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Después de que Valentina C. permaneciera los últimos tres meses y 10 días detenida —primero en el hospital Lagomaggiore, luego en una celda del Centro de Detención Judicial de Mendoza y, finalmente, en la casa de sus padres— los jueces de la Cámara de Apelaciones de Mendoza la consideraron inimputable y levantaron la prisión preventiva que pesaba sobre ella. La medida había sido solicitada por la fiscal Claudia Ríos Ortiz, que la investiga como responsable del homicidio “con emoción violenta” de la beba que parió en el baño de su casa.

En Mendoza, el caso causó conmoción. Hija de quien fuera jefe de prensa del ex gobernador de Mendoza Roberto Iglesias y actual director de contenidos en radios locales, desde un primer momento la joven, que estaba terminando de cursar el profesorado de inglés en la Universidad Nacional de Cuyo, explicó a los operadores judiciales que no recordaba lo sucedido. Tampoco que estuviera cursando el último mes de embarazo.

La noche en la que Valentina dio a luz, sus padres la encontraron en la bañadera, manchada de sangre y, a su lado, la bebe, que todavía estaba con vida. Llamaron a la ambulancia, pero como no llegaba las cargaron a ambas en el auto familiar y las llevaron al hospital Lagomaggiore. La chiquita fue derivada al hospital pediátrico Notti, pero poco tiempo después falleció: tenía heridas en la cabeza y el cuello y una fractura de cráneo.

Desde entonces Valentina quedó detenida preventivamente. Primero, la fiscal Ríos Ortiz la imputó por homicidio agravado por el vínculo; pero el informe psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense la hizo cambiar de opinión y cambió la carátula. Afirmó que la joven era “imputable pero que actuó bajo emoción violenta”, explicaron fuentes judiciales.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones mendocina consideraron que está equivocada.  “El estado de afectación mental en el que se encontraba nos hizo considerar que es inimputable”, dijo a Infojus Noticias el juez Luis Correa Llano. En la resolución que firmó con los jueces Ramiro Salinas y Alejandro Miguel entendieron que la joven “habría actuado en una situación de perturbación de la conciencia que está vinculada a la imputabilidad. Concretamente, señala que ella no pudo dirigir sus actos y comprender la acción”.

Los jueces también criticaron la investigación. Afirmaron que la fiscal no colecto pruebas suficientes para dar cuenta de “la forma o el modo en que se produjo la muerte” de la pequeña y que no había tenido en cuenta un informe del Cuerpo Médico Forense, que deja abierta la posibilidad de que “la causa de muerte puede haberse debido a una caída de la menor al momento del parto, que no era asistido”. “Por último corresponde poner de manifiesto–agregó el tribunal– que tampoco se encuentra acreditado con el grado de certeza que requiere esta instancia procesal que la muerte haya ocurrido de la forma que menciona la fiscal y que se mantiene en el auto de prisión preventiva”.

Antes de fin de año, esta Cámara también deberá resolver en el caso de otra joven de 21 años, detenida en el departamento mendocino de Guaymallén, acusada de haber asfixiado y asesinado a golpes a su beba recién nacida y de haberla enterrado en un pozo, en el fondo de su vivienda.