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A Manuel Blanco sus amigos le decían “El Negro”. Era el único juez federal penal de La Plata, en los pasillos judiciales se lo conocía como “el juez ambición”. A principios del año pasado, después de la jubilación del juez Arnaldo Corazza, había quedado a cargo de numerosas causas penales, como casos de trata de personas, secuestros extorsivos y crímenes de lesa humanidad. En una de sus últimas intervenciones, además, el magistrado -que además tenía competencia electoral- se había declarado competente para investigar la apropiación del nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, causa que lleva su par porteña María Servini de Cubría.

"En esa causa, habíamos apoyado que el juzgado de Blanco se hiciera cargo de la investigación, porque hay probados elementos para entender que Ignacio Guido pudo haber nacido en La Cacha y le correspondía por competencia. En ese sentido, Blanco tuvo un rol activo en los casos de apropiación de menores en la dictadura. Ahora presionaremos para que se designe un nuevo juez federal", dijo Colleen Torre, abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo Filial La Plata.

Blanco, que murió a los 70 años, estaba a cargo desde 1984 del juzgado federal número 1 de La Plata y a la vez se desempeñaba como juez electoral con competencia en toda la provincia de Buenos Aires. A su vez, tenía en su juzgado el expediente por la desaparición en 2006 de Jorge Julio López, testigo clave en la causa contra Miguel Etchecolatz, de la cual el 18 de este mes se cumplirán 8 años. Consultado por Infojus Noticias, el periodista Wernet Pertot, autor del libro “Los días sin López”, dijo que  “Blanco tomó la causa cuando estaba avanzada. Hubo un año que se pasó la pelota con el fiscal Franco para ver quién se hacía cargo. Después, nunca más tocó el expediente. Su rol fue bastante lamentable”.

Y agregó: “Blanco estaba siendo investigado por múltiples irregularidades. Nunca propició avances, y se comportó de forma sospechosa. Como cuando reemplazó a un secretario del anterior juez que sabía mucho de la causa. Como cuando le dictó el sobreseimiento a una serie de policías, que López había identificado como parte del circuito represivo en Comisaría Quinta.  En esa oportunidad, Blanco no sólo investigó a los policías sino que lo culpó a López por no haber dado más información”. Pertot aclaró que, en La Plata, con el fallecimiento de Blanco no quedan jueces federales en lo penal.  “Es una situación acéfala, que la justicia deberá resolver en lo inmediato”, enfatizó.

Antes de ser juez, Blanco vivió una situación peculiar: estuvo procesado por un secuestro extorsivo. Cuando era abogado, Blanco fue detenido junto con un grupo de personas acusadas de haber participado en un episodio de privación ilegal de la libertad. El ex juez alegó en su defensa que sólo se había limitado a cobrar los honorarios como letrado patrocinante de los acusados del secuestro. Por eso fue absuelto, pero bajo el beneficio de la “duda”.  Pero los jueces que integraron la Cámara de Apelaciones señalaron groseros errores cometidos por el fiscal y del juez de primera instancia, y hasta mencionaron que la conducta de Blanco hubiera merecido un más “prolijo y exhaustivo análisis” para enjuiciarlo como cómplice y no como encubridor.

Desde que asumió como juez en los ‘80,  Blanco estuvo ligado al poder político. En uno de sus fallos más controvertidos, dio aval a lo que se conoció con el nombre de “candidaturas testimoniales" en los comicios de 2009, cuando se presentaron candidatos que jamás asumieron las bancas para las que había sido elegidos por el voto popular. Por otra parte, en un caso inédito, en las elecciones de 2003 permitió que tres candidatos de un mismo partido político  -Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá- se presentaran a elecciones generales, sin pasar por internas. Sus detractores vieron que detrás de su fallo estaba la relación con Eduardo Duhalde, vínculo que mantuvo hasta la actualidad.

Otraso organizaciones de Derechos Humanos no sólo cuestionaron su rol en la causa López. Recordaron que sobreseyó a un responsable de “La noche de los lápices”. Además, citaron otro caso paradigmático. El jefe del ex centro clandestino La Cacha -según los propios sobrevivientes- fue Julio Barroso, de quien se pidió la detención en enero de 2005. Blanco ni siquiera lo citó a declarar. Barroso respondía a Ramón Camps y para las organizaciones de DDHH es símbolo de la impunidad vigente en la capital de la Provincia de Buenos Aires, donde la Justicia apenas se encargó del excapellán Christian Von Wernich y del expolicía Miguel Etchecolaz.  

“Tuvo la causa de La Cacha hace seis años, no hubo un solo procesado; tuvo el centro clandestino de 1 y 60, ni un procesado; por la Comisaría 8ª, ni un procesado; en cuanto a causas paralizadas, el doctor Blanco es un gran ejemplo”, denunció en su momento Nilda Eloy,  representante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.