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Chaqueña, recibida a los 24 años en la Universidad Católica de Santiago del Estero, Indiana Garzón se desempeñó desde joven la Justicia santiagueña. Después de su participación en el encuentro federal sobre democratización de la Justicia y entre paneles y corridas, Garzón conversó  con Infojus Noticias sobre su anhelo de reformar la Justicia.          

Garzón ingresó al Ministerio Público Fiscal hace más de veinte años, y desde entonces hizo malabares para continuar sus tareas de investigación en el INECIP y llevar adelante su trabajo en la Fiscalía, la que define como un “cargo de conciencia diario”. Ejerció como fiscal subrogante y tomó los primeros testimonios por delitos de lesa humanidad en la provincia. Fue vocal del Tribunal Superior de Justicia durante la intervención de Santiago del Estero y trabajó en la reforma del Código Procesal Penal que hoy se implementa allí. Por su impecable trayectoria, asociaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apoyaron su postulación al cargo de fiscal Federal.

- ¿Cuándo ingresaste en la función judicial?

- Entré en el Ministerio Público hace mucho tiempo, en una fiscalía federal, antes de la reforma de la Constitución. Antes fui ayudante docente de Ángela Ledesma, quien me generó la vocación por el derecho procesal. Ejercí la profesión de abogada, pero en realidad me interesaba más el estudio, la academia, y cuando me ofrecieron ingresar al Ministerio Público, valoré la posibilidad de tener un tiempo para dedicarme a la investigación y a la academia. Y cuando entrás a trabajar de este lado del mostrador, te das cuenta de las enormes inequidades que hay. También concursé para el cargo de fiscal federal en el año 2009.

- ¿Ejerciste cómo fiscal?

- Cuando se jubiló el fiscal titular con el que yo trabajaba, me tocó ser fiscal subrogante. Fue la única vez y fue por poco tiempo, porque después quedé embarazada. En esos meses, me tocaron cosas de enorme peso. Tuve que formular un requerimiento de instrucción en contra de la gobernadora de la provincia, que era en ese momento Nina Juárez, por un caso de defraudación a la ANSES. Lo firmé, lo investigué, formulé y la Cámara empezó el trámite de desafuero. Y me tocó, con mucha satisfacción y con un gran dolor también, tomar los primeros testimonios que se hacían en la provincia en el ámbito judicial a las víctimas de los delitos de lesa humanidad. La primera denuncia la hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estaba a cargo de Eduardo Luis Duhalde. Fue muy duro. Las víctimas declaraban por primera vez en el contexto de una causa. No era una declaración judicial más, era una revisión de vida, una catarsis. Era un llanto conjunto. Yo hacía el esfuerzo, porque un fiscal no puede llorar, pero me acuerdo que fue muy duro.

 - ¿Y después?

- A los pocos meses, la provincia fue intervenida. Fue a fines de marzo de 2004, yo estaba de licencia por maternidad. Me llamaron para ofrecerme un cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Después de estas dos actuaciones, como fiscal y como vocal del Superior Tribunal, nunca más me designaron subrogante. Le dije a mi marido: “bueno, me frizaron”. El cargo que he concursado ahora está vacante desde 2008, y sin embargo, nunca me designaron. Por supuesto que yo no me achico y doy pelea, pero creo que también mi condición de mujer impide que yo ocupe otros cargos. No hay que ser ingenuas.

- ¿Qué desafíos plantea la función judicial?     

- Es un cargo de conciencia diaria. Te diría que si sos católica, terminás tu horario de trabajo y te tenés que ir a confesar. Porque lo que nosotros hacemos es una ficción de justicia, no hacemos justicia, ni siquiera mínimamente. Trabajamos y ganamos muy buenos sueldos, pero toda nuestra jornada de trabajo es una verdadera ficción, por eso digo que te tenés que confesar. Ficción, además, que se hace con el dolor y con el sufrimiento de la gente. Por ejemplo, en la fiscalía federal donde trabajo, un 90 por ciento son delitos vinculados a los estupefacientes y sólo un 20 por ciento están vinculados al tráfico, o sea, delitos graves. Todo lo demás, son delitos de tenencia o de consumo, la mayoría de gente de una clase social muy baja. Le solucionamos la causa con una “probation”, pero es una verdadera ficción y mentira porque no hay tratamiento, ni control, ni seguimiento. El sistema no tiene respuesta para darles más que la pena

- ¿Y tu trabajo de investigación?

- Como no puedo con mi cargo de conciencia para cambiar la Justicia, trabajo en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que tiene pasión por la reforma de los sistemas judiciales. En la provincia teníamos el Código de Córdoba, un inquisitivo mixto, con juicio oral desde el año ‘49, pero con una instrucción absolutamente inquisitiva. Desde el INECIP hicimos un proyecto de Código que se concretó recién en el  2009 y tengo el orgullo de decir que hemos trasladado del sistema inquisitivo al acusatorio en las jurisdicciones de Frias y La Banda, y ahora lo estamos por lanzar en Añatuya. Los jueces, además, ya no toman sus decisiones secretamente, sino que lo tiene que tomar en una audiencia y a la vista y control de todos.

El reclamo a la justicia santiagueña: el problema de la tierra

- Es un tema muy serio. Como los Derechos Humanos, son problemas que dejan huellas de dolor en la gente porque no se las escucha. La justicia es experta en invisibilizar. La Justicia llega a esta gente con toda una estructura armada. Les exigimos, entre tantas formalidades, que tengan un plano de prescripción, que tenga posesión, y que tengan posesión de determinada manera. La  gente del interior y de los pueblos ancestrales no tiene recursos, y tampoco entienden por qué le pedimos todo esto si ellos vivieron históricamente ahí. Imponemos requisitos y formas en un lenguaje que es el de la Justicia, pero que no es el lenguaje de los judiciables.

- ¿Tuviste oportunidad de trabajar en el tema?

- Cuando estuvimos en el Superior Tribunal de Justicia, el problema de la tierra y los campesinos era muy difícil. Estaban soportando desalojos y despojos en manos de los nuevos dueños dominiales, y en muchos casos con enorme violencia. La vía que usaban estos actores eran medidas cautelares libradas por jueces penales. El conflicto se tenía que debatir en el ámbito civil, porque es un problema de posesión y de dominio, no entendíamos por qué jueces penales libraban órdenes de desalojo. Lo primero que hicimos fue crear un registro de aspirantes a la tierra, para visibilizar. Creo que fue novedoso en el NOA. Ahora el Ejecutivo provincial ha generado ámbitos de diálogo, que también contribuyen para analizar cada problemática.

A democratizar

- ¿Qué pensás de los encuentros federales sobre la reforma?

- Creo que el debate es absolutamente auspicioso. Cuando uno empieza un proceso de cambio, lo primero que tiene que saber es que no es algo lineal ni de un día para el otro. Llevan mucho tiempo porque, aparte de cambiar la ley o las leyes, hay que cambiar las prácticas. La democracia puede haber llegado a otras manifestaciones, pero creo que en la Justicia nos falta mucho todavía.

- ¿Qué proyecto te interesa más?

- Creo que la reforma del Consejo de la Magistratura es central. No sé si estoy de acuerdo en todas su partes, pero sí me encanta la idea de abrir el camino a la participación popular para la designación de los consejeros jueces. Es un desafío. Me gustaría imaginar también algún mecanismo de federalización, es decir, que en este número tan grande de integrantes estemos presentes las regiones federales del país. Hay que reformar y discutir, pero que este Consejo de la Magistratura no funciona ni para designar ni para acusar, es una realidad y hay que cambiarla. Lo otro que me ilusiona es el acceso igualitario para todos al Poder Judicial, creo que va a ser una enorme posibilidad de renovar culturalmente al Poder Judicial. Así como están estos proyectos, yo anhelo y trabajo porque se mande la ley de juicio por jurados, y también quiero la reforma del código procesal federal. Esos son los sueños.