Por una investigación mal hecha liberan a cinco acusados de narcotráfico
Fue por el caso de una avioneta que aterrizó en un campo santafesino cargada de marihuana. Los magistrados de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Consideraron que la investigación había sido irregular.
La droga había sido hallada en una pista de Sanford
A las dos y media de la tarde del 5 de septiembre de 2006 una avioneta aterrizó en un campo de Sandford, a 82 kilómetros al sudoeste de Rosario. Venía de Paraguay, con 300 kilos de marihuana. La Policía Federal y Gendarmería llegaron casi en simultáneo. Los policías tenían una orden de allanamiento firmada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Los gendarmes, una del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. Los cuatro hombres que encontraron “trabajando” –y quedaron detenidos- habían alcanzado a cargar en las camionetas cerca de 300 panes. En la avioneta esperaban los últimos 20. Unas horas después, Hugo Cagliani, dueño del campo donde se hizo el allanamiento, también quedó detenido cuando salía del estudio de su abogado en la localidad santafesina de Casilda.
Las dos fuerzas estaban investigando a la banda, cada una por su lado. A través de escuchas telefónicas se habían enterado del lugar y el momento de la entrega del cargamento de marihuana. Después del allanamiento, el juez correntino y la jueza bonaerense se declararon incompetentes y la causa pasó a la Justicia Federal de Rosario.
En septiembre de 2009 los cuatro hombres y el dueño del campo donde aterrizó la avioneta fueron llevados a juicio oral en el Concejo Municipal de Casilda. El piloto brasileño Joaquín Inacio De Campos, los mecánicos de aeronaves José Antonio y Sergio Daniel Zacnun, el correntino José Leandro Fernandez, -acusado de ser intermediario entre un narco paraguayo y los compradores- y Hugo Cagliani –propietario del campo- fueron condenados como coautores del delito de contrabando agravado de estupefacientes. Los jueces del Tribunal Oral Nº2, Omar Digerónimo, Ricardo Moisés Vázquez y Laura Cosidoy, les concedieron una pena de 10 años, la más alta para este tipo de delito. A los mecánicos, que habían sido excarcelados, les permitieron seguir en libertad hasta que se confirmara el fallo. Los otros tres siguieron detenidos.
La defensa de los acusados apeló la sentencia y el fallo llegó a la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Ana María Figueroa anularon la condena y ordenaron la inmediata libertad de los acusados. En su resolución, los magistrados consideraron que el inicio de las investigaciones no estaba fundamentado. Que el juez de Instrucción había tomado medidas sin justificarlas y delegado acciones en las fuerzas de seguridad. El Tribunal de Casación sostuvo que los jueces federales invocaron “los datos obtenidos ilegítimamente a través de las escuchas telefónicas y labores de investigación que nunca fueron ordenadas".
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