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Cinco denuncias en cuatro años de función. Esas son las que acumula Ariel González, juez de paz de Comandante Andresito, una localidad de 22 mil habitantes ubicada a más de 300 kilómetros de Posadas, Misiones. La última de las denuncias, por respaldar la usurpación de la Casa de la Mujer de esa ciudad misionera por parte de un diputado provincial, motivó que ayer un grupo de vecinos marchara para pedir su destitución. Primero fueron al juzgado, después a la municipalidad.

La indignación popular llegó a su punto máximo ayer por la mañana, cuando más de 300 personas marcharon en su contra. Es un hecho histórico, por su magnitud. El viernes anterior, González había intimado a un grupo de mujeres que estaba en la Casa a desalojar el lugar. Ese lugar fue entregado en comodato hace más de 30 años por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional a la ONG Casa de la Mujer. Allí se realizaban diferentes actividades sociales y culturales.

“Se trata de un hecho lamentable en torno de esa vivienda”, dijo Bruno Beck, intendente de Comandante Andresito. “Hace cinco meses la casa fue usurpada por el diputado Ramón Balguenet. La había pedido con la excusa de dar unos cursos a productores y se la quedó. Yo creo que se equivocó, que está mal asesorado”, explicó el funcionario.

Las mujeres de Andresito siempre contaron con la casa como un espacio que cumplía funciones sociales y comunitarias. En especial, tras la crisis de 2001, cuando un enorme horno parrillero ubicado en la parte trasera sirvió para alimentar a quienes peor la pasaban. Construido íntegramente por manos femeninas, el horno era el orgullo de todas las integrantes de la Casa de la Mujer. Fue la destrucción de este horno por parte de Balguenet lo que motivó que esas mujeres decidieran volver a recuperar  la Casa. Se enteraron por un vecino de lo que había pasado y no dudaron. Hacia allí fueron.

Llegaron a las 9 de la mañana. Se encontraron con Balguenet, su mujer, sus dos hijos y otros dos hombres.  “A los 10 minutos de estar ahí, llegó González”, contó Mirta Zubilewicz, secretaria de Acción Social de la municipalidad y vicepresidenta de la Casa de la Mujer. “Llegó con el comisario Salazar y comenzó con su actitud de hostigamiento. Daba órdenes. Prohibió las llamadas, quería secuestrar los celulares. Había hasta un nene con capacidades diferentes que se largó a llorar”, relató, todavía indignada.

El juez las encerró una por una. Las presionó e intentó disuadirlas de su propósito de recuperar la casa. El calvario duró desde las 9.30 de la mañana a las 14.30, cuando un llamado del Tribunal Superior de Justicia logró que cambie su actitud.  “En esa contienda actuó el juez de paz, intimándolas a retirarse, sacándoles los celulares, tomándoles huellas digitales, promoviendo el mal accionar de la policía” afirmó Beck. González, como juez de paz, no tiene competencia en un procedimiento de esta índole. “Actuó arbitrariamente”, agregó Beck.

La denuncia contra González fue radicada en la Justicia de Iguazú, a 70 kilómetros de Andresito, en el juzgado de Juan Pablo Fernández Rizzi. Se sumó a otras que acumula el magistrado. Privación ilegítima de la libertad, prevaricato y la intervención en otros casos sobre los que no tenía competencia son otras de las denuncias que lo tienen como protagonista. Nacido y criado en Andresito, González se mudó en la adolescencia a Buenos Aires adonde se formó académicamente. Infojus Noticias intentó comunicarse en varias ocasiones con González, pero nunca respondió.