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INFOJUS: ¿En qué estabas trabajando en Colombia antes de venir al programa de defensores de Amnistía Internacional?

LAURA BONILLA: Me desempeñaba como directora del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoiris, una Organización no gubernamental que al momento había publicado una investigación sobre las alianzas entre congresistas, grupos paramilitares y políticos para ganar elecciones y cooptar las instituciones públicas.

P: ¿Por qué estás en el programa de defensores de Amnistía Internacional?

L.B.: A raíz del impacto de la investigación y de la apertura de procesos judiciales contra estos políticos, sectores del paramilitarismo amenazaron de muerte a los investigadores, entre ellos a mí.

P: ¿Cómo valoras la situación de los Derechos Humanos en Colombia?

L.B.: Sigue siendo uno de los países con situaciones delicadas en el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida que es prioridad. Actualmente los homicidios no son tan masivos como en el pasado, pero los hostigamientos han adquirido un carácter mucho más selectivo.

P: ¿Cambió la situación con el 11-S?

L.B.: Cambió mucho a nivel de diseño de las políticas de seguridad y control en el marco de las agendas contra el terror. En América Latina, Colombia ha sido el único país que ha convertido este tipo de lineamientos en fundamentales a la hora de diseñar las líneas en seguridad y defensa, con consecuencias graves no solamente en el respeto a los derechos humanos, sino también en la polarización política del país y en la posibilidad de avanzar en procesos de paz y negociación.

P: ¿Cómo valoras la ley colombiana "Justicia y Paz"?

L.B.: Para mí el fallo más grave no se encuentra en la ley, sino en aquello que la antecedió. El proceso de negociación con los grupos paramilitares no trajo como consecuencia lógica la garantía de no repetición y por lo tanto mientras ella no exista, los intentos de justicia transicional en Colombia son claramente insuficientes. Por otra parte, la ley pretende balancear elementos de garantía de la paz con un nivel mínimo de justicia a cambio de que se cuente la verdad y se repare a las víctimas. Sin embargo al día de hoy no ha sido reparada ninguna víctima y el proceso de verdad se ha visto estancado por la presión política que el ejecutivo (gobierno) está ejerciendo sobre las cortes de justicia. Por otra parte, la ley de justicia y paz fue aprobada por un congreso con un 35% de presencia de políticos involucrados en el paramilitarismo, lo cual deja un halo de ilegitimidad en tanto es imposible ser juez y parte al mismo tiempo.

P: Se oye con frecuencia que las ONGs colombianas son menos críticas con las actividades de la guerrilla que con las de otros grupos que también violan los Derechos Humanos. ¿Consideras que esto es así en parte o totalmente y cuál crees que debería ser la actitud de las ONGs colombianas ante los abusos atribuidos a los grupos guerrilleros?

L.B.: Las ONGs de derechos humanos en Colombia tienen un trabajo fundamental pero complicado. La denuncia de violaciones a los derechos humanos siempre desemboca en que el denunciante sea encasillado en una u otra parte, sobretodo en una sociedad tan polarizada y con un conflicto de tantos años como la colombiana. La mayor parte de organizaciones en Colombia que realizan esta labor denuncian por igual los atentados o las violaciones a los derechos humanos de la guerrilla, el gobierno, los grupos paramilitares o los ejércitos privados. Sin embargo las denuncias de estos hechos no pueden sectorizarse simplemente para tratar de hallar una media y ubicarse en equilibrio político. Son hechos que deben ser denunciados por igual, tal y como sucedieron, independientemente de quien los cometa. Siempre en estos contextos a lo largo del mundo, la manera más fácil de desacreditar el trabajo de defensores de derechos humanos es tratar de vincularlos con una de las partes. No es novedad que el gobierno colombiano lo haga también.

P: ¿Cómo actúan los gobiernos extranjeros en relación a los Derechos Humanos Colombia, y concretamente, el gobierno español?

L.B.: La comunidad internacional a nivel de gobiernos tiene dos fuentes de información en las que se basa su actuación posterior: la oficial en el caso de que sea un estado democrático el que la provea y la de organismos multilaterales, ONGs internacionales y sus filiales en los países de origen. En el caso colombiano el manejo de datos oficiales ha influido mucho en la imagen que muestra Colombia a partir de los indicadores de seguridad, por lo cual la mayor parte de los gobiernos extranjeros han manifestado apoyo a la política de seguridad del presidente Uribe, entre otros el gobierno español. Considero que un examen detallado de datos como los de Homicidios Intencional en Persona Protegida, mostraría que este año la tendencia colombiana vuelve a estar en alza, incluso teniendo en cuenta que estos asesinatos se cuentan en cifras oficiales como delincuencia común. Otro punto que omiten los gobiernos extranjeros es la incoherencia entre la gran ayuda militar a Colombia y el fracaso rotundo de la lucha contra las drogas, en tanto no solamente no ha disminuido la producción de cocaína, sino por el contrario aumenta. El año 2007 tuvo 200.000 hectáreas más de coca sembradas que el 2006 según los censos satelitales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

P: ¿Es suficientemente conocida la situación colombiana en España y  qué papel interpretan los medios de comunicación colombianos y españoles en cuanto al conocimiento y clarificación de las violaciones de los Derechos Humanos en tu país?

L.B.: Considero que la situación de derechos humanos en Colombia no es suficientemente conocida en España, en parte porque el cubrimiento internacional periodístico en países con conflictos complejos no está suficientemente cualificado, lo cual lleva a preferir la reproducción de noticias de agencias que la investigación y el contraste de fuentes. En el caso de los medios de comunicación hay que decir que durante los últimos cuatro años han jugado un papel fundamental en la denuncia de ciertos temas conexos con los derechos humanos y que las organizaciones sociales y de derechos humanos tienen más acceso hoy a información y a canales de visibilidad que la que tenían hace diez o quince años. No obstante el sesgo de las fuentes, la violencia contra la prensa, la censura y la autocensura en Colombia hace que sea particularmente difícil la investigación periodística y la visibilización de violaciones a los derechos humanos. Durante los últimos dos años, incluso los más importantes editores de medios masivos de comunicación han sido estigmatizados como auxiliadores del terrorismo cada vez que ha sido publicada una noticia en la que se afecte al gobierno nacional.

P: ¿De qué formas se puede trabajar en Colombia por la defensa de los Derechos Humanos?

L.B.: Hay varios frentes de trabajo en materia de Derechos Humanos que son igualmente importantes: La denuncia y el trabajo de fortalecimiento de comunidades. Ambos cumplen una función indispensable en el trabajo por la defensa de los derechos humanos, tanto en la creación de conciencia y cultura sobre el respeto a los mismos, como en la lucha contra la impunidad de las múltiples violaciones que ha sufrido el país.

Un tercer y transversal frente al día de hoy debería ser aquel que nos permita volver a poner la paz en las agendas públicas y privadas del país, dado que mientras esto no sea posible resulta muy difícil avanzar efectivamente en cualquier materia humanitaria.

P: Y desde España, ¿qué podemos aportar?

L.B.: El trabajo de muchas de las organizaciones españolas, de sectores ciudadanos y sociales ha sido importante para Colombia, en tanto logra un tipo de presión efectiva que crea al menos un mejor clima de trabajo en nuestro país para la defensa de los derechos humanos. El acompañamiento siempre seguirá siendo necesario y esfuerzos como los de Amnistía Internacional para hacer seguimiento, investigación y denuncia imparcial y a favor de las poblaciones más vulnerables duplican el valor del trabajo.

P: ¿Cómo inciden en Colombia las acciones de las organizaciones de   defensa de los L.B.: Derechos Humanos, y concretamente, las de Amnistía Internacional?

El impacto más fuerte es la protección de los pares locales; es decir, la presencia de organizaciones como Amnistía Internacional disuade muchas veces a los diferentes actores de atacar o violentar los sectores sociales o las organizaciones. Esto conecta con contribuir a hacer más sencillo el trabajo, a visibilizar la situación nacional para lograr una incidencia política más efectiva, y directamente encontrar en muchas partes del mundo apoyo a una situación claramente dramática desde el punto de vista humanitario.

P: ¿Qué te parece el programa de defensores de Amnistía Internacional

L.B.: El programa de defensores de Amnistía es una contribución mucho más directa en tanto protege a personas cuya vida está en riesgo por su trabajo a favor del cumplimiento y respeto de los derechos humano. Creo que es claro que es una contribución fundamental a proteger el derecho primario a la vida y a la integridad física de las personas lo cual no es nada fácil en contextos como el Colombiano, razón de más para decir que el programa no solo ayuda, sino que incide directamente en que las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia sientan que no están solas en su labor.