Se jubila un juez del caso Marita Verón: evitaría el juicio político
Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal -que absolvió a los trece imputados en el caso de Marita Verón- había presentado su renuncia en diciembre. Pero la dimisión recorrió un periplo judicial hasta que fue aceptada. Susana Trimarco expresó su descontento.
El juez de Tucumán Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal.
El juez de Tucumán Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal que absolvió a los trece imputados de la desaparición de Marita Verón había presentado su renuncia en diciembre. Pero la dimisión recorrió un periplo judicial hasta que en las últimas horas de ayer el gobernador José Alperovich –después de haberla rechazado- tuvo que aceptarla. La Corte Suprema de la provincia confirmó una sentencia anterior que había declarado nulo el decreto donde el gobernador rechazaba la renuncia del juez. Ahora Herrera Molina, quien sostiene que está enfermo de cáncer, ya puede jubilarse.
“Yo no le creo nada”, dijo a Infojus Noticias la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco. “El hombre se enfermó de golpe, según dice, después del fallo tan vergonzoso que hicieron por mi hija. Yo no sé si estará tan enfermo como dice... ¿Cómo él iba al juicio, muy bien, muy simpático, saludando a todo el mundo? No se lo veía enfermo. Y resulta que después de la sentencia, cuando empezamos a hablar del juicio político, ahí no más empezó a decir que estaba enfermo.”
El juez Herrera Molina presentó su renuncia poco después del polémico fallo. En esa oportunidad no dio a conocer su estado de salud. Fue entonces cuando el gobernador de la provincia rechazó la solicitud. En marzo el juez presentó una acción de amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y recién entonces hizo pública su enfermedad. A finales de marzo el tribunal anuló la medida del Ejecutivo opuesta a la renuncia. Y exigió un pronunciamiento explícito sobre la salud del juez. La gobernación pidió a la Corte Suprema provincial que revisara la decisión. La Corte la ratificó el lunes pasado.
Enterado de la decisión, el magistrado de 70 años dijo que "ahora voy a poder jubilarme, hacer vida tranquila y concentrarme en la curación de mi enfermedad". “Es un sinvergüenza, como los otros dos caraduras de la Cámara”, apuntó Trimarco. “Acá la gente los insulta en la calle. Ellos salen a correr o a caminar y la gente les grita ‘mafiosos, vendidos, cómplices, caradura’, de todo. En Yerbabuena hay una confitería bien paqueta a la que ellos iban, en uno de los barrios más caros. La dueña me dijo un día ‘yo ya no sé cómo hacer para ayudarla, así que puse en la confitería un cartel de ‘persona no grata’ y los puse a los jueces estos, a mi personal le dije que si vienen, que los inviten a retirarse”, relató Susana Trimarco.
Después del fallo por Marita Verón, su madre quiso promover el juicio político contra los tres jueces de la Cámara. Pero la Justicia provincial detuvo el proceso de remoción con una medida cautelar. El caso llegó a la Corte Suprema provincial, que debe revisar la sentencia absolutoria. Un informe del Ministerio Público Fiscal considera que en el juicio oral "se presentaron las pruebas necesarias para ordenar la detención de los acusados" absueltos por la Sala II de la Cámara Penal.
“Yo nunca más arrimé a los Tribunales. Me da asco entrar ahí de la corrupción que hay. En 2011, el juicio ya estaba vendido. Es todo una complicidad política entre estos tres caraduras”, declaró Trimarco. “Ahora está por salir la apelación de la sentencia. Yo, como madre, no me merezco 11 años de lucha de no saber dónde está mi hija.”
En abril otro camarista de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, siguió los pasos de su compañero Herrera Molina e intentó jubilarse. Pero el trámite también fue rechazado por el Ejecutivo. Esa resolución dio lugar a otro juicio y a otro fallo adverso al Gobierno, esta vez en la Sala I de la Cámara Contenciosa. El Ejecutivo presentó un recurso de casación que aún no fue resuelto.
El tercer juez de la Cámara Penal es Eduardo Romero Lascano, que no está en condiciones de jubilarse. Para evitar el juicio político, realizó una presentación cuestionando la conformación del jury. Lo hizo a través a una acción de inconstitucionalidad que remitió directamente a la Corte Suprema de la provincia, donde todavía aguarda una respuesta.
“Es una lucha para mí pelear todos los días de mi vida para que hagan justicia. Ellos reconocen la red de tratantes, pero después tildan de mentirosas a las chicas víctimas. A los militares los condenan porque están los familiares que son los testigos de las cosas que han pasado. En las causas de trata se sientan directamente las víctimas, que les dicen a los acusados “vos me violaste, me hiciste abortar y enterrar el feto, me drogaste y me obligaste a prostituirme”, y lo dicen temblando del miedo, llorando, ¿y no les van a creer? Por eso yo estoy muy de acuerdo con la Presidenta y el ministro Alak sobre que hay que democratizar la Justicia.”