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La dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay fue la más larga de la región, Entre 1954 y 1989, Argentina vio pasar las autodenominadas Revolución Libertadora (1955-1958), la Revolución Argentina (1966-1973) y el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En esos 35 años de stronismo hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo 500 personas detenidas y desaparecidas. Una de ellas fue Marcelo Rolón, quien militaba junto con su esposa en la Juventud Agraria. Vivían con Yudith, su beba de meses, en el departamento de Misiones, al sur del país. El 4 de abril de 1976, cuando regresaba de un viaje a la Argentina -había mantenido contacto con el ERP- fue secuestrado. Nunca más se supo de él.

Yudith Rolón tenía 8 meses cuando estuvo detenida junto a su padre y el resto de su familia. Hoy es la directora general de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay. Antes integró la Comisión de Verdad y Justicia que redactó el informe Anive Haguá Oiko (“Para que no vuelva a ocurrir”, en guaraní) denunciando las violaciones a los derechos humanos de la dictadura stronista. Esta semana sus actividades la trajeron a la Argentina. Estuvo en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) visibilizando las irregularidades de la Masacre de Curuguaty, el episodio que dejó 17 muertos en junio de 2012 y produjo la salida del presidente Fernando Lugo. “Nos interesa que lo conozca la comunidad internacional, conseguir ayuda humanitaria y generar presión para que esto se agilice y se esclarezca” dijo Yudith en diálogo con Infojus Noticias.

-¿Cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos en Paraguay?

-Paraguay tuvo la dictadura más larga y silenciosa de América Latina. Según el informe de la comisión, hubo 12.000 víctimas directas de violaciones a los derechos humanos: detenciones, secuestros y torturas. Tenemos 500 personas detenidas y ejecutadas, 130 de las cuales fueron desaparecidas en la Argentina en el marco del operativo Cóndor durante la década del ’70. La dictadura dejó 128.000 víctimas indirectas, que en una población menor a 2 millones de habitantes da una idea de la magnitud. Hubo cientos de exiliados políticos, detenciones arbitrarias por tiempo indefinido y sin juicio como la de Ananías Maidana, que estuvo preso durante 24 años por ser comunista. También hubo represión a comunidades y pueblos indígenas, a sus niños y sus mujeres, como el caso de Costa Rosado (en 1980, un grupo de campesinos armados pidió ser llevado en ómnibus hasta Caaguazú. Stroessner ordenó cazar a “los guerrilleros” con tropas militares y civiles. 10 campesinos desaparecieron).

-¿Se juzgaron estas violaciones?

-Después de 1989, antes de crear la Comisión de Familiares Detenidos y Desaparecidos de la que mi madre fue vicepresidenta, hubo un proceso de búsqueda de verdad, recuperación de sitios e indemnización a víctimas. Pero combatir la impunidad deteniendo a represores es algo que no sucedió mucho: no pasan de cinco los casos enjuiciados. Hoy en día muchas víctimas conviven con sus represores, lo que motivó la presentación de una querella desde el ámbito de la justicia universal con el juez Oyarbide, algo similar a lo que se hace con el franquismo. El juez remitió un exhorto para que informe sobre la situación de cumplimiento o investigación de estos hechos, y entendemos que Paraguay está por responderlo.

-Habla de “dictadura cívico-militar”,igual que en Argentina. ¿Cómo funcionó esa complicidad en Paraguay?

-Nosotros hablamos de una “unidad granítica” al interior del Partido Colorado (al que pertenecía Stroessner), que son el partido, las fuerzas militares y policiales, y la presidencia. A eso se suman los militantes del Partido Colorado que actuaban como informantes, o directamente como caudillos paramilitares. A su vez, la dictadura se sostuvo por la cooptación de diferentes espacios de la sociedad civil: sindicatos, partidos políticos, sectores de la Iglesia. Eso hizo que se sostuviera 35 años.

-¿Cuál fue la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense en Paraguay?

-Cuando se instaló la comisión en el 2004, lo primero que hicimos fue contactar a la Embajada Argentina para tener asesoramiento y armar un equipo nacional de búsqueda. Fueron a Paraguay vimos que era un proceso de trabajo no tan rápido como pensábamos: no era empezar a buscar y palear. Nos recomendaron hacer una base de datos de detenidos,  desaparecidos y denuncias, y trabajar en un Banco de Datos Genético. También nos sugirieron empezar a localizar los sitios donde podrían estar los restos. Por último vendría la judicialización. Todo eso con la cobertura judicial para que pudiera funcionar y servir de anticipo de prueba. El aporte del Equipo ha sido fundamental en Paraguay: hay 27 restos en proceso de identificación. Estamos varados en el Banco de Datos Genéticos porque necesitamos una muestra de población aleatoria, pero ya estamos conversando eso con el Ministerio de Salud.

-¿Cuál es la situación hoy en política de derechos humanos?

-El gobierno de [Horacio] Cartes ha reanudado, después de mucha presión, el pago de indemnizaciones: el anterior gobierno de Federico Franco lo había cancelado al presentar una acción de inconstitucionalidad para que no se les pagara más a las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos ya no son sistemáticas, aunque siempre estuvieron ligadas a la ejecución o muerte de campesinos en la lucha por la tierra. En los últimos 5 o 10 años ha avanzado la criminalización a sectores sociales. En este gobierno observamos un retroceso porque muchos sindicados en el informe final como violadores a los derechos humanos, están ocupando cargos importantes gubernamentales. El gobierno tuvo la intención de designar al nieto de Stroessner como embajador ante la ONU, produjo un rechazo tal que debió retirar su candidatura. Además, la modificación de la ley de seguridad interna del año pasado da amplias funciones al presidente para determinar el estado de excepción y la salida de militares a la calle.

-¿Esto tiene relación con la aparición de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo en 2010?

-Hay muchas lagunas sobre eso, creemos que es un grupo político delincuencial ligado al narcotráfico, y no necesariamente un grupo ideológico. Por tiempos desaparece y cuando se tiene que justificar alguna acción vuelve a aparecer. También hay bandas paramilitares contratadas por las empresas sojeras: de ahí vienen las ejecuciones a campesinos. Estamos preocupados por lo sucedido en Curuguaty, que derivó en la salida del presidente Lugo por intermedio del juicio político parlamentario. Fallecieron 17 personas, entre policías y líderes campesinos que ocuparon esa propiedad.

-¿Cómo está hoy el conflicto?

En este momento hay cinco huelguistas detenidos por el caso, hace 30 días están en huelga de hambre. Nos preocupa porque son víctimas de la ocupación de tierra y muchos de ellos tienen familiares muertos en el episodio. Deben ir a juicio oral pero no hay juez de garantías designado ni se ha integrado el tribunal. Lo que ellos plantean es que se determine si las tierras son del estado privadas, no tienen título. En el informe de 2008 se decía que se habían otorgado de forma irregular a personeros de la dictadura. Piden también el esclarecimiento de lo que pasó, la matanza de líderes campesinos. Sostienen su inocencia y piden su libertad. Buscamos la implementación de las recomendaciones de la comisión, que haya verdad y justicia y que los hechos de la dictadura no se vuelvan a repetir. Aquí vemos cómo hay personas que son víctimas de un sistema de desigualdad social, por un lado, que han pasado por la muerte de sus familiares en la lucha por la tierra, y además son víctimas del sistema judicial hasta hoy.

-¿Qué relación hay entre narcotráfico y violaciones a los derechos humanos?

-Nosotros pensamos que gran parte de las violaciones a los derechos humanos vienen de sectores políticos ligados al narcotráfico. Obviamente tienen sus rutas y sus propiedades como en Antebi Cue (son 226.000 hectáreas expropiadas en 1996 a la familia Antebi para reforma agraria. Sin embargo, esta reforma no se hizo y hay denuncias de explotación de esas tierras por empresarios brasileños con la connivencia del gobierno, que además paga millones de dólares como indemnización). Se dice que ciertas tierras no son aptas para una reforma agraria pero en ellas se produce marihuana. Para nosotros es clara la vinculación en todos los ámbitos. Incluso hay reservas forestales indígenas donde hay cultivo de marihuana y, cuando quieren acceder líderes campesinos o indígenas, viene la represión, no sólo del estado sino de los parapoliciales.