El empresario Juan Ignacio Suris, detenido en una causa por narcotráfico en la ciudad de Bahía Blanca, reconoció ante la Justicia que vendía facturas falsas para evadir al fisco.
Suris, pareja de la vedette Mónica Farro, admitió el hecho en su declaración ante el juez federal de Bahía Blanca, Santiago Martínez, en el marco de un expediente paralelo al de comercialización de estupefacientes.
"El empresario declaró por más de dos horas ante el juez federal quien lleva adelante la investigación por la venta de facturas apócrifas que emitía a través de empresas fantasmas por servicios inexistentes", explicó a la agencia Télam una fuente judicial.
Según la acusación, esas facturas posibilitaban a eventuales compradores bajar el monto de su carga tributaria, entre otras maniobras.
"Ante el juez, reconoció la maniobra que hacía y deslindó de las responsabilidades a las otras personas acusadas", agregó la misma fuente.
En su testimonio Suris nombró a las "empresas Málaga Construcciones, Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar y Autocar" como las que "participaron de las operatorias".
"Afirmó que los movimientos con las empresas eran un ciento por ciento inexistentes y las maniobras, además, tenían movimientos de sobrefacturación", precisó.
Suris se hizo conocido el 27 de noviembre, el mismo día en que debía haber declarado por esta causa. Fue cuando su amigo Leonardo Fariña quedó detenido en Palermo con una camioneta de lujo que tenía pedido de captura y era propiedad de Suris. El empresario bahiense se presentó en Buenos Aires y pidió declarar en otra fecha.
En paralelo avanzó la investigación por narcotráfico y tras ordenarse su captura, Suris fue detenido el 13 de enero en la puerta del edificio donde vive Farro, en el barrio porteño de Belgrano.
La investigación por narcotráfico se inició hace más de un año y medio, y a partir de 2.000 mil horas de escuchas telefónicas y grabaciones de video, se descubrió el accionar de una banda narco en la zona de Bahía Blanca.
Suris negó ser el líder de una organización delictiva, denunció al personal policial que lo investigó y dijo que la Policía le "armó" la causa.
El juez Martínez resolvió el 30 de enero dictar la prisión preventiva de Suris, junto a otras 11 personas, por considerarlo autor del delito de comercialización de estupefacientes previsto en el artículo 5 inciso C de la ley 23.737, figura agravada por la concurrencia organizada de tres o
más personas.
Además de resolver dejarlo preso, el juez ordenó trabarle al empresario un embargo de 12.000.000 de pesos.