal Argentina”, explicó Alavila. La Oficina se vincula además con organismos similares de la Nación y de otras provincias: “Todos los operativos que se realizan en la provincia de Salta, como así también cuando salteñas o salteños son rescatados en otras provincias, directamente son derivados para la asistencia de la provincia. Son cuatro o cinco años en que hubo mucho trabajo y estamos siempre perfeccionándonos y viendo qué podemos hacer”, resaltó Alavila. Y contó que la provincia planifica abrir otro Hogar Temporal en el norte, en respuesta a “la demanda social” y al “requerimiento de los jueces, fiscales, los asesores”.

Un pueblo de frontera

A partir de lo que ocurrió con el intendente de Salvador Mazza, muchos vecinos sintieron que era hora de salir a la calle. “Lo que se ve ahora son varoncitos de 14 años, a la noche, a veces le pido a mi marido que salgamos a recorrer y veo a los niños que ejercen la prostitución en Mazza”, cuenta la mburuvicha (autoridad) de la Comunidad Guaraní Lucero del Alba, Leonarda Chavarría, miembro del grupo de mujeres que exige el alejamiento definitivo de Villalba. El fin de semana Chavarría participó de tres marchas. “El pueblo está repudiando lo que pasó con el señor intendente municipal”, sostiene Leonarda, para quien este repudio va en paralelo con el reclamo de obras, “porque no tenemos obras en Salvador Mazza. No sabemos si somos argentinos o somos bolivianos”. En cambio Edith, docente mazzeña, centra el repudio en la “inconducta” de Villalba: “Lo que juzgamos de él es su inconducta y el consumo, porque él fue encontrado en un prostíbulo, o sea que él es un consumidor de la prostitución, y el que consume es un promotor de la prostitución”, dice.

La Secretaría de Estado de Seguridad de Salta usa el adjetivo “caliente” para referirse a la frontera, habla del alto nivel de delincuencia en la zona. Con 12 mil habitantes y la ubicación de “último pueblo argentino antes de pisar suelo boliviano” Salvador Mazza tiene la tensión de los bordes.  Desde hace un tiempo la exuberante selva de parte de los departamentos General San Martín (en cuya jurisdicción está Salvador Mazza) y Orán y sus tierras fértiles dejaron de ser vistas como un cofre que esconde la riqueza de los hidrocarburos. Ahora remite, las más de las veces, a escondite de pasadores y bagalleros, refugio de “cocinas” (laboratorios para refinar cocaína) montadas con premura y listas para ser levantadas. La selva que circunda al pueblo, y el mismo pueblo, remite a también a muerte, como en el ya famoso Sector 5, tierra de nadie, comprendida entre Bolivia y la Argentina, al este de Salvador Mazza. En el Sector 5 mataron a los gendarmes Salto y Reynoso, entre otros crímenes que se recuerdan en la zona. Como también el de la pequeña productora rural Liliana Ledesma, asesinada el 21 de septiembre de 2006, tras haber denunciado la existencia de zonas liberadas para el narcotráfico.

En la sesión de la Legislatura donde se aprobó la destitución de Villalba los diputados coincidían en reconocer -a pesar de los matices- la problemática de un escenario donde se sucedieron crímenes que sigue impunes: el de Gilberto Villa Gómez alias Gil (acribillado a balazos en 1998 en Salvador Mazza), el de Leonardo Gabriel Rodas (asesinado en noviembre 2002, su cuerpo apareció en el basural del arroyo Guandacarenda) o el de Ariel Ángel Bustos (asesinado en enero de 2005 en un control fronterizo de Gendarmería, enterrado como NN en el cementerio de Salvador Mazza),entre otros. Algunos tienen la clara impronta del ejercicio ilegítimo de la fuerza pública, otros son el resultado de la violencia producida por el exceso del alcohol y los estupefacientes; y también hay ajustes de cuentas. Hay casos en que los culpables están identificados por la gente, pero su pertenencia a determinado grupo de poder los convierte en inalcanzables, como viene ocurriendo con el ex diputado Ernesto José Aparicio, acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen de Ledesma.

Causas por trata

Aunque ninguna tiene la envergadura de la causa conocida por estos días, en la Justicia Federal de Salta hay otras investigaciones judiciales sobre posible trata de personas. La Fiscalía Federal Nº 2 de Salta, a cargo de Eduardo Villalba -que interviene en este proceso- informó que están tratando de unir todas las líneas investigativas en la causa principal. “Son investigaciones que vienen de antes, siempre se empieza por denuncias o por datos que van aportando”, indicaron en la Fiscalía, donde explican que a veces se hacen denuncias por trata pero que en realidad son casos de violencia doméstica o familiar.

En Salta hay casos de mujeres desaparecidas cuyas causas están abiertas en la justicia provincial y en las que primero se indagó sobre la posibilidad de violencia familiar. Desechada esa posibilidad, los trámites no registran demasiados avances, dicen las organizaciones de género. Es el caso de María Esther Maidana, de 27 años, desaparecida el 13 de diciembre de 2008. Trabajaba en el bar “Quijote”, uno de los allanados el 14 de agosto y de donde se rescataron a víctimas de trata, igual que en la casa del dueño de este local, con habilitación municipal bajo el rubro de confitería desde hace diez años. Como en una película sobrecargada de dramatismo, en 2012 apareció en en la parte trasera del mismo local un cuerpo sin vida. Era el de Tamara Hoyos, una chica de 15 años adicta al paco y que se prostituía para sostener su adicción.

Ahora el Concejo Deliberante capitalino quiere avanzar en el tema. Uno de los primeros pasos erá conocer detalles de las habilitaciones de confiterías y bares que encubren prostíbulos. Es lo que ocurrió, dicen, con otro boliche, Blue Sky, cuyos dueños están procesados por trata de personas. Para eso  tiene previsto interpelar la semana próxima a funcionarios municipales y preguntarles específicamente por aquellos locales que fueron suspendidos durante un tiempo.