Infojus Noticias

Un grupo de legisladores provinciales cordobeses presentó ante la Justicia Penal Juvenil un recurso de “habeas corpus colectivo correctivo”, en favor de los jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran alojados en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, de donde la semana pasada se fugaron siete internos.

La presentación -firmada por los representantes del Frente Cívico Liliana Montero, Marta Juárez y Santiago Clavijo, y el socialista Roberto Birri- reclama que el juez ordene al Poder Ejecutivo encabezado por José Manuel de la Sota que “arbitre las medidas conducentes y ejecute las obras necesarias”, para que cesen las “deplorables condiciones” que “importan un trato degradante e inhumano” a los alrededor de 280 adolescentes alojados en el Complejo Esperanza.

El planteo se sustenta en dos visitas realizadas por la legisladora Montero a la institución, en octubre de 2012 y en febrero pasado, cuando constató la persistencia de estas situaciones: “1) La falta o carencia de una infraestructura adecuada y acorde a la situación de los alojados en ella en la que se advierte un deterioro evidente. 2) El hacinamiento en celdas de reducidas dimensionas, lo que trae aparejado serios inconvenientes de higiene, seguridad, salubridad, comodidad, iluminación y hasta de aireación de las celdas, y que también provoca, inevitablemente, problemas personales de convivencia entre los internos. 3) La insuficiencia de recursos humanos y materiales. 4) Mala alimentación”.



En el registro fotográfico que acompaña el habeas corpus se aprecian los colchones apilados en celdas estrechas; baños sin higienizar, con letrinas y duchas destruidas; cloacas colapsadas y aguas servidas; instalaciones eléctricas precarias e inseguras; ambientes con falta de calefacción y ventilación; grandes manchas de humedad en las paredes y cielorrasos; el abandono de los espacios escolares, de recreación y trabajo, y una carencia extrema de infraestructura e insumos sanitarios. “Todo sigue peor”, es el título del álbum publicado en la página de facebook de Montero con las imágenes de la última visita, días después de que el 12 de febrero otro intento de fuga derivara en un amotinamiento sofocado por el Eter, grupo de elite de la policía cordobesa.

“Ahí constatamos que las deficiencias del 2012 no solamente no se habían corregido, sino que se habían profundizado, a pesar de que mientras tanto habíamos planteado el tema en la Legislatura y pedido la renuncia de Héctor David (Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba) por inoperancia en el ejercicio de su función”, explicó Montero a Infojus Noticias. “Ahora pedimos que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo que ese lugar sea lo que debe ser un centro socioeducativo. El complejo Esperanza se denomina así y está bien, pero en vez de lograr que los pibes puedan salir de ahí con una perspectiva de vida alejada del delito, lo único que aprenden es ‘a hacerlo mejor’, como ellos mismos dicen. Está claro que el sistema no está funcionando y eso es en realidad una cárcel para niños y en pésimas condiciones”, añadió la legisladora.

La arbitrariedad por ley

A mediados de los años 90, el gobernador Ramón Bautista Mestre construyó en la zona carcelaria vecina a la localidad de Bower, 15 kilómetros al sur de Córdoba capital, un conjunto de “macro institutos” que abarca doce hectáreas de terreno y cinco edificios para albergar a menores judicializados. Con la asunción del primer gobierno delasotista en 1998, el complejo fue denominado Esperanza y sus componentes recibieron nombres no menos eufemísticos: institutos Nuevo Sol, Horizontes, Pasos de Vida, San José y San Jorge. Este último aloja a adolescentes de 12 a 16 años, que legalmente no deberían ser privados de su libertad.

A menos de veinte años de su inauguración, el complejo adolece de los mismos males que la cercana cárcel de mayores. Luego del motín de febrero, Gabriel Martín, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) -de la que depende el Complejo Esperanza, admitió ante la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de la Legislatura que “la institución está definitivamente colapsada” por una “sobrepoblación injustificada”. “Técnicamente, hoy tendría que cerrar el Complejo Esperanza”, afirmó.



El informe Mirar tras los muros - Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba, publicado en 2013 por la Comisión Provincial de la Memoria y los observatorios de Derechos Humanos de las universidades nacionales de Córdoba y Río Cuarto, señala que el Complejo Esperanza posee un régimen “muy similar al de las cárceles para adultos”, donde los guardias “se mantienen ajenos a la realidad cotidiana que se desarrolla entre los jóvenes, lo que implica que cuando aparecen situaciones de conflicto generalmente se resuelven entre los mismos pibes con sus propias estrategias de sobrevivencia y de mayor o menor poder al interior del establecimiento, sin que puedan contar efectivamente con adultos responsables de su cuidado que puedan intervenir y mediar”.

Además de constatar las decadentes condiciones de infraestructura, higiene y atención médica, a partir de testimonios el informe sostiene que los jóvenes allí alojados “reciben golpes o insultos y humillaciones por parte del personal pero deciden no denunciarlo públicamente por temor a las represalias, porque los tratan de ‘buchones’. También manifiestan que sienten que nadie los va a escuchar si quieren hablar de estos temas, ni los asesores de niñez ni los jueces”. Asimismo, verificaron que son habituales los castigos “en situación de aislamiento” o con “la privación de asistir a la escuela”, y que los menores son trasladados en “indignas condiciones”, la mayoría de las veces “sujetos con cadenas en un número de alrededor de 15 jóvenes en 7 asientos sin cinturones de seguridad”.
Una de las redactoras de ese informe, la abogada Marycel Segovia, observa que “la violación de los derechos humanos de los pibes está más naturalizada e invisibilizada, porque histórica y socialmente existe una mirada de que los menores son personas incapaces. Esto generó la ley del patronato del menor -que se derogó en 2005-, con la idea del niño pobre como peligro potencial, donde el juez de menores actuaba como un buen padre de familia y entonces no necesitaba de las garantías procesales que se piden para un adulto. Eso deriva en una actitud de desidia y arbitrariedad”.

En este sentido, el informe resalta que el Complejo Esperanza carece de un reglamento interno disciplinario. En plena investigación, dos años atrás la Comisión de la Memoria y los observatorios universitarios enviaron a las autoridades una nota solicitando una explicación al respecto, cuya respuesta acaba de llegar: “Los centros socioeducativos y residencias de la misma finalidad están destinados a la contención y alojamiento de los jóvenes, por tanto no comprenden entre sus modos de funcionamiento la concepción o aplicación de medidas disciplinarias puesto que esto es absolutamente contrario a sus fines”.

La formalidad del texto contrasta con la visceral carta de un adolescente, citada en Mirar tras los muros: “El motivo de mis renglones es para contarles un poco de acá como se vive y como me siento muy mal porq´ estoy enserrado y no tengo vida ahí veces q´ tenes que pelear x q´ si. x ejemplo yo cuando entre no quería prestar la sapatilla x q´ yo savía que me las ivan a robar pero se las tuve que prestar porque sino me ivan a pegar unas puntas (…) en otros sectores te quieren agarrar de mujer quieren q´les laves la ropa y todo es de pecho tenes que pelear si o si pero nosotros grasias a dios estamos vien (…) la piesa es oscura fria y chiquita es orrible vivir aca aca a nadie le importa nada si te tienen q' matar te matan todo para ser mas o aserse respetar es la única manera de q´ te respeten todos a donde vayas”.