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La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo Gay denunció que peligra la realización de la edición de este año porque el gobierno de Mauricio Macri, para autorizarla, pone como condición que los organizadores se hagan cargo de la seguridad de los concurrentes y los peatones que eventualmente pasen por el lugar. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) alertó también sobre un revés en la justicia por una denuncia del año 2005, por la que fueron obligados a pagar una indemnización de medio millón de pesos, porque una persona que se acercó a un acto que realizaron en la Reserva Ecológica fue atacada por un tercero, ajeno a la concentración.

La marcha del Orgullo Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer tiene 23 años de historia y es un acto emblemático de la democracia. A través de un comunicado de prensa, las 30 organizaciones convocantes de la marcha denunciaron que este año su realización peligra. La movilización estaba prevista para el 15 de noviembre, “pero no están dadas las garantías para ejercer la libertad de expresión, debido a que el Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de la seguridad del encuentro”, aseguraron.

Entre las firmas que lleva la carta están las de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), Fulanas, Mesa Nacional por la Igualdad, Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, Casa Brandon, 100% Diversidad y Derechos, Club de Osos de Buenos Aires, Comunidad Homosexual Argentina, La Cámpora Diversia, UCR Diversidad, Partido Humanista, Juventud Radical, Asociación del Personal Legislativo, Nuevo Encuentro y de diferentes ámbitos y partidos políticos.

La exigencia de delegar el poder de policía en las organizaciones sociales fue rechazada por el colectivo que convoca a la manifestación, que reclamó al gobierno del PRO que asuma sus responsabilidades de brindar seguridad y garantizar la libertad de expresión. “Todavía no tenemos la autorización. Lo que nos está diciendo el gobierno de Macri es que la comisión organizadora debe asumir el poder de policía y en consecuencia debe actuar para prevenir delitos. Es inaudito, porque una cosa es ser responsables si alguien se cae del escenario y otra es si una persona es lastimada en la plaza porque le quisieron robar. Al querer hacernos responsables de la seguridad, nos obliga a actuar como si fuéramos policías. Esto es algo que no queremos, pero además que resultaría ilegal”, planteó Marcelo Suntheim, de la Comunidad Homosexual Argentina en una nota publicada hoy en el diario Página/12.

Para el dirigente, la intención del macrismo es “amedrentar a las organizaciones sociales para que no se manifiesten en el espacio público”. La condición puesta por el gobierno porteño no es nueva, sino que viene desde los comienzos de la gestión PRO.

Antecedentes en la justicia

Por un hecho ocurrido en 2005, la Justicia condenó a la CHA a pagar una indemnización de cerca de medio millón de pesos. Fue por la agresión que sufrió una persona en Puerto Madero, mientras estaba en la zona donde se realizaba una actividad de la campaña Stop-Sida, un evento de interés público realizado en un espacio público.

El hecho ocurrió el 15 de enero de ese año mientras se realizaba una actividad organizada por la CHA en el anfiteatro del Parque Micaela Bastidas consistió. La gente de la organización no recibió ninguna denuncia ni pedido de ayuda sobre ningún hecho violento, pero días más tarde fue notificada de que había sido denunciada ante la Justicia por un hombre que dijo haber sido atacado por un tercero en la vereda, y que también responsabilizó al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal.

El denunciante dijo que paseaba por Puerto Madero con amigos cuando escuchó música y se acercaron, que a unos metros vio a una persona sobre el piso y quiso ayudarla, pero antes de llegar sintió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Sus amigos lo llevaron al puesto de la Prefectura. El denunciante dijo que no vio policías en el lugar y que sus amigos no encontraron a los organizadores del evento. Una vez recuperado, inició una demanda por daños.

El juez Enrique Lavié Pico condenó en primera instancia al Gobierno de la Ciudad –“porque el deber de seguridad es indelegable”– y también a la CHA, con el argumento de que era responsable como organizadora del evento. El fallo fue apelado y a mediados de octubre la Sala II de Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exculpó al gobierno porteño y responsabilizó exclusivamente a la CHA, y le fijó como condena el pago de una indemnización de 450 mil pesos. El caso está actualmente con un recurso de queja en la Corte Suprema.