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En tierras pampeanas hay cuatro jefes comunales vinculados a causas sobre trata sexual. Detrás de ellos está una mujer: la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre. La semana pasada firmó el llamado a indagatoria que le faltaba: David “Sapito” Bravo, el intendente de Colonia 25 de Mayo. Infojus Noticias habló con ella sobre los cuatro expedientes paradigmáticos que cayeron en su sede judicial.

Las causas están ahí hace más de tres años. Recién ahora tienen avances firmes. Antes de Silvestre los magistrados que las llevaron habían sido todos varones. El despacho de Iara Silvestre es bien clásico. Los muebles son antiguos y la decoración también. Sin embargo, no retacea belleza. “Es lindo pero un poco viejo”, dice ella con una sonrisa. Entre bibliotecas macizas y retratos familiares, lo más moderno es un televisor LCD que Silvestre prendió solo para ver la cobertura mediática de otro caso: en Mendoza la policía detuvo a dos personas acusadas de integrar una red de narcotraficantes con vínculos entre la provincia cuyana y la pampeana. La jueza estuvo al frente de esta investigación.

Son las dos de la tarde, en una hora estará escurriéndose en la cama de su hija. En La Pampa la siesta es sagrada, la magistrada no escapa de ese ritual. Llegó a este puesto el año pasado después haber sido secretaria penal de un histórico en la familia judicial pampeana: el juez Pedro Vicente Zabala, que murió en octubre del 2013 a los 67 años. Zabala se había tomado licencia por enfermedad. Primero lo había reemplazado Marcelo Piazza y, después, José Charlín, titular del Juzgado de General Pico. De todos ellos Silvestre fue secretaria penal. Charlín duró poco porque fue denunciado por ella, entre otros funcionarios judiciales, por maltratos, amenazas con arma de fuego y acoso.

El magistrado ahora está procesado por abuso sexual simple en situación de violencia de género. Con su salida entró Silvestre, una de sus víctimas. Ella cuenta que le pedía a sus compañeros que no la dejaran sola con el juez.
Desde que Silvestre subroga en el Juzgado Federal de Santa Rosa, las causas contra los intendentes empezaron a moverse después de tres años de demoras. A mediados de 2013 los fiscales Juan Baric, a cargo de la Fiscalía Federal de primera instancia de La Pampa, y Marcelo Colombo titular de la Procuraduría de Trata de Personas (Protex) hicieron una presentación en la que denunciaron que Piazza se negaba a tomar declaraciones al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y a un subcomisario. El argumento del juez era que estaba subrogando y no sabía hasta cuando iba a estar en su cargo. Los fiscales fueron contundentes. Dijeron que la excusa era “inverosímil” e “improcedente”.

En mayo Silvestre terminó con las idas y vueltas cuando firmó el primer procesamiento contra los jefes comunales. Empezó por Rogers. Al resto los escuchó en el marco de citaciones a indagatoria. Está por resolver sus situaciones, con excepción de la ex intendenta de General Acha, Elena García, que Silvestre sobreseyó.

-Las causas estaban frenadas, cuando llegaste se destrabaron ¿Tiene que ver con una cuestión de género?

-Hay una sensibilidad especial cuando se trata de una mujer la que tiene este tipo de casos. Pero yo estoy actuando como creo que corresponde. En la época en la que Zabala era juez nos tocó llevar adelante el primer proceso por trata en La Pampa. Yo era su secretaria penal. Cuando tomaba nota de la declaración del imputado me corría un frío por la espalda. "Para mí, es un negocio como el que hacía antes, de comprar y vender vacas”, decía. Las cosas que contaba eran intolerables para una mujer. Quizás para un hombre el impacto es distinto. Después lo condenaron.
Tenés cuatro causas paradigmáticas en la provincia. Alguno de los intendentes, como David Bravo, tienen padrinos a jefes políticos históricos. En el pueblo dicen de él que es un hombre “complicado”.

-¿Te amenazaron o tuviste miedo?

-Para mi los cuatro-tres hombres y una mujer-son como cualquier imputado. A mi no me importa si son intendentes o no, el cargo que tienen o ocuparon, voy a resolver según las situaciones de cada uno. No tengo miedo por eso. Tampoco recibí amenazas ni nada de ninguno. Pero para mí son un imputado más.

-¿Qué cambió tras el cierre de los prostíbulos?

-Había una naturalización del funcionamiento de estos lugares como si fuera un trabajo lícito. Los funcionarios sabían lo que habilitaban porque las mujeres estaban inscriptas como alternadores. Decían que servían copas y charlaban con los clientes. ¿Pero para qué les pedían libretas sanitarias con exámenes ginecológicos si sólo hacían eso?

-¿Qué lugar tuvo La Pampa en las rutas de la trata a nivel nacional?

-Es un lugar de paso obligado para Neuquén y en el sur está el petróleo. La mano de obra masculina y el negocio del petróleo son dos variables necesarias para la existencia de estos lugares. También hay muchos camioneros. Creo que esos son las características principales.

-Los prostíbulos se cerraron, ¿no existe más la explotación sexual en La Pampa?

-Tenemos dos causas cuyas investigaciones están en curso. Antes los cabarets estaban a la vista de todos, a la entrada de los pueblos. Ahora tenemos que desplegar más medidas de prueba, mandar a hacer tareas de inteligencia. Es más complicado pero seguimos investigando.

-¿Hay un sistema prostibulario argentino?

-Hay lazos entre las provincias. Algunas de las víctimas eran de las provincias, otras de los propios pueblos. Pero esa conexión aparece con los expedientes. De hecho, el caso de Lonquimay, del prostíbulo “Good Night”, sale a la luz por una denuncia de una chica de Santiago del Estero. En las declaraciones que se tomaron en esa misma causa figura el nombre de Fernanda Aguirre, una testigo cuenta que un camionero fue a denunciar a la comisaria del pueblo que habían visto a la chica de Entre Ríos en 2007. Por esa declaración se dispuso el secuestro de la exposición que supuestamente estaba en el bibliorato de la Comisaría de Lonquimay y no se encontró nada relacionado a la joven. Pero su nombre aparece en esta causa.

-¿En qué situación están cada uno de los expedientes?

-El más avanzado es el del actual intendente de Lonquimay, Luis Rogers. Lo procesé sin prisión preventiva por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por ser funcionario público y por ser cometido por tres personas en perjuicio de más de tres víctimas. En esa causa están procesados el comisario local y uno de los explotadores. Rogers fue partícipe necesario porque a pesar de conocer lo que se hacía en el lugar no arbitró. En el caso de la ex intendenta de Acha, Elena García, la sobreseí y el fiscal apeló. Así que ahora tiene que resolver la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En cuanto a Jorge Cabak, de Macachín, ya le tomé indagatoria y ahora pidió una ampliación de la que vamos a hacer lugar. Y después está el caso de David Bravo que firmé el llamado a indagatoria para 12 personas entre funcionarios municipales, policías y los explotadores. Entre septiembre y octubre los voy a escuchar.