Un hábeas corpus presentado por la Defensoría federal salteña logró que se reubicara provisoriamente a detenidos hasta su traslado a cárceles federales. Las condiciones que tenían eran infrahumanas. No lograron su liberación. La mayoría son mujeres detenidas por ser “mulas”.
La justicia federal salteña desestimó ayer el pedido de libertad de personas hacinadas en celdas provinciales de la ciudad de Salta y las reubicó en una alcaidía del servicio penitenciario federal, que es un lugar de tránsito.
“El sistema salteño está colapsado. Están todas las cárceles llenas. Por eso a los detenidos se los mete en el Centro de Contravenciones y en la guardia de tribunales”, explicó a Infojus Noticias, Benjamín Solá, defensor federal salteño que viene denunciando el hacinamiento desde el año pasado. “La solución es que si el sistema no los puede tener en condiciones dignas, respetuosas de las garantías y los tratados internacionales, los dejen en libertad. Los calabozos son indescriptibles. Ninguna persona puede ni debe estar así. Son verdaderas torturas”.
Solá explicó, en declaraciones a Radio Nacional Salta, que “el año pasado se presentó una acción de habeas corpus pidiendo que en el Centro de Contraventores de la Policía de la provincia y la Guardia Judicial no se alojen más presos federales. Ante esta situación, se presentó el recurso, se dio lugar, se limitó el cupo a ocho personas por celda. Pero ante esa resolución el defensor Pablo Louthier presentó un recurso de casación que dio origen al fallo del 12 de junio que dispone la prohibición de alojar personas en esos lugares. Es decir que en estos momentos no puede quedar nadie alojado en esos lugares paupérrimos”.
A raíz de este fallo, el defensor Dr. Martín Bomba presentó un pedido de libertad para esos detenidos, pero el juez dispuso el traslado a la Unidad 23, “que está en mejores condiciones”, explicó Sola.
En diálogo con Infojus Noticias, Solá adelantó “el día lunes vamos a presentar otro hábeas corpus para que se proceda a la libertad de las personas detenidas en las comisarías de Orán y Tartagal”.
“Es una lucha que estamos dando. La gente que está detenida no tiene voz. Nosotros estamos para hacer valer sus derechos, para que se cumpla la ley y estén en condiciones dignas”, afirmó. Y agregó “el fin de la pena en el sistema argentino es la resocialización. Que la persona comprenda el delito que cometió y paulatinamente se lo reinserte en la sociedad”.