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Cada vez que los familiares y amigos de Luciano Arruga, el joven desaparecido en La Matanza desde 2009, convocan a una conferencia de prensa, se sacuden las aguas estancadas de una causa paralizada hace más de 4 años. Esta vez fue en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Arruga, acompañadas por los abogados de la causa Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi; y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier  anunciaron que pedirán juicio político contra los dos principales funcionarios que investigaron la causa antes de que pase a la Justicia Federal: la fiscal Celia Cejas y el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco.

Además denunciaron graves irregularidades en la causa: durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones telefónicas a los teléfonos de la familia Arruga que el juez Banco autorizó. Desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010 la familia de Arruga fue vigilada a través de escuchas telefónicas. 

En julio de este año, los abogados que representan a la familia Arruga y los abogados del CELS pudieron acceder a un legajo que daba cuenta de estas irregularidades. Los teléfonos de la hermana y la madre del adolescente desaparecido , el teléfono de Marta Alegre, abuela de Luciano, y Héctor Chapa, pareja de la abuela del joven fueron intervenidos con el único objetivo de encontrar "datos útiles tendientes a dar con el paradero" de Luciano.  En ese sentido, la fiscal sospechaba que la familia sabía algo que no decía, pero en lugar de preguntarselo prefirió vigilarlos", dice el documento que difundió el CELS.

“La fiscal con la autorización del juez pinchó los teléfonos de la familia Arruga al mismo tiempo que investigaba a los policías. Exigimos que los responsables institucionales de controlar a los jueces asuman sus responsabilidades y le den trámite al pedido de jury. Hay responsabilidad institucional de la jefa del Ministerio Público Mónica Falvo, que durante los 4 años que la causa estuvo en la provincia de Buenos Aires, hubo pocas pruebas”, dijo Gastón Chillier.

En el centro de la mesa la sonrisa de Luciano en un graffiti acompañaban a Vanesa Orieta y Mónica Alegre que intentaban-sin lograrlo- no quebrarse. “Nosotros no secuestramos a Luciano, no manejabamos el patarullero, no lo torturamos ni lo desaparecimos. Se metieron en nuestra intimidad, nos juzgaron por pertenecer a un barrio pobre y nos pusieron en el mismo lugar que los policías que desaparecieron a mi hermano”, dijo la hermana del joven desaparecido.

La madre de Arruga recordó a su hijo con el apodo con el que lo llamaba “el negro”. “Fuimos juzgados como si nosotros hubieramos desaparecido a mi hijo” dijo Alegre.

En la conferencia de prensa, además de familiares de víctimas como Angélica Urquiza, la madre de Kiki Lezcano y Raquel Wittis, madre de Mariano Wittis, estuvo Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza.  Pimentel acompaña a la familia Arruga desde la desaparición de Luciano.

La responsabilidad de la justicia provincial

A casi 5 años de la desaparición de Arruga, durante la conferencia de prensa se cuestionó, principalmente, a la justicia provincial como responsable de la causa durante cuatro años. “Esto demuestra la estructuralidad de un problema en los casos de violencia policial donde las dos fiscales que intervinieron desviaron la investigación que hicieron. Y hacen que se sigan produciendo estas prácticas. Si la policia sabe que cuenta con esta impunidad va a seguir cometiendo estas prácticas” dijo Chillier .

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Ese día, el joven de 16 años que vivía en el Barrio 12 de octrube fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8 va. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero de este año, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como averiguación de paradero durante 4 años, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”. Desde ese momento pasó a manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón.

El cambió de caratula se dio apenas dos semanas después de que removieran de la fuerza a 8 policías involucrados en la desaparición del joven, muchos de ellos estaban en funciones en otras dependencias.