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La pasaron a buscar en una camioneta. El conductor atravesó la ciudad y tomó la ruta que une Viedma con el balneario el Cóndor. A la derecha, campos que se pierden en el horizonte; a la izquierda barrios privados a medio hacer, chacras y casas quintas. En el kilómetro 16, doblaron a la izquierda pasaron una tranquera y llegaron a la chacra del juez de la Cámara en lo Criminal de la Sala A, Juan Antonio Bernardi. El conductor de la camioneta era el cuidador del lugar y empleado del magistrado, Julio Antueque. En esa chacra, a la vera del Río Negro, la chica de 17 años, tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero. Así lo detalla la resolución el juez Favio Igoldi donde procesó al ex magistrado y su empleado. 

Bernardi quedó detenido hoy, acusado por los delitos de corrupción de menores y facilitación de la prostitución. Una hora antes, el Consejo de la Magistratura de Río Negro había aprobado el pedido de desafuero en el marco de la causa que investiga el abuso de dos adolescentes: ambas estaban bajo programas del Ministerio de Desarrollo provincial, y una de ellas estaba alojada en un centro que Centro de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia (CAINA).

La resolución del Consejo de la Magistratura se adoptó por mayoría, con los votos favorables de los representantes de los colegios de abogados, de la Legislatura, y del fuero penal. Se abstuvo de votar la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, quien consideró que debía darse traslado previo al imputado para que pudiera ejercer su defensa. “Esta es una situación inédita en los 30 años que llevo en el poder judicial, porque antes no hemos tenido casos con jueces con pedido de prisión preventiva”, afirmó la magistrada en declaraciones a Télam. Y añadió que “es una situación particular respecto de la que se ha venido actuando en tiempo y forma sin ningún tipo de dilación ni privilegio”.

Este mediodía, una hora después que se resolvió el desafuero, el ex magistrado se presentó espontáneamente en la unidad regional uno de Viedma y quedó detenido. El juez a cargo de la causa, Favio Igoldi también ordenó la detención de Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernadi, en donde se habrían producido los actos de corrupción de menores.

La causa

La capital de la provincia de Río Negro con 53 mil habitantes, está conmocionada desde el 18 de marzo pasado, cuando tras el allanamiento ordenado por Igoldi a la chacra de Bernardi, se conoció el funcionamiento de una presunta red de corrupción de menores que involucraría a personas influyentes de la ciudad, entre ellas al juez. Las víctimas son, en principio, dos niñas de entre 13 y 17 años.

Fabián Peralta, un ex operador de promoción familiar del Ministerio de Desarrollo Social rionegrino, fue señalado como el nexo de la organización con las menores. El viernes 20 de marzo, dos días después, Peralta se suicidó en su casa. El juez no llegó a procesarlo. 

En el procesamiento, el juez Igoldi sostuvo que entre agosto de 2014 y febrero de 2015,  Bernardi “habría mantenido en varias oportunidades, no menos de dos, relaciones sexuales con acceso carnal con C. T. de entonces 17 años de edad, a cambio de la entrega de dinero y de otros bienes de valor, todos ellos actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de T. y promover su ejercicio en la prostitución”.

Juan Antonio Bernardi, de jean, camisa a cuadros y campera  impermeable, entró por atrás para evitar a la prensa. Fue directo a su despacho en el primer piso del edificio de Tribunales. Allí, tal vez se sentó en el sillón que ocupó hasta el 18 de marzo, cuando pidió una licencia inmediata y viajó a La Plata. Unos minutos después atravesó el primer piso hasta la sala que se encuentra en el extremo opuesto a la suya para declarar ante Favio Igoldi. Su colega le leyó los cargos, los escuchó tranquilo. Después pidió conocer todas las pruebas en su contra.  Días atrás la defensa había intentado objetar sin éxito el pedido de registros telefónicos y el secuestro de una computadora ordenado por Igoldi. Durante una hora el juez Bernardi negó todo. A la salida habló con la prensa: “Estoy tranquilo. No desde la inocencia sino de saber que soy absolutamente ajeno a estos hechos que me imputan”.

Para pedir la detención del camarista, el juez Igoldi remarcó que Bernardi es un hombre de "poder" y con claras muestras de acceso a todas las instancias judiciales. "Existen suficientes circunstancias que me permiten inferir que de transitar el presente proceso en libertad, los imputados generen un riesgo procesal", señaló en su la resolución.

Otra causa con más involucrados en casos de corrupción de menores

“La causa empezó en septiembre pasado por la denuncia de la madre de una de las víctimas”, explicó Juan Pedro Puntel, el fiscal de la causa. Y aclaró que: “el procesamiento en este caso es por una de las menores, de la que se pudo recabar más pruebas, en el caso de la otra menor se va a seguir investigando.”

Durante los primeros días se rumoreó que también eran investigados hombres reconocidos de la ciudad patagónica. El mismo Ricardo Arroyo, por entonces ministro de Desarrollo Social de la provincia, en una entrevista en Radio Noticias dijo, “no estamos hablando de declaraciones, hay fotos que demuestran que hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios del propio Ministerio de Desarrollo Social involucrados que iban a buscar favores sexuales” y aseguró que por las declaraciones de las menores no se trata de un hecho aislado sino de una metodología.

Arroyo, hoy separado de su cargo, es candidato a legislador provincial por Juntos Somos Río Negro el partido del gobernador  massista Alberto Weretilneck.  El funcionario fue indagado la semana pasada por Igoldi, imputado por "desobediencia judicial", ya que presuntamente demoró en la entrega de los pedidos de informes que la justicia solicitó semanas anteriores, para poder determinar qué tipo de responsabilidades le caben al Estado.

 "Me atrasé dos días en responder un escrito propias del ejercicio de la función. No fue mi intención esquivar a la Justicia",  dijo Arroyo a la prensa al salir de la indagatoria.

En estos días se abrió un segundo expediente que involucría a otras personas que hasta el momento no estaban imputadas en la causa en casos de corrupción de menores. Igoldi dispuso fotocopiar el total de las actuaciones para que el fiscal investigue otros hechos surgidos tanto de los informes policiales y declaraciones testimoniales.

Ahora, la Cámara Criminal deberá decidir si confirma el procesamiento del juez y su empleado y la causa se eleve a juicio.

VL/LC