Infojus Noticias

El pasado diciembre encontró al fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, con un abanico de tareas por delante. Antes que terminara el mes, la procuradora general Alejandra Gils Carbó reestructuró el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y consideró que la de Adler era una de las fiscalía preparadas para coordinar tareas investigativas de delitos complejos, como el narcotráfico y la trata de personas.

Lejos de apremiarlo, la designación lo confirmó en sus convicciones. Antes de cumplir 50 de edad y con 30 años de trabajo en la justicia -donde empezó cosiendo expedientes, y firmó sentencias como juez en la provincia de Buenos Aires– confió a Infojus Noticias que desde que asumió el cargo como fiscal federal, en 2006, apuntó a la articulación con otros sectores y a tener una actitud proactiva en la investigación.

Destacado en la persecución del delito de trata de personas (en Mar del Plata se concentran la mayor cantidad de condenas por este delito), Adler integra –junto a autoridades locales, provinciales y organizaciones sociales- la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas que impulsa la construcción de un refugio para las víctimas y la instalación de una Cámara Gesell para tomarles declaración. Y una vez designado coordinador fiscal en la región, solicitó a las fiscalías federales y provinciales y al municipio que intervengan en conjunto durante los procedimientos por infracción de la ordenanza que dispuso el relevamiento de todas las “whiskerías, cabarets y/o bares nocturnos” de la zona; y a los jueces de primera instancia les sugirió que trabajen con el municipio para que las mujeres rescatadas tengan posibilidad de acceder a “una asistencia prolongada” y opciones de “reinserción laboral”.

-¿Cuáles fueron las primeras investigaciones en las que advirtió la necesidad de articular acciones?

- Los primeros delitos complejos que tuve que investigar fueron los de lesa humanidad. Trabajamos con los testimonios de las víctimas, en la búsqueda de archivos, en el estudio de los expedientes judiciales iniciados durante la dictadura y aprendimos mucho del trabajo (anterior) de los organismos de derechos humanos. Nos convertimos en arqueólogos de la reconstrucción de un pasado. Estos delitos situaron al Ministerio Público y al Poder Judicial en situación de saber que las investigaciones se deben y se pueden hacer desde el órgano jurisdiccional y que esto da buenos resultados.

- Otro de los delitos del crimen organizado que investigó es la trata de personas ¿Qué le mostraron estas investigaciones?

- Tuvimos que generar una metodología distinta a las rutinas habituales. Intentamos evitar lo que se llama criminalización secundaria donde se trabaja a partir de lo que la policía trae; buscamos tener el control de la investigación. Hay una inversión en la lógica con que se seleccionan los casos, intentamos ser nosotros quienes generamos el caso. Había una situación escandalosa de prostíbulos abiertos a la vista de todos, lugares donde se violenta a las mujeres y se las despoja de cualquier derecho; esa situación cambió, ya no hay tal ostentación.

- ¿Cuáles son los otros delitos complejos sobre los que debe poner el foco en la región?

- Son fenómenos que mutan mucho. En el narcotráfico, por ejemplo. Este es un tema complejo porque hay muchas cuestiones en juego. Los recursos son limitados, no se pueden ocupar para perseguir y eventualmente castigar a una persona que es un adicto, o un experimentador; deben utilizarse para perseguir a los verdaderos beneficiarios y también los delitos que están asociados (los llamados delitos conexos) como los homicidios graves, el lavado, o el cohecho.

- Esto puede derivar en una superposición de las investigaciones con la Justicia provincial ¿cómo se resuelve?

- En los casos de competencia convergente, la manera eficaz de coordinar es que sea la justicia federal quien decida si es propio del crimen organizado (es decir de competencia federal) o si puede ser abordado por la justicia provincial. Así lo he plantado incluso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, tanto para casos de narcotráfico como de trata de personas u otros donde se plantean estos problemas.

-¿Qué consecuencias tiene la falta de articulación?

- Desde la fiscalía nos tocó intervenir en un caso en el que una persona estacionó una camioneta en doble fila y cuando se acercó un personal policial se fue del lugar a alta velocidad. En el camino fue tirando paquetes compactos por la ventanilla y cuando los incautaron se encontraron con más de cuatro kilos de cocaína de máxima pureza. Durante el escape, esta persona chocó a un patrullero e hirió a otras personas. Lo imputaron por tenencia de drogas, resistencia a la autoridad, y lesiones, pero la investigación siguió en la justicia provincial. Después de un año, el juez se inhibió de entender en la causa porque consideró que era un delito federal. La cantidad de estupefacientes incautados superaba la dosis para el consumo personal (que es lo que establece la ley para distinguir la competencia federal de la local) y la causa tuvo que comenzar de nuevo en la justicia federal, de cero.

En casos de trata ocurre con frecuencia que hay disputas porque nadie quiere agarrar una causa: lo que se llama un conflicto de competencia negativo. En estos casos lo que tiene que haber es una coordinación entre los ministerios públicos federales y provinciales.

- ¿Cómo evalúa el rol de las Fuerzas de Seguridad durante la investigación? ¿Es necesario replantearlo?

- Hay situaciones en las que necesariamente la policía va a seguir estando, porque son los que están en la calle (si observan un homicidio, o un robo deben intervenir). En otras investigaciones deberían intervenir organismos especializados con conducción judicial o del ministerio público. Por ahora no ocurre. Muchas veces, en casos de fraudes complejos o para las pericias contables dependemos de los gabinetes científicos de la policía federal, por ejemplo, o tenemos que recurrir a contadores que no pertenecen al ministerio público. O las pericias sobre estupefacientes también que encargarlas a la policía federal, y son ellos quienes marcan la prioridad. Eso debería ser algo que maneje el ministerio público.

- ¿Qué aspectos es posible coordinar con los poderes Ejecutivos u organizaciones sociales?

- El coordinador también es responsable de articular los mecanismos de prevención y para la asistencia a las víctimas. De lo contrario estaríamos siendo reproductores de un sistema de casos. Este año cumplo 30 años en la justicia y he pasado por varios cargos y creo que el Ministerio Público está obligado a cumplir el rol constitucional que tiene a partir de la reforma del año 1994. Esto va a generar una  lógica expectativa de una Justicia de mejor calidad.

- La coordinación aparece como una herramienta fundamental ¿alcanza?

- Además es necesario pensar una reforma integral del sistema penal. Hay situaciones que son disfuncionales y sistemáticas. Tenemos un Código Procesal donde el mismo juez es el encargado de investigar. En las provincias y prácticamente en toda Latinoamérica (salvo Argentina y Uruguay) la investigación recae en manos del Ministerio Público. Si cambiamos esto, estamos hablando de un salto de calidad institucional. También hay que revisar el Código Penal, no podemos seguir teniendo uno en el que no se sabe qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Eso no favorece la calidad de justicia. Pero la coordinación es una herramienta fundamental, es positivo trabajar de este modo porque nos va a permitir conocer experiencia de otros fiscales, y tomar las ideas positivas de esas jurisdicciones. Y también va a generar un verdadero federalismo, vamos a conocer a los operadores judiciales en todo el país. Yo por lo menos tengo esta expectativa.