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¿Qué lo impulsó a formar parte de Justicia Legítima y apoyar esta Reforma?
Estuve decididamente a favor de estas reformas desde el primer momento porque tienen la capacidad de alterar el perfil del Poder Judicial y sus relaciones con la sociedad. Definen cómo se organiza el poder público y judicial, cuáles son sus límites y las relaciones entre las distintas ramas de poder. Es definitivamente una tarea constitucional pero está bien resuelta.

¿Qué postura toma con respecto a las críticas que realizaron dirigentes de la oposición y distintos grupos de magistrados y abogados?
Tengo mi distancia con respecto a reproches que son carentes de rigor. La arquitectura constitucional es clara respecto de la incorporación del Consejo de la Magistratura, desde la reforma constitucional del ‘94. La nominación política puramente partidista de los jueces fue superada en la reforma con instauración de los concursos públicos, tarea del Consejo entre otras de administración y superintendencia. La diferencia sustancial radica en la modificación con la incorporación de representantes legos, sumado a la unción mediante el sufragio universal que expresa la soberanía popular. Hay que combatir el despotismo aristocrático, que la justicia sea solo de los togados.

¿Cuáles son los puntos clave de la reforma del Consejo de la Magistratura?
El Consejo debe recuperar las facultades constitucionales que le fueron conferidas en 1994: ser cabeza de poder y conservar el poder jurisdiccional en la Corte. Hay dos puntos fundamentales: la representación y las tareas de gobierno, a diferencia de las jurisdiccionales. Hace 20 años que está vigente esta Constitución y la Corte incorporó en los hechos funciones de gobierno que son de poder y control político, porque acumuló funciones inmensas de carácter gobernativas. El cambio es importante. No sé si se concretará en la próxima elección, porque dará lugar a un reclamo y acciones de orden judicial. Porque es una de las fases más traumáticas, es el punto nodal.

¿Qué rol tendrá la Corte Suprema frente a esta  revisión judicial?
Una vez más se va a revelar lo que es el carácter endógeno, por algo alguien le atribuye la connotación corporativa, la afirmación de una familia. Es propio desde los sectores de la corporación, tradicionalmente conservadores, que pugnen por el mantenimiento del statu quo y el rechazo a la transformación. Las propuestas van a verse obstruidas.

Hay una campaña para influir el voto de doce diputados que podrían definir la sanción de las leyes, y una convocatoria a una movilización en las puertas del Congreso. ¿Está dentro de las reglas de juego?
¿Quién puede estar en desacuerdo con la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios, con la difusión de las resoluciones que permiten conocer el avance de los procesos judiciales, el ingreso por concurso al Poder Judicial y el Ministerio Público, de una forma más abierta y democrática? Ya se anticipa que habrá dificultad en la aprobación, y luego habrá reclamo judicial. Lo demás es propio de una tensión del año electoral. La manifestación es importante porque refleja la posición de un sector que no acompaña la reforma, pero que no elabora un proyecto alternativo. Luego surgirán amparos con cautelares mediante que tiendan a dilatar el proceso. Habrá que conocer la voz de la Corte, que tendrá la última palabra en estos temas.

El proyecto para regular las medidas cautelares contra el Estado fue muy criticado. ¿Coincide en alguna de esas apreciaciones?
Yo creo que fue corregido, fue saneado con modificaciones que fueron introducidas durante el debate. Para mí es el resultado más perfecto que pudo obtenerse. En términos generales se dice que las cautelares no pueden ser interminables, lo ha dicho la Corte, pero conocemos casos de cautelares que tienen más de diez años, y que favorecen no justamente a los más vulnerables, sino a los sectores más poderosos. La Corte se pronunció de esa forma porque de otra forma se produce una justicia cautelar, porque suspenden el litigio y en simultáneo van generando consecuencias.

Existe el argumento de que la creación de tres Cámaras de Casación afecta a los procesos de los jubilados ¿Tiene sustento o es una falacia?
Es sostenible el argumento, pero eso desde siempre fue evaluado por los autores de los proyectos. Hay que sopesarlo con todo lo positivo que incorpora. Hace rato que está sostenido que la Corte debe reducir la cantidad de sentencias que realiza, y eso hace pensar en una instancia que revise la justicia intrínseca de lo que se resuelve en cada caso. Por supuesto que se suma una instancia, pero de no mediar ella, la Corte incurriría en una negación de justicia. Quizá hay que admitirlo, pero en satisfacción de un reexamen o reevaluación de la decisión, lo cual es saludable porque es tutela judicial efectiva.

El proyecto sobre el ingreso al Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿permitirá romper con la “familia judicial”?
Es un reclamo histórico de la Unión de Empleados, un gremio que hoy rechaza la medida, que pugnó por ese ingreso democrático a través de concursos durante muchísimos años. Es saludable el mecanismo de incorporación a través de un sector que hasta ahora funcionaba con referencias de padrinazgo, que sigue incorporando funcionarios y magistrados mediante facilidades que se brindan aquellos que quieren conservar esa estructura. Supone las consecuencias que hoy están en evidencia, nadie negaría que el funcionamiento actual de la justicia es clasista y sexista, por eso me parece que hay un emplazamiento a trabajar sobre ello.

Se ha dicho que este paquete aún no resuelve muchos de los problemas de la Justicia. ¿Qué otras reformas propone Justicia Legítima? ¿Son instrumentables mediante leyes o es necesario un cambio de funcionamiento en los hechos?
Hay que modificar los Códigos de procedimiento, Civil y Penal, e instrumentar el concepto del jurado, garantía de participación y representación. Hay que reconocer esa discusión de si hay que modificar todo a través de leyes, como muchas veces se enuncia. La ley es una hoja de papel, durante mucho tiempo se pensó que para mejorar la eficacia de la justicia eran necesarias leyes, y que por arte de magia iba a tener resultados, pero se pasa por alto que dan lugar a reclamos que deben resolver los tribunales integrados por seres humanos, formados para operar de determinada manera. Esta reforma viene a modificar esa estructura y eso es saludable: porque la mejor ley, por más preciosa y buena que sea, pasa por la interpretación de este estrato.

¿Cómo será la respuesta de parte del Poder Judicial y los estratos que lo caracterizan?
Va a venir la reacción de los que quieren conservar el lugar de privilegio, de la corporación. Tradicionalmente han defendido por acción, omisión o complicidad, bajo el disfraz de independencia, que lo indolente, lo corrupto es lo característico. Lo que sigue es la puja en donde se va a desenmascarar la situación de la corporación. Es un debate que va a estar judicializado y que veo que es esa condición endogámica la que provocará que sólo los jueces sean los que decidan cuándo y cómo se regulan la actuación de los jueces, de ellos mismos

¿Qué impacto genera el fallo de la Cámara Civil y Comercial en el juicio por la constitucionalidad de la Ley de Medios?
El fallo no está firme, y si se lo impugna, la Corte tendrá la última palabra, no es casual el anclaje de otros poderes o corporaciones en el poder judicial, tenemos sobrados ejemplos: durante mucho tiempo el clero y los militares promovieron designaciones, con juramento a los estatutos de los usurpadores. Eso lo procuran los grupos de economía concentrada e incidencia mediática. Es una prueba cabal de la proyección corporativa que tienen los distintos poderes fácticos dentro del Poder Judicial.