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Sandra Rodríguez lleva en el pecho un pin con el retrato de su compañero, Carlos Fuentealba, el padre de sus dos hijas -Camila, de 21 años y Ariadna de 17-. En la Universidad del Comahue, en Neuquén, acaba de participar del segundo encuentro regional sobre la democratización de la Justicia, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sentada junto a una mesa ratona, en el primer piso de la sede que alberga el aula magna “Salvador Allende”, conversa con Infojus Noticias sobre el carácter corporativo del Poder Judicial, y la necesidad de romper las barreras que lo separan de la sociedad.  

Tiene un hablar que de por sí es pausado y reflexivo, y se explica en forma didáctica, una de las marcas indelebles de su vocación de maestra. Pero cuando se refiere a su colega y pareja -el docente de química asesinado el  4 de abril de 2007, en una manifestación docente sobre la ruta 22- se detiene  a pensar cada palabra, como si fuera absolutamente consciente del eco que podría causar.

-¿Quién fue el responsable del asesinato de Carlos Fuentealba?

- Fue un fusilamiento. Los docentes se estaban retirando del lugar, y no habían producido ningún corte, pero seis grupos de policía especial realizaron un operativo de “pinzamiento”, como en los tiempos de la dictadura, rodeando a los manifestantes. Allí el policía Darío Poblete disparó directamente una granada lanzagases a la cabeza de Carlos. Poblete es el autor material, pero no actuó por sí sólo. Es un caso de violencia institucional, donde se refleja el vínculo de corrupción y protección corporativa que vincula al poder político y el poder judicial. Dimos por tierra con la teoría de la autoría única, de que Poblete fue un policía loco que mató a una persona. Tenía órdenes directas y expresas del exgobernador Jorge Sobisch. Pero tenemos obstáculos y dilaciones en la investigación de las responsabilidades políticas.

-¿Cómo sigue la investigación en la causa Fuentealba II?

-La causa Fuentealba II tiene que ver con las responsabilidades políticas, y se dan varias irregularidades y dilaciones. Se hace evidente en el llamado a indagatoria al exgobernador Jorge Sobisch, que nunca se terminó de completar. El exgobernador fue quien ordenó a los altos jefes policiales la represión de Arrollito, con la orden de matar de la que se valió, puntualmente, Darío Poblete. Estaba el objetivo de escarmentar, hasta con la muerte. Es muy irregular lo que está pasando en esta causa, porque no hay jueces ni fiscales ni tribunal superior que tenga la voluntad de investigarlos. Con un Poder Judicial que emana injusticia, hay víctimas de primera y de segunda, funcionarios que tienen derechos, y otros presos que no.

-¿Cómo es la situación judicial de Jorge Sobisch?

-Los abogados que me acompañan también llevan otras causas que lo investigan. Una de ellas lo denuncia por intentar imponer tres abogados de su confianza en el Tribunal Superior de Justicia, un hecho de corrupción judicial flagrante, que consta de una cámara oculta clave. Está la causa “Geografías del Sur”, donde se otorgó un crédito millonario para una obra que jamás se hizo, y la causa “Zona Liberada”, en la que se hizo un operativo de represión, también a docentes, en Plaza Huincul. No hubo muertos de milagro, pero sí dejó heridos.

-¿Qué comportamiento tuvieron los jueces y fiscales implicados?
 

-El año pasado el juez Alejandro Cabral se tomó dos meses de vacaciones y esperó hasta que prescribió la causa sobre la represión en Plaza Huincul. Lo mismo sucede cuando el autor material de un homicidio, como Poblete, tiene privilegios para salir de la cárcel y se lo ve caminando por las calles de la ciudad. El Poder Judicial se burla de las víctimas y de toda la sociedad. El fiscal Carlos Alfredo Velasco Copello intentó desprocesar a los 15 policías implicados en la causa Fuentealba II. Se negó a indagar a Sobisch y ya no investiga, se puso en el lugar del victimario en vez del de la víctima. Su trabajo lo estamos haciendo nosotros. Se desvirtúa completamente su rol jurídico como fiscal. La causa va y viene del juez de instrucción a la cámara, llega al tribunal superior, vuelve a bajar, y así se busca dilatar los tiempos para que prescriba.

-¿Cómo cree que se vincula el Poder Judicial con el resto de la sociedad?
 

-Se crea una frontera, un límite entre la sociedad y el Poder Judicial, y esto se pone de manifiesto a través del lenguaje. Yo soy maestra de Lengua. Sé que la lengua es una forma de dominación de un pueblo a otro, de una estructura o un estamento. El lenguaje jurídico debe ser transparente, no puede no ser claro para las víctimas y la sociedad. De esa forma se va a poder transparentar los objetivos y las intenciones que hay a partir del poder jurídico, que tiene sí o sí una representación política. La sociedad, desde las calles, no le habla a la Justicia, le grita que actúe y le exige respuestas.

-En ese contexto, ¿cómo recibe las reformas judiciales impulsadas desde el Poder Ejecutivo?

-El expresidente Néstor Kirchner abrió un camino al impulsar los juicios por los crímenes de lesa humanidad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa profundizándolo. Se está haciendo justicia y luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. A Carlos le hubiera gustado ver condenado y preso a Videla bastante antes de que muriera, pero esa historia demuestra que la Justicia no tiene que tardar tanto. Nosotros no queremos venganza, pedimos Justicia, y ese pareciera ser el camino más duro, cuando debería ser el que más nos habilite a la reparación y la construcción de futuro.

-¿Cómo están hoy sus hijas?
 

- Camila, nuestra hija mayor, está por cumplir 21 años. Transitó un proceso muy largo y difícil porque  se trató de un crimen público que nos expuso y expone mucho. Quedamos desprotegidas, y eso hace muy difícil el duelo, que en nuestro caso ha sido dilatado y transferido. A las víctimas no nos deja de pasar por la cabeza el suicidio. Para reducir los riesgos, es necesaria una reparación social que debe hacer la Justicia. Nosotros no somos figuras públicas por elección, estamos en una situación en la que jamás hubiéramos querido estar. Camila está empezando a salir adelante, con el orgullo de que ha elegido ser profesora de educación física, y eso habla muy bien de cómo ha resuelto y lleva su duelo adelante.

-¿Qué rol cumplen las víctimas en este debate sobre la democratización de la Justicia?
 

-Tenemos que aprovechar estos espacios, debe haber muchísima más participación. Hay que invitar a más gente a contar su historia. Hay que construir confianza, unidad y futuro. Yo apelo a que construyamos unidad, tenemos que unirnos para que se haga efectiva la justicia. Para eso hay que armar una estructura, porque si no, las víctimas se aíslan. Son hechos tan traumáticos que hacen desconfiar de todo el mundo, te hacen no creer en nada ni nadie. Sufrimos mucho la violencia, seguimos sufriendo con la impunidad, y no queremos sufrir más. Es inconcebible que nos maten quienes deberían cuidarnos.