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Ana Messuti daba clases en la Universidad de Buenos Aires cuando en 1976 se exilió con su familia. En Roma se especializó en filosofía del derecho y se doctoró en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre la obligación de los Estados frente a los crímenes internacionales. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra y hoy está avocada a la querella argentina por las víctimas del franquismo, en la causa que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría.

-¿Por qué cree que España nunca juzgó a los responsables de los numerosos crímenes del franquismo?

-En 76 años no ha sido juzgado ni un solo caso de los centenares de miles de crímenes cometidos. En Alemania, en Francia, en Italia y en Argentina se juzgaron de acuerdo con el derecho internacional. En España son los herederos del franquismo los que detentan el poder por eso cuesta tanto llegar a los juicios.

-¿Cómo empezaron con la causa de ser querellantes?

-Presentamos la querella el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República. Dos familiares de víctimas españolas acudieron a la justicia argentina. Uno fue Darío Rivas, padre de Severino Rivas, alcalde del ayuntamiento Castro de Rei (Lugo), que fue fusilado "por traición a la patria" el 29 de octubre de 1936.  Él ha sido el motor de nuestra querella.

-¿Cómo trabaja esta querella que usted coordina?

- Ya son más de 150 casos de querellas y se van sumando. Al igual que los imputados, van a apareciendo más. Los abogados son Carlos Slepoy y Ana Messuti en Madrid y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano, Héctor Trajtemberg en Argentina.

- ¿Por qué se pensó en una justicia de otro país?

-Lo que se está juzgando en Argentina son crímenes muy graves. Son crímenes internacionales y los juzga la justicia universal, a pesar de que sean verdugos argentinos, víctimas y territorio argentino. Después de tener claro eso, uno comprende que si viene una víctima de este tipo de crimen pero de otro país se le va a aplicar el mismo tipo de justicia. Son tantos unos como otros las víctimas. Es un enfoque distinto si lo comparamos con la justicia ordinaria. La gravedad te da la pauta de la internacionalidad y la internacionalidad te da la justificación de que Argentina esté ocupándose de los crímenes cometidos en España.

- ¿Por qué en la Argentina?

- Sería difícil si no hubiera un fundamento jurídico fuerte. Hay normas internacionales, tratados, pactos. La Argentina tiene acondicionado el sistema jurídico para juzgar crímenes del franquismo. Tiene el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que incorpora todos los tratados de derechos humanos de manera directa a la legislación con rango constitucional. Desde 2009, las organizaciones de derechos humanos pueden ser querellantes. Tiene el antecedente de haber anulado y derogado de pleno derecho las leyes de punto final y obediencia debida. Hay un backround jurídico. Sería una terrible falta jurídica, además improcedente desde todo punto de vista, que Argentina no acogiera a las víctimas españoles.

- En España condenaron al ex militar Adolfo Scilingo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina pero no quieren juzgar a sus propios represores.

- En España nunca ha habido reparación. La propia ley española dice que hay que extraditar a los responsables de casos de lesas humanidad.

- Hasta ahora no lo hizo.

-  Está por empezar a hacerlo. Las últimas novedades son que la Justicia citó a comparecer a los dos torturadores vivos imputados: Billy el Niño y Jesús Muñecas. El juez español Pablo Ruz les quitó el pasaporte y tienen que presentarse en el juzgado cada ocho días. Después la causa tiene que ir a la Audiencia Nacional. Si se resuelve extraditarlos el gobierno se puede oponer. O sea que la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo.

- ¿Usted qué piensa, qué serán extraditados?

- Me gustaría ser lo más optimista posible. Existe la posibilidad de que en la audiencia nacional se esgriman los mismos argumentos que se esgrimieron para desautorizar al juez Baltasar Garzón. Esa posibilidad existe, pero quedan en franco incumplimiento. Todas las veces que digan que no van a incumplir los tratados internacionales. Las recomendaciones del Comité Contra la Tortura del Comité de Desapariciones Forzadas y todas esas convenciones de Naciones Unidas, están abogando para que España se ocupe y los juzgue o bien los extradite y colabore con la justicia argentina.